La Junta de Andalucía, a través del portavoz Ramón Fernández-Pacheco, ha vuelto a sacar la cara este martes por el director general de Pesca y Acuicultura de la Junta, José Manuel Martínez Malia, tras el informe de la Oficina Andaluza Antifraude en el que se piden sanciones hacia el alto cargo por caer en una posible incompatibilidad al otorgar ayudas a empresas del sector en la que él aparecía como administrador único.
El portavoz del Gobierno andaluz, en la rueda de prensa habitual posterior al Consejo de Gobierno ha insistido en que dicho informe de Antifraude no es definitivo. Algo que ya había señalado anteriormente Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Departamento del que depende el cargo de Martínez Malia. De esta forma, la Junta mantiene su rechazo a tomar cualquier tipo de decisión que suponga un cese, a pesar de la insistencia de la oposición.
Ramón Fernández-Pacheco ha remarcado que el informe de la Oficina Antifraude "no es definitivo" y, además, en él "no se señala una incompatibilidad manifiesta" por parte de dicho alto cargo. Asimismo, el portavoz de la Junta ha defendido que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural "está colaborando desde el primer momento, facilitando toda la información necesaria" a la Oficina Andaluza Antifraude.
El consejero ha querido dejar claro que el Gobierno de Juanma Moreno "será ejemplar, como lo ha sido siempre, en cuanto a la transparencia y en cuanto a cualquier otro aspecto que sea al final definitivo", pero ha insistido en apuntar que, "ahora mismo, desde la Consejería" que dirige Carmen Crespo "entienden que no existe esa incompatibilidad y, en cualquier caso, el informe" de la Oficina Antifraude "no es definitivo", según ha zanjado.
Antifraude comenzó la investigación en el pasado mes de mayo después de que el PSOE presentara una denuncia. Casi un año después, el organismo que se encarga de vigilar la corrupción en la comunidad ha resuelto dando la razón a los socialistas y señalando las posibles incompatibilidades de Martínez Malia y las ayudas por un valor de 300.000 euros que la Dirección General de Pesca y Acuicultura otorgó a dos empresas en la que aparecía como administrador. Además, Antifraude insistió en su resolución a la Consejería de Carmen Crespo para que establezca mecanismos con los que se vigilen este tipo de incompatibilidades.
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