El Gobierno mueve ficha en plena batalla contra la desigualdad. Ya es oficial: las familias podrán cobrar una ayuda universal de hasta 2.400 euros al año por cada hijo a cargo si prospera la nueva Prestación Universal por Crianza incluida en el Proyecto de Ley de Familias. La medida, que se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, contempla un pago de 200 euros al mes por cada menor de 18 años, lo que en términos anuales supone esos 2.400 euros por hijo.
En un contexto marcado por salarios reducidos y dificultades para llegar a fin de mes, la propuesta ha sido fijada como meta estratégica por el Consejo de Ministros. Sin embargo, todavía no es posible solicitarla. La razón es que está pendiente de un acuerdo presupuestario que permita su puesta en marcha definitiva.
El objetivo del Ejecutivo es ambicioso. Se trata de apoyar a las familias, fomentar la natalidad, mejorar la conciliación y, sobre todo, reducir la pobreza infantil. Según los cálculos del propio Gobierno, la aplicación de esta prestación supondría una inversión anual de 19.276 millones de euros, lo que representa el 2,76 % del gasto público anual.
Reducir la pobreza extrema infantil
El impacto social podría ser significativo. De acuerdo con el informe sobre el impacto de la prestación universal por crianza en España, la pobreza extrema infantil podría reducirse hasta el 8 %, seis puntos menos que en la actualidad. Además, el porcentaje de menores en riesgo de pobreza bajaría del 29% al 21%. Son cifras que el Ejecutivo pone sobre la mesa para defender la urgencia de la medida.
La iniciativa ha sido aprobada a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Una vez más, Sumar sitúa en el centro una de sus principales banderas sociales. El Ministerio de Bustinduy reconoce que el calendario político aprieta, pero no da la batalla por perdida.
La opción prioritaria que barajaba el Ministerio de Asuntos Sociales, según 20minutos, pasa por incluir la ayuda en los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, la compleja realidad política dificulta que las cuentas salgan adelante. Además, Bustinduy deberá sortear el visto bueno del Ministerio de Hacienda, pieza clave para que la medida vea finalmente la luz.