Hasta tres organizaciones de consumidores —OCU, Facua y Asescon— han reconocido a lavozdelsur.es que el Gobierno no les ha consultado sobre el paquete normativo de las hipotecas, que ha sido negociado por el Ministerio de Economía con las patronales bancarias —AEB, CECA y UNACC— y el Banco de España.
Si bien las tres organizaciones esperarán a conocer el texto definitivo que salga del Consejo para pronunciarse de una forma más completa han adelantado que no se ha contado con ellas a la hora de negociar el contenido y alcance del acuerdo, cuyo objetivo, según el Gobierno, es aliviar la situación financiera de las familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por la subida de los tipos de interés.
El departamento que dirige la ministra Nadia Calviño espera que las entidades financieras puedan adherirse a los Códigos de forma inmediata, con el fin de que estas medidas estén disponibles a partir del 1 de enero de 2023.
Rubén Sánchez (Facua) ha manifestado que el paquete normativo “es poca cosa porque no da solución de forma real al problema para la inmensa mayoría de ciudadanos” y que no representa “recortes de ingresos prácticamente para la banca, con lo cual está muy lejos de ser un acuerdo, una fórmula que entendamos pueda ser satisfactoria para para los afectados por las grandes subidas de tipos”.
Sánchez reitera que no se ha contado con los consumidores: “Nosotros no hemos tenido ningún tipo de participación en esta historia” pero que no es la norma habitual. “En este acuerdo lo que ha hecho Calviño es hablar con los banqueros, con nosotros no ha hablado, desde luego”, ha concluído.
El objetivo del Gobierno es actuar en tres vías: mejorando el tratamiento de las familias vulnerables, abriendo un nuevo marco de actuación para familias de clase media en riesgo de vulnerabilidad, y facilitando la amortización anticipada de créditos y la conversión de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo.
Se crea un nuevo Código de Buenas Prácticas que permitirá a las familias de clase media (con rentas inferiores a los 29.400 euros anuales) aliviar la carga financiera de las hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022, mediante la congelación de la cuota y el alargamiento hasta 7 años del plazo de amortización del crédito.
La OCU, al margen
Por su parte, Manuel Rivas, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha declarado a este periódico que es “una ayuda temporal que nos parece positiva, pero creemos que eso que debe regularse que una manera clara y transparente tal y como se hizo con los acuerdos de moratoria de los bancos para evitar posibles abusos”.
Rivas añade que les parece una medida muy positiva “que esperamos a verla escrita para ver en que se traduce y cuales son las condiciones” pero que “estamos a favor de todo lo que sea la protección de los consumidores más vulnerables, nos parece un avance y aportar seguridad a gente que tiene serios problemas para pagar ahora mismo sus hipotecas”. El portavoz de la OCU admite que Economía no ha contado con su organización “no como en otras ocasiones que si ha habido contactos”.
Por su parte Miguel Ángel Ruiz, de la Asociación Española de Consumidores (Asescon), señala que desde su punto de vista, “a la espera de ver realmente en qué consisten estas medidas una vez que se conozca el texto definitivo, nos parece insuficiente. En lo que se ha comunicado se indica que mejora el tratamiento de las familias vulnerables, abriendo un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos”.
Sin apoyo de los consumidores
“Tampoco entendemos cómo en este tipo de negociaciones sólo está sentada una parte, los bancos, dejando a un lado a la otra, los consumidores. Se trata de medidas que no cuentan, por tanto, con el refrendo de las organizaciones representativas de los intereses y derechos de los consumidores y usuarios de España”, afirma Miguel Ángel Ruiz.
“Desde la Asociación Española de Consumidores también lamentamos la falta de respuesta de las entidades financieras a la solución mediada de muchos de estos problemas con los que cuentas los usuarios de sus servicios. En ASESCON hemos intentado en los últimos meses el cierre de reuniones con las asociaciones de banca o con las propias entidades financieras de manera independiente habiendo tenido siempre la negativa por respuesta. Por todo ello, lamentamos que ante la situación económica actual, de grave crisis económica, se vuelven a repetir los vicios del pasado. No entendemos como el Gobierno de España no cuenta con los mecanismos legales suficientes para imponer medidas de carácter económico en beneficio del conjunto de la sociedad”.
Ruiz añade que “la vulnerabilidad hoy en día afecta al conjunto de la sociedad española habida cuenta de la situación económica de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que ese criterio de rentas que se aplicaría no sería actualizado, sino de años anteriores, por lo que la necesidad de amortiguar el impacto de las hipotecas sería aún mayor que ese millón de hipotecados que señala el Gobierno de España”.
“Por otro lado, tampoco nos convence esa facilidad que se indica para pasar las hipotecas de tipo variable a tipo fijo. Hoy en día hay ofertas a tipo fijo mucho más elevadas que la aplicación actual de euríbor. Por tanto, se estaría hablando de un endurecimiento de las condiciones hipotecarias durante toda la vida del préstamo”.
El Gobierno ha negociado con las patronales bancarias —AEB, CECA y UNACC— y el Banco de España. Actualmente hay 3,7 millones de hipotecas referenciadas al Euribor. Tres de cada cuatro hipotecas se conceden actualmente a tipo fijo, el plazo medio residual ha bajado hasta los 10 años en 2021 y el porcentaje de hogares que dedica más de un 40% de su renta disponible al pago de la hipoteca ha descendido sustancialmente en los últimos años.
La ampliación del catálogo de medidas a las que pueden acceder los hogares les permitirá disponer de más opciones para reducir su carga hipotecaria de forma efectiva y tener más certidumbre en su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo elegir la medida que mejor se ajuste a sus necesidades y situación financiera.
De forma específica se actúa en tres vías: mejorando el tratamiento de las familias vulnerables, abriendo un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos, y adoptando mejoras para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo.
Ampliación y refuerzo del Código de Buenas Prácticas para familias vulnerables
En primer lugar, se recogen medidas que mejoran el actual Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables, aprobado en 2012, con el fin de adaptarlo a la situación actual. De esta forma los deudores vulnerables tendrán la posibilidad de reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de 5 años (Euribor - 0,1% frente al Euribor + 0,25% actual). Asimismo, se amplía a 2 años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario.
Con el objetivo de ampliar el ámbito de actuación, se permite que los hogares con renta inferior a 25.200 euros al año (tres veces el IPREM) que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca, pero no cumplan el criterio actual del incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario, puedan acogerse al Código con una carencia de 2 años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de hasta 7 años. Esta medida es necesaria para aquellas familias que, como consecuencia de la subida de tipos de interés, lleguen a niveles de esfuerzo hipotecario excesivos que les obliguen a reducir gastos de primera necesidad y pongan en peligro el pago de la hipoteca, puedan recibir un tratamiento adecuado.
La aplicación de estas medidas permitirá que los deudores hipotecarios vulnerables vean aliviada su carga financiera de forma inmediata. Por ejemplo, una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros tras la revisión de tipos de interés, verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de cinco años más de un 50%, hasta los 246 euros.
Nuevo Código de Buenas Prácticas para deudores en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos de interés
Asimismo, se propone un nuevo Código que proporcione alivio a los deudores de clase media en riesgo de vulnerabilidad por el incremento de la cuota hipotecaria, facilitando a las familias una adaptación más gradual al nuevo entorno de tipos de interés.
Podrán beneficiarse de estas medidas los hogares con renta inferior a tres veces y media el IPREM (29.400 euros anuales) con hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022, una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que haya subido al menos el 20%. Para todos estos casos, las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años.
Medidas complementarias
Por último, se reducirán aún más los gastos y comisiones para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo y se eliminarán durante todo 2023 las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo. Se incluirán medidas para la promoción de la educación financiera y se reforzará el seguimiento de la aplicación de ambos códigos.
Los dos Códigos de Buenas Prácticas serán de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y de obligado cumplimiento una vez suscritos. Las entidades bancarias deberán garantizar la protección de este catálogo de medidas en caso de transmisión del crédito a un tercero.
El objetivo es que el conjunto de medidas adoptado esté disponible a partir del 1 de enero de 2023
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