Critican la pasividad de la Junta para recuperar vías pecuarias usurpadas en Rota, Jerez o Alcalá de los Gazules

Ecologistas en Acción denuncia en los tribunales por la inactividad del Gobierno andaluz, al que solicita la recuperación de tramos que han sido ocupados en varios municipios de la provincia

Ocupación en la vía pecuaria la Colada de Los Charcos, en Rota.
Ocupación en la vía pecuaria la Colada de Los Charcos, en Rota.

Ecologistas en Acción interviene ante los tribunales por la inactividad de la Consejería de Desarrollo Sostenible en la recuperación de varias vías pecuarias en Cádiz. La organización ha presentado varios recursos contencioso-administrativos tras instar a la delegación territorial en Cádiz de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía la recuperación de diversos tramos objeto de usurpaciones y ocupaciones en vías pecuarias de los municipios de Rota (Coladas de Los Charcos, de Cebollares y de Cobalengo), Jerez (Cañada Real de Lomopardo o de Medina, de Los Arquillos y del León) y Alcalá de los Gazules (Vereda de Patriste a Jimena).

En los Juzgados Contencioso-Administrativos de Cádiz se han celebrado ya algunas de las vistas orales. En ellas ha quedado patente la nula actividad de la Consejería en la recuperación de los terrenos ocupados de las numerosas vías pecuarias de la provincia de Cádiz. Una buena parte de estas vías pecuarias fueron deslindadas hace más de 15 años, y en los expedientes de deslindes constan las intrusiones existentes y sus ocupantes.

La propia delegación territorial de Cádiz elaboró un “Proyecto de adecuación y restauración paisajística de vías pecuarias en el municipio de Rota” en 2018, financiado con Fondos Europeos, con el objeto de conectar la Puerta Verde de Sanlúcar con la Vía Verde Entre Ríos. En el proyecto técnico de Adecuación se recogen las usurpaciones existentes de los terrenos por cultivos agrícolas. En junio de 2018 la Consejería dirigió un escrito a todos los propietarios colindantes a las vías pecuarias instándoles a dejar libres los terrenos de dominio pecuario ocupados. Sin embargo, la mayoría de los colindantes continuaron usurpando ilegalmente la vía pecuaria. Mientras, la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible continúa sin iniciar los expedientes de recuperación, pese a los requerimientos de la Federación de Ecologistas en Acción de Cádiz en 2020 y 2021 para que ejerciera las potestades de recuperación de los terrenos.

Similar indolente inactividad muestra la Junta de Andalucía respecto a las vías pecuarias Cañada Real de Lomopardo o de Medina, Cañada Real de Los Arquillos y Vereda de Patriste a Jimena. Con el agravante de que en estas vías pecuarias ha impulsado los usos complementarios con la implantación y fomento de su uso como recorrido de cabalgada, cicloturismo y senderismo (cartelería, paneles instalados sobre el terreno, dípticos, difusión en la web…) tanto en el entorno del Río Guadalete, de la Reserva Natural de la Laguna de Medina y de las rutas programadas como “Puertas Verdes” por la propia Junta de Andalucía, como de las rutas de senderismo y paseo en tramos de gran interés en el Parque Natural de Los Alcornocales.

Al igual que en los casos anteriores, ya en los expedientes de deslinde de estas vías constan el número, identidad y superficie de las intrusiones existentes en el dominio pecuario. Sin embargo, la Consejería no adopta las medidas de defensa y recuperación de estas vías pecuarias, vulnerando de forma evidente su obligación de recuperar de oficio la posesión de estas vías pecuarias, que exige la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 4/1986 de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y, especialmente, los artículos 8 y 27 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía de 1998.

Finalmente, la Consejería tampoco ha tramitado, conjuntamente con el Ayuntamiento de Jerez, la posibilidad de modificación del trazado de las vías pecuarias Cañada Real del León y Cañada Real de Lomopardo o de Medina en la parte de sus tramos clasificados en el PGOU como suelo no urbanizable de hábitat rural diseminado, ante el número de viviendas agrupadas y el número de habitantes. "Viene a ser clamorosa la inactividad de ambas administraciones para la regulación de dichas áreas a través de planes especiales de hábitat rural diseminado, en los que se reconocerían dichos núcleos, y en los que se incluiría el trazado alternativo de las vías pecuarias como parte integrante del proceso de regularización del ámbito", critican los ecologistas. 

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