“Se está vaciando lo público desde dentro”. Con esta advertencia, la Mesa Social del Agua de Andalucía lanza una seria alarma sobre la evolución del modelo de gestión del agua en Sevilla y, en concreto, sobre la deriva que estaría experimentando Emasesa, la empresa municipal responsable del servicio. La organización, integrada por colectivos sociales, sindicales y ambientales, denuncia un progresivo deterioro del modelo público, marcado por la opacidad, el cierre de los espacios de participación y una creciente subordinación a intereses privados.
Según la Mesa, en los últimos meses se estaría consolidando un proceso silencioso de privatización funcional. Un modelo en el que estructuras que siguen siendo formalmente públicas operan, en la práctica, como “auténticos caballos de Troya”, introduciendo lógicas mercantiles en el núcleo de una empresa que debería estar orientada exclusivamente al interés general. Bajo una apariencia institucional, alertan, se estarían imponiendo dinámicas que favorecen a determinados sectores empresariales, desplazando el control democrático, la cooperación pública y la rendición de cuentas.
Exclusión de Aeopas y vaciamiento del Observatorio
Uno de los episodios más significativos se produjo en la reunión plenaria del Observatorio del Agua del 27 de noviembre de 2025, cuando se decidió excluir a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). Esta decisión provocó una protesta formal de organizaciones sociales y ambientales, que incluyó la lectura de una declaración conjunta y el abandono de la sesión.
Para la Mesa, no se trata de un hecho aislado, sino del primer síntoma visible de una estrategia más amplia de debilitamiento de los órganos de participación y de vaciamiento de los espacios de control ciudadano. Pese a la repercusión pública del conflicto y a los escritos posteriores solicitando diálogo, la dirección de Emasesa no ha ofrecido respuesta institucional alguna, lo que, a juicio de la organización, consolida una cultura de opacidad incompatible con una empresa municipal. También preocupa la falta de información pública sobre si determinadas decisiones estratégicas han sido debatidas y aprobadas por el Consejo de Administración.
Redes cerradas y decisiones fuera del control ciudadano
La Mesa denuncia además un "sectarismo institucional creciente", con una concentración de relaciones de Emasesa en redes dominadas por intereses empresariales, asociaciones privadas y consultoras. Un ecosistema cerrado en el que “siempre participan los mismos actores” y del que se excluye sistemáticamente a la ciudadanía organizada. Este entramado, describen, funciona como una puerta giratoria simbólica, donde lo público legitima intereses privados mientras se vacían de contenido los espacios democráticos.
El caso de la futura desalobradora, con una inversión estimada en torno a 60 millones de euros, es señalado como paradigma de esta privatización funcional. "Su anteproyecto fue presentado en un foro de Gaesco, sin información ni debate previo en el Observatorio del Agua. Ni alternativas técnicas, ni impactos sociales, ni criterios de sostenibilidad fueron sometidos a análisis plural", expone. El proyecto, denuncian, se presentó directamente en entornos privados como una oportunidad de negocio.
Un modelo público que fue referente
La Mesa recuerda que durante años Emasesa desarrolló iniciativas pioneras para reforzar la gestión pública del agua, muchas de ellas a través del Observatorio del Agua y con la participación activa de la sociedad civil, con Aeopas como referente técnico. Entre los logros destacan el Plan de Emergencia ante la sequía, las estrategias de adaptación al cambio climático, los marcos de actuación frente a la emergencia climática y el impulso de la transformación digital del ciclo urbano del agua. Un modelo basado en transparencia, conocimiento compartido y corresponsabilidad, que ahora, advierten, estaría en riesgo.
“La gestión del agua no puede convertirse en una fachada institucional detrás de la cual operan intereses privados”, afirma la Mesa Social del Agua. Por ello exige la recuperación inmediata del diálogo, la reactivación del Observatorio, el fin de las decisiones en entornos privados, transparencia en las grandes inversiones y un refuerzo real de la rendición de cuentas. “El agua no es una mercancía. Es un derecho humano y un bien común”, concluye la organización, que reitera su disposición a colaborar para recuperar un modelo plenamente público, participativo y democrático.