La organización ecologista Verdemar Ecologistas en Acción ha denunciado que el Tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido relativo a Gibraltar, publicado el 26 de febrero de 2026, implica en la práctica la desprotección de unas 25.000 hectáreas integradas en la Red Natura 2000. Según el colectivo, el impacto afecta especialmente a la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, un enclave ambientalmente sensible.
Aunque el texto no incluye un capítulo específico sobre fondeaderos, rellenos o actividades de bunkering como regulación ambiental directa, sí incorpora disposiciones aduaneras que, a juicio de la organización, consolidan y facilitan actividades marítimas de alto impacto dentro de un espacio protegido europeo. Verdemar subraya que el acuerdo no introduce salvaguardas ambientales adicionales, lo que, en su opinión, prioriza la fluidez comercial frente a la protección ecológica.
Según la denuncia ecologista, el tratado contempla expresamente el suministro de combustible a buques (bunkering) dentro de los procedimientos aduaneros especiales entre Gibraltar y la UE. Permite importar combustible por vía marítima tras completar formalidades aduaneras en un puesto designado de la Unión, como Algeciras, sin necesidad de presentación física del producto; exportar suministros y combustible a buques con destino a terceros países sin presentación física; y acoger mercancías bajo regímenes especiales como admisión temporal o perfeccionamiento interior en Gibraltar. Verdemar considera que estas medidas agilizan una actividad históricamente denunciada por riesgo de vertidos, contaminación marina y afección a hábitats protegidos.
El acuerdo tampoco establece nuevas zonas de fondeo ni regula expresamente su ubicación, pero tampoco introduce límites o condicionantes ambientales sobre los fondeaderos existentes frente a Gibraltar. La organización advierte de que se mantiene la presencia de grandes buques en las inmediaciones de la ZEC, lo que incrementa el riesgo de vertidos accidentales y genera una presión acumulativa sobre hábitats marinos protegidos. Para el colectivo, la ausencia de regulación específica supone una omisión grave en un enclave estratégico y frágil.
Los problemas del tratado
Asimismo, el tratado no aborda los rellenos asociados al proyecto urbanístico Eastside o Marina Este. Estas obras, denunciadas reiteradamente por organizaciones ecologistas y autoridades españolas, afectan —según Verdemar— a parte de la ZEC del Estrecho Oriental, ocupan un porcentaje significativo del espacio protegido y alteran fondos marinos, corrientes y procesos de sedimentación, con posibles afecciones a la calidad del agua.
Verdemar sostiene que las actuaciones denunciadas podrían vulnerar la Directiva Hábitats, la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, la Ley de Costas y la normativa española sobre patrimonio natural y biodiversidad. La Audiencia de Cádiz mantiene diligencias abiertas por posibles delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente relacionados con los rellenos, mientras la organización ha trasladado sus denuncias a instancias europeas. El colectivo critica que el acuerdo no introduce límites ambientales específicos ni mecanismos reforzados de protección de la Red Natura 2000 y anuncia que continuará impulsando acciones legales e institucionales para exigir la protección efectiva del Estrecho.