La Junta de Andalucía ha intensificado su lucha contra las construcciones ilegales en suelo rústico. Desde 2023 hasta comienzos de 2025, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha precintado un total de 1.162 edificaciones levantadas en terrenos no urbanizables. Solo en lo que va de 2025, ya se han producido 298 nuevos precintos, sin contar los casos de reprecinto, es decir, aquellos en los que los propietarios han reincidido en la ilegalidad.
Según el propio organismo, "el fenómeno parcelario comporta procesos cada vez más rápidos que exigen una vigilancia continua y la presencia en el territorio de personal funcionario de la inspección". Para hacer frente a esta problemática, la Junta adelanta cambios normativos con el objetivo de reforzar la inspección, en sintonía con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista). El plan pasa por incrementar la presencia de inspectores y habilitar un nuevo cuerpo de subinspección, encargado de garantizar la eficacia de las actuaciones inspectoras.
Una nueva figura para controlar las ilegalidades
La Consejería quiere que estos profesionales tengan la condición de agentes de la autoridad, con protección jurídica y medios adecuados en situaciones de peligrosidad. Esta medida responde a la “voluntad” del Gobierno de la Junta de Andalucía, que en 2019 solicitó actualizar las normas para lograr un territorio sostenible y equilibrado.
La creación de esta figura supondrá una mayor presencia en el territorio, lo que implicará más control sobre las ilegalidades urbanísticas, pero también exige modificar el Reglamento vigente desde 2006 para integrar este nuevo cuerpo en la estructura de inspección. Porque, desde entonces, la realidad económica, social y, sobre todo, la forma de ocupar ilegalmente el territorio ha cambiado de forma notable, lo que según el documento “exige una adaptación de la estructura, organización y funciones de la Inspección”.
En el texto publicado y consultado por Europa Press, se advierte de la necesidad de reforzar la inspección y seguimiento de los actos y usos del suelo, con especial atención a los asentamientos urbanísticos ilegales, que representan una de las infracciones con mayor impacto negativo sobre la sostenibilidad del territorio andaluz. El motivo: afectan a la seguridad de personas y bienes, deterioran el medio ambiente y suponen un impacto social y económico significativo.
El nuevo reglamento incluye 57 artículos repartidos en cuatro capítulos, además de disposiciones transitorias y finales. Detalla que el acceso al cuerpo de subinspección será por oposición libre, con una clasificación comprendida entre los niveles 22 y 26 del funcionariado. La futura Ley de Vivienda, aun en tramitación, contempla igualmente la incorporación de estos subinspectores para reforzar la inspección en materia residencial.
Sus funciones abarcarán visitas técnicas, uso de medios digitales para detectar infracciones, propuesta de multas, asesoramiento a colegios profesionales, así como tareas de concienciación, divulgación y apoyo técnico. Una apuesta, según la Junta, para frenar la expansión ilegal y proteger el territorio andaluz.