Borondo, y la colindante Guadalquitón, son las dos fincas litorales que se añadieron al Parque Natural de Los Alcornocales en la ampliación que se aprobó en 2017. Es una finca de unas 300 hectáreas, ubicada en un lugar privilegiado, con una playa magnífica frente a Gibraltar y África. Forestalmente está bastante deteriorada, con amplias repoblaciones de eucaliptos y pinos, que están en mal estado. Es propiedad de la empresa catalana Carbonell Figueras S.A. La empresa promotora de la urbanización, del mismo grupo, es Borondo 2000 S.L.
Esta empresa está promoviendo un complejo turístico denominado Alcornocales Borondo Reserva Ambiental. Bajo la pretendida apariencia de un urbanismo de bajo impacto, la realidad es que este proyecto incluye la construcción de edificios e instalaciones con una superficie de 59.040 metros cuadrados, que incluyen 263 cabañas de lujo, 6 albergues-hoteles de 700 metros cuadrados y 30 habitaciones cada uno; sumando un total de 2.435 plazas turísticas. Además, el proyecto contempla la construcción de seis aulas de naturaleza, un pabellón de acogida, un centro de interpretación del parque natural y otro de multiaventuras, numerosas pistas, un parque solar, establos, instalaciones deportivas, etc., que ocuparían en total más de 100.000 metros cuadrados.
Esta finca del Parque Natural está declarada como no urbanizable en el PGOU de San Roque; además, está incluida en la Red Natura 2000 europea, red que el Tribunal Constitucional ha determinado que debe mantenerse como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, exceptuándola de cualquier proceso urbanístico.
Ecologistas en Acción entiende que sería un precedente muy peligroso urbanizar una finca declarada no urbanizable, de la Red Natura 2000, y en un parque natural. Si se aprueba este proyecto, se podría generalizar, y en cualquier finca forestal de un parque natural se podrían construir decenas de instalaciones turísticas y cientos de cabañas; una urbanización encubierta del campo. Además, en un litoral urbanísticamente masificado, este proyecto supondría más presión turística en una de las pocas zonas que se han salvado del cemento en el litoral mediterráneo de la provincia de Cádiz. Baste destacar que el proyecto prevé 766.500 visitas anuales, y 620.500 pernoctaciones al año. Una desmesura.
Ecologistas en Acción valora positivamente la transparencia de la empresa propietaria, que ha presentado el proyecto a las diferentes administraciones y colectivos sociales. Y también valora que se quiera romper con el modelo urbanístico de cemento y hormigón de la Costa del Sol, pero que las viviendas previstas sean de madera no modifica el hecho de que se pretenda urbanizar una finca no urbanizable en un parque natural, incluida en la Red Natura 2000.
Por todo ello, Ecologistas en Acción presentará alegaciones mostrando su oposición a este proyecto turístico-urbanístico, defendiendo que se mantenga esta finca y la colindante de Guadalquitón como fincas forestales, excluyéndolas de cualquier proceso de urbanización.
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