La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía contradice al alcalde de Vejer, Antonio González Mellado, y a la pareja de Barbate propietaria de la parcela demolida este martes en la pedanía litoral de El Palmar.
El regidor vejeriego lamentó la situación personal de la pareja, aseguró que los derribos siempre le tocan "a los mismos" y los propietarios del terreno afirmaron que ese espacio era su residencia habitual. El dirigente socialista y la pareja de dueños criticó también la supuesta premura con la que habrían sido informados.
La Junta de Andalucía niega todos esos argumentos. Ni era vivienda habitual, ni han escaseado avisos y revisiones. En una nota pública, la Consejería afirma que "las construcciones eran utilizadas como segunda residencia y destinada al alquiler, sobre todo vacacional".
La administración autonómica achaca comportamientos inapropiados a la pareja afectada: "Aunque la parcela fue precintada de nuevo el día anterior a su demolición, sus propietarios rompieron los precintos y retiraron las edificaciones prefabricadas" por lo que el derrumbe afectó únicamente a "una piscina y tres losas de cimentación de hormigón armado que fueron enterradas por sus propietarios".
Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda añade que estas actuaciones concretas "se remontan a 2019, año en el que se iniciaron los primeros procedimientos en El Palmar. De hecho, se notificó la paralización de las obras en agosto de 2019, si bien previamente se había apercibido en actas de inspección que las obras eran ilegales".
La Junta entiende que los afectados han incurrido en una llamativa reincidencia: "Desde entonces, sistemáticamente, el propietario rompía los precintos y continuaba las obras, con lo que incumplía la orden de suspensión de actividad que era la de establecimiento turístico". Estos incumplimientos se "han acreditado en más de diez visitas a la zona por parte de los inspectores", detalla la nota.
La Junta niega que fuera la residencia de los afectados: "La práctica totalidad de viviendas prefabricadas se destinan a alquileres vacacionales clandestinos"
Como consideración general, la versión autonómica entiende que "en el caso de El Palmar, se está produciendo un fenómeno de construcción de viviendas prefabricadas sobre suelo rústico. La práctica totalidad de edificaciones se constituyen en segundas residencias y, en su mayoría, se destinan a alquileres vacaciones clandestinos".
Como defensa de este tipo de actuaciones, asegura la Consejería de Fomento y Articulación del Territorio que "las medidas adoptadas por la Inspección autonómica están dando los resultados esperados, puesto que se observa un importante descenso en la comisión de nuevas infracciones. Del mismo modo, se está procediendo a la autodemolición de construcciones sobre las que pesan órdenes de demolición".
La Consejería de Fomento recuerda que "hay que saber diferenciar viviendas irregulares de viviendas ilegales". La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) recoge la redacción de planes especiales que minimicen el impacto ambiental de las agrupaciones de edificaciones irregulares prescritas y, por tanto, que se encuentran en un limbo jurídico.
"Pero una cuestión es esa y otra permitir que se siga construyendo fuera de la ley". La normativa conocida como Lista, según la Junta de Andalucía, ha priorizado la actuación inspectora y sancionadora para que no se reproduzcan los errores del pasado y se construya de manera ilegal, como se está produciendo en El Palmar. "En esa línea, cabe recordar que las nuevas edificaciones ilegales que se levante no podrán ser regularizadas en ningún caso".
Comentarios