Un campo de golf, hoteles y 300 villas de lujo. Todo, en plenas marismas de Trebujena. Al lado de Doñana y el estuario del Guadalquivir, dos Zonas de Especial Conservación (ZEC) incluidas en la Red Natura 2000 de la UE. Era la idea que tenía el promotor belga Bernard Devos, quien se autodenomina como el "belga loco".
Un proyecto que lleva más de dos décadas coleando, y que ha pasado por distintas fases. Finalmente, no se hará, tras la negativa de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Ctotu), adscrita a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, que deniega este viernes la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Trebujena.
El Ayuntamiento trebujenero se alegra de la noticia, ya que dice que "aboga y continúa trabajando por otros proyectos que fomenten el desarrollo sostenible y respetuoso de nuestro entorno natural". Como uno que se está desarrollando, precisamente, en las marismas, pero que aboga por su regeneración. Nada que ver con el macroproyecto diseñado por el "belga loco".
El alcalde de Trebujena, Ramón Galán, en declaraciones a lavozdelsur.es, se muestra "contento" con el carpetazo definitivo a un proyecto que hace tiempo que estaba "herido de muerte". Después de las terribles consecuencias de la DANA, sobre todo en la Comunidad Valenciana, menos sentido tenía el desarrollo urbanístico salvaje en zona inundable. El gobierno local que preside Galán es más partidario de impulsar proyectos "de economía azul, como el que apuesta por la acuicultura, o la inundablidad de las marismas", un proyecto que se encuentra en su fase final.
La modificación del PGOU de Trebujena ha recibido dos informes preceptivos y vinculantes desfavorables, uno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sobre la inundabilidad del sector y otro del Consejo Consultivo de Andalucía sobre las reservas dotacionales. Solo un año y medio después de que el asunto reflotara y sirviera de arma arrojadiza política en plena campaña de las elecciones municipales de 2023.
Desde 2003 llevaba coleando la macrourbanización pensada por la compañía Zanona SA, propiedad de Bernard Devos, un promotor inmobiliario —fallecido durante la pandemia— que quería construir 300 viviendas exclusivas, ocupando más de dos millones de metros cuadrados en marismas desecadas de Trebujena. La idea la "heredó" promotora privada, Costa Guadalquivir, también de empresarios belgas, a los que solo les queda la vía judicial para intentar recurrir esta decisión.
1,8 millones para el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Trebujena, con los votos de IU —equipo de gobierno— y PSOE aprobó provisionalmente, en abril de 2019 la modificación puntual número 4 del PGOU de la localidad, aunque la Unión Europea admitió a trámite una queja de Ecologistas en Acción por la ausencia de evaluación ambiental en la posible modificación del PGOU.
El alcalde trebujenero, Ramón Galán, que cuando se aprobó la modificación del PGOU aún no estaba al frente del Ayuntamiento, asegura que se aprobó por unanimidad porque como servidores públicos" se deben al principio de legalidad. "Si un promotor tiene los derechos adquiridos de un suelo —fueron recalificados como urbanos en 2012—, no nos podemos negar", sostiene.
En el PGOU, el sector en el que pretendía ubicarse el macroproyecto urbanístico sigue calificado de uso turístico, por lo que para evitar ideas parecidas en el futuro, el paso lógico sería devolverle el uso rústico.
El carpetazo definitivo al proyecto llega después de que lo tumbara, en mayo de 2023, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Realmente, el macroproyecto urbanístico hace tiempo que dejó de ser una aspiración real, por la imposibilidad de instalarse en plenas marismas, en una zona sin garantía de recursos hídricos ni depuración de aguas, y con un promotor inicial que confesaba estar "totalmente arruinado".
El Ayuntamiento de Trebujena se aseguró 1,8 millones de euros de ingresos en concepto de unidades de aprovechamiento urbanísticos, gracias a una cláusula incluida en el convenio con la promotora privada, Costa Guadalquivir, por la que se garantizaba la no devolución de este importe en caso de que el proyecto decayera. Devos, en su momento, se comprometió a pagar 5,5 millones de euros cuando se aprobara la modificación del PGOU de suelo rústico a urbanizable, pero en 2012 esa cifra se rebajó a 3,3 millones, y finalmente abonó 1,8 millones.