La polémica por los vertidos mineros al río Guadalquivir vuelve a intensificarse. El estudio científico elaborado por investigadores de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada concluye que las autorizaciones concedidas para verter residuos procedentes de las minas Cobre Las Cruces y Aznalcóllar carecen de “una base científica y técnica sólida”. Pero no se va a quedar en el ámbito universitario. Poruqe los expertos advierten de que esta situación podría provocar “graves impactos ambientales, socioeconómicos y de salud pública” en el estuario del río. Y van a ir a Fiscalía, como adelantó lavozdelsur.es este lunes. La denuncia, impulsada inicialmente por el Ayuntamiento de Chipiona y por la asociación Facua, busca que el Ministerio Público estudie posibles delitos contra el medio ambiente y adopte medidas cautelares. Otros agentes sociales, económicos y políticos vinculados al estuario no descartan sumarse a la iniciativa.
El trabajo científico ha sido elaborado por nueve investigadores procedentes de distintas disciplinas —hidrodinámica, zoología, ecología, oceanografía y ciencias del mar— y se ha desarrollado, según sus autores, “de manera totalmente independiente, sin estar contratados ni por las empresas ni por nadie”, tal y como explicó el catedrático de Ecología Jesús Castillo. Uno de los principales problemas detectados es que las autorizaciones administrativas no habrían tenido en cuenta los efectos acumulativos de dos vertidos simultáneos: los procedentes de Cobre Las Cruces y los de Aznalcóllar.
Los investigadores sostienen que tampoco se han considerado adecuadamente aspectos clave de la fisicoquímica del estuario. Según explicó Castillo, las empresas mineras y la Junta de Andalucía defienden que los metales permanecerían disueltos en el agua, pero los científicos lo cuestionan: “Las empresas mineras y la Junta de Andalucía dicen que los metales se quedarían disueltos en las aguas del estuario y eso no es cierto”. El estudio señala además que no se han tenido en cuenta factores hidrodinámicos fundamentales. Las partículas asociadas a metales pesados pueden desplazarse aguas arriba y depositarse en el fondo del estuario, donde posteriormente entran en la cadena alimentaria a través de procesos de bioacumulación y biomagnificación.
Esto podría afectar a especies protegidas como la anguila europea, así como a espacios naturales de gran valor ecológico como el Parque Nacional de Doñana y distintos hábitats de interés comunitario. Los investigadores ya han detectado señales preocupantes en la zona. “Ya tenemos medidas de arsénico en galeras en la desembocadura del Guadalquivir que están al borde de lo permitido legalmente para comercio de carne de crustáceo en la Unión Europea”. Ante este escenario, los colectivos implicados reclaman una moratoria en los vertidos hasta que se evalúen de forma conjunta ambos proyectos mineros y se cree un comité independiente de expertos.
Presencia de Sanlúcar y Chipiona
La controversia también ha movilizado a varios municipios situados en la desembocadura del Guadalquivir. La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Pozo, ha participado en Sevilla en la presentación del estudio científico en representación del consistorio. En el encuentro estuvieron presentes representantes de ayuntamientos ribereños, organizaciones ecologistas, entidades agrarias, asociaciones ciudadanas y colectivos pesqueros como la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar o la Federación de Cofradías de Cádiz, además de organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción, COAG Andalucía o la Red Andaluza de Nueva Cultura del Agua. Desde el Ayuntamiento de Sanlúcar se ha recordado que la alcaldesa Carmen Álvarez participa en diferentes acciones para defender el estuario del Guadalquivir junto al sector pesquero. El consistorio presentó alegaciones al proyecto minero de Aznalcóllar, aunque estas fueron finalmente desestimadas por la Junta de Andalucía.
Por su parte, el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, también ha acudido a la Universidad de Sevilla para respaldar la denuncia colectiva y reclamar actuaciones urgentes a las administraciones. Tras la rueda de prensa, Aparcero se dirigió a la Fiscalía de Medio Ambiente para presentar formalmente una denuncia elaborada por el gobierno local con el aval de los científicos que han participado en el estudio. El objetivo es solicitar medidas cautelares ante lo que consideran una situación de alerta por contaminación ecológica, agravada por los últimos episodios de drenaje ácido procedentes de la mina.
“Esta situación de alerta de contaminación ecológica no puede pasar indemne ante las administraciones”, defienden desde el consistorio chipionero, que insiste en que la defensa del Guadalquivir, su fauna y su flora es también una cuestión de salud pública y de futuro económico para los municipios del estuario
La balsa del Agrio se tiñe de verde tras las lluvias
La preocupación ambiental se ha visto reforzada por un episodio reciente en la zona minera de Aznalcóllar. Las intensas lluvias de los últimos días han provocado filtraciones de metales acumulados en la escombrera de la mina, lo que ha teñido de verde el contraembalse del Agrio, según ha denunciado la asociación cultural y medioambiental Adecuna. La organización asegura que estas filtraciones proceden del drenaje de aguas ácidas de las escombreras mineras y recuerda que es la segunda vez en dos años que ocurre algo similar. Aunque el color del agua resulta llamativo, la asociación advierte de que “los colores más espectaculares son un aviso” de la contaminación.
El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha confirmado que el fenómeno se debe a filtraciones procedentes de balsas que aún no han sido selladas. Según sus cálculos, evitar definitivamente este tipo de episodios requeriría una inversión cercana a 100 millones de euros. Pese al aspecto del agua, el regidor ha señalado que no existe ninguna restricción para su uso en riego, ya que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no ha emitido avisos en ese sentido. El pantano del Agrio, con una capacidad de 21 hectómetros cúbicos, es uno de los más importantes de la provincia de Sevilla. Actualmente se encuentra al 83,56 % de su capacidad, con unos 17 hectómetros embalsados.