La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, se reunió en Sevilla con Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), para evaluar los logros de la legislatura. El encuentro se centró en los avances en sostenibilidad ambiental, modernización administrativa y seguridad jurídica.
Durante la reunión, la consejera García resaltó la eficiencia en la gestión de expedientes ambientales desde 2022. La Junta de Andalucía ha resuelto 2.666 expedientes relacionados con instrumentos de prevención ambiental, incluyendo autorizaciones ambientales integradas, unificadas y unificadas simplificadas. Además, se ha logrado una notable reducción en los tiempos de tramitación. La comparación entre 2023 y 2025 revela una mejora promedio de 1,5 meses en todos los procedimientos ambientales.
Inversiones estratégicas y agilización administrativa
Catalina García enfatizó que esta agilización administrativa es crucial, considerando que los expedientes ambientales en curso están vinculados a una inversión global de aproximadamente 30.800 millones de euros. Estos proyectos estratégicos abarcan diversos sectores productivos, como infraestructuras de transporte, generación de energía eléctrica, plantas de hidrógeno verde y biogás, así como proyectos de construcción de viviendas e instalaciones públicas.
La consejera explicó que este volumen de trabajo se ha gestionado gracias al fortalecimiento de los recursos humanos y técnicos de la Consejería. Se han incorporado más de 100 profesionales en las ocho provincias para acelerar los procesos, gestionar cargas de trabajo elevadas y asegurar que la mejora en los plazos no comprometa el rigor técnico ni la protección ambiental.
García enmarcó la actuación de la Junta en cuatro principios fundamentales que han guiado la política de sostenibilidad ambiental durante la legislatura.
El objetivo ha sido equilibrar el desarrollo económico con la preservación de los valores ambientales, evitando que la complejidad administrativa obstaculice la inversión.
Un esfuerzo significativo se ha dedicado a mejorar la tramitación de las autorizaciones ambientales, consideradas clave para atraer inversiones a Andalucía. Este avance se ha logrado mediante reformas normativas, reorganización interna, innovación y digitalización.
Nuevo procedimiento y simplificación administrativa
La consejera destacó la creación de la Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS), un nuevo procedimiento alineado con la legislación estatal que ha permitido que más de la mitad de los expedientes, antes tramitados mediante la Autorización Ambiental Unificada, pasen a un proceso más ágil. Entre 2022 y 2025, se han recibido 2.206 expedientes de Autorización Ambiental Unificada (AAU) y Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS), resolviéndose 2.666 en el mismo período. Este cambio normativo ha reducido el tiempo de tramitación en aproximadamente una cuarta parte para la mitad de los expedientes.
Catalina García subrayó que este procedimiento incluye proyectos directamente vinculados al tejido productivo andaluz, como la producción de energía renovable (especialmente fotovoltaica), líneas eléctricas, agroindustria e infraestructuras, ofreciendo tiempos de respuesta más competitivos sin comprometer las garantías ambientales.
Además, se ha simplificado la autorización existente tras la aprobación del Decreto-ley 3/2024, reduciendo de 48 a 16 las autorizaciones sectoriales integradas en la Autorización Ambiental Unificada. Esta simplificación ha disminuido las consultas, reducido las solicitudes de documentación adicional y facilitado la presentación de documentos necesarios para la tramitación.
Ley para la gestión ambiental de Andalucía
La reunión con la CEA también abordó el estado de tramitación del Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, en su fase final parlamentaria. García enfatizó que esta futura ley culmina un proceso orientado a conjugar seguridad jurídica, simplificación administrativa, colaboración público-privada, participación pública y digitalización, reforzando la coordinación entre las administraciones implicadas en la tramitación ambiental.
La elaboración de esta ley ha sido un proceso de trabajo compartido con los principales agentes sociales y económicos de Andalucía, formando parte del Pacto de Diálogo Social firmado en 2023 con UGT, CCOO y la CEA. Desde su inicio, se ha impulsado un proceso de participación abierto en todas las provincias, involucrando a sindicatos, organizaciones empresariales, entidades locales, colegios profesionales y colectivos ambientales, reforzando la participación con la creación de nuevos órganos de consulta y canales permanentes de diálogo en materia de medio ambiente.
El texto se estructura en 197 artículos distribuidos en nueve títulos, junto con disposiciones adicionales, transitorias y finales, abordando integralmente aspectos como la gobernanza ambiental, la prevención, el control, la responsabilidad medioambiental y el régimen sancionador, configurando un marco legislativo coherente con la normativa estatal y europea.
Impulso a las energías renovables
Durante su intervención, la consejera destacó la mejora en la tramitación de proyectos de energías renovables. Los años 2022 y 2023 estuvieron marcados por una entrada excepcional de expedientes, principalmente de plantas fotovoltaicas, incentivada por las políticas energéticas. Desde 2020, se han tramitado en Andalucía 1.467 expedientes de autorización de instalaciones de energía eléctrica de competencia autonómica, de los cuales 803 han estado sometidos a autorización ambiental unificada.
Catalina García destacó que el cumplimiento de los plazos estatales obligatorios para mantener los permisos de conexión ha alcanzado el 99% en septiembre de 2022 y el 92% en enero de 2023, gracias a la aprobación en octubre de 2022 de la Instrucción Conjunta de la Secretaría General de Energía y de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático. Esta medida ha clarificado los procedimientos, mejorado la coordinación entre las administraciones y reforzado la seguridad jurídica de los proyectos.
Otro avance significativo ha sido la digitalización progresiva de la tramitación de las autorizaciones ambientales. En 2019 no existía ningún trámite telemático disponible, mientras que en 2025 ya se han incorporado 16 procesos, incluyendo la autorización para la emisión de gases de efecto invernadero, la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre y las comunicaciones previas de producción de residuos.
Esta digitalización se ha planteado como una herramienta para reducir fricciones administrativas, mejorar la trazabilidad de los expedientes y facilitar la relación entre la Administración y los promotores, contribuyendo a eliminar incertidumbres y mejorar la calidad de la documentación presentada.
García agradeció la colaboración y el diálogo con la Confederación de Empresarios de Andalucía en la elaboración de las principales normas de la legislatura, especialmente en la futura Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, la Ley de Economía Circular, la Ley de Agentes Medioambientales y la futura Ley de Montes de Andalucía. El trabajo compartido ha permitido consensuar, mejorar y enriquecer los textos normativos, adaptándolos mejor a la realidad económica y social de la comunidad.
En el acto también estuvieron presentes Sergio Arjona, viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, María López Sanchís, secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, Luis Fernández-Palacios, secretario general de la CEA, José Cano, vicepresidente de la CEA y presidente del Consejo de Industria, Manuel Mingorance, presidente del Consejo Empresarial de Medio Ambiente de la CEA, Rafael Sánchez Durán, presidente de la Comisión de Energía, e Inmaculada Gallardo, delegada territorial de la Consejería en la provincia de Sevilla.