La organización WWF se reunió este martes con la Comisión Europea (CE) para alertar de que la Proposición del Ley para la regulación de regadíos en la Corona Norte del Condado de Huelva, y que califican como "ley anti Doñana", podría "amnistiar hasta 1.900 hectáreas de cultivos ilegales en el Parque Nacional, más del doble de las declaradas por el PP y Vox", según se desprende de la investigación que la organización hizo pública el pasado 26 de abril.
En una nota de prensa, WWF ha indicado que en la reunión ha dicho a la Comisión Europea que "ninguna de estas hectáreas cuenta con ningún derecho legal sobre la tierra ni el agua", por lo que "deberían ser revertidas a su estado anterior y sancionados sus propietarios". Frente a ello, ha explicado que los representantes de la CE expresaron "su preocupación" y "reiteraron que la proposición de ley es contraria a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Además, la organización reiteró su petición a la Comisión Europea para que "adopte urgentemente todas las medidas necesarias para garantizar que se cumpla la sentencia del TJUE".
De la misma manera, han recordado que este proceso legal "se inició hace diez años tras la queja presentada por WWF ante este organismo europeo denunciando la extracción abusiva e insostenible de agua para la producción de fresas y otros frutos rojos que han provocado un enorme daño a la naturaleza de Doñana y vulnerado directivas europeas como la de agua y la directiva de hábitats".
Esta reunión de WWF se produce casi un mes después de que la organización ecologista remitiera una carta a la Comisión Europea (CE) para informar de que la Junta de Andalucía seguía adelante en el Parlamento andaluz con la tramitación de la proposición de ley "pese a las advertencias de la propia CE" y los informes de los científicos del CSIC "que han alertado sobre el grave deterioro de especies y hábitats de Doñana por la sobreexplotación de las aguas subterráneas".
En la misiva, el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, señalaba que "la ciencia es clara y contundente, las especies y los hábitats de Doñana se están muriendo debido a la sequía prolongada acentuada por la sobreexplotación del acuífero causada por un modelo de gestión del agua totalmente irracional".
Pero que "pese a ello, la Junta de Andalucía ignora el dictado de la ciencia y continua adelante burlando las advertencias de la CE. Y, lo que es más grave, ignora la sentencia del TJUE, impulsando una ley que amplía la superficie regable, favoreciendo a los agricultores ilegales que llevan años esquilmando el acuífero y contribuyendo al deterioro de Doñana".
La investigación de WWF
Asimismo, en rueda de prensa en Huelva, el pasado 26 de abril la organización ecologistas presentó una investigación realizada por WWF mediante el seguimiento de imágenes de satélite con los cambios y la evolución de estos regadíos desde hace más de una década.
La misma calculaba que "hasta 1.903,7 hectáreas de cultivos ilegales, ubicadas en los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, se beneficiarían de la proposición de ley", según explicó el responsable de Proyectos de Aguas y Agricultura de WWF España, Felipe Fuentelsaz.
Esta superficie que calcula la organización proviene de dos tipos de suelos: los agrícolas de secano y los forestales. En ambos casos, "transformados ilegalmente" entre 2004 y 2014. Según detalló el coordinador para Doñana de WWF España, Juanjo Carmona, la norma habla de "dos actuaciones, por un lado, el suelo de secano que pasa a ser agrícola de regadíos y, por otro, suelos forestales que pasa a ser de regadíos", todos ellos "de manera ilegal".
Al respecto, abundó en que "1.432,4 hectáreas calificadas de secano, pero que regaron en algún momento entre 2004 y 2014", pasarían a ser convertidas en "suelos agrícolas regables".
Por otro lado, señaló que con la proposición de Ley viene aparejada "la modificación de la Ley Forestal de Andalucía", que "afectaría no solo a Doñana, sino a toda la comunidad", por lo cual "hasta 471,3 hectáreas ilegales en zona forestal, es decir, en zonas donde los agricultores arrancaron deliberadamente las masas de árboles para plantar cultivos ilegales de fresas y frutos rojos", además de que ha señalado que la PDL "califica estas hectáreas primero como suelos agrícolas y, como se comenzaron a regar entre 2004 y 2014, las convierte, en un segundo paso, en suelos agrícolas de regadío".
"Con esta ley se aumentará la superficie de regadío en un 20% y, por tanto, la presión sobre la exhausta Doñana como le ha recriminado la Comisión Europea, ya que no hay recursos para esta superficie y no van a existir en un futuro", reprochó Carmona.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este miércoles al Gobierno central que deje el "sectarismo" y la "soberbia" en relación con el asunto de los regadíos en Doñana y se siente a dialogar para buscar "puntos de encuentro".
En declaraciones a los periodistas durante una visita a Vélez-Málaga, Moreno ha insistido en defender el contenido de la proposición de ley sobre los regadíos en la corona norte de Doñana que ha sido presenta por PP-A y Vox en el Parlamento y que tiene como objetivo precisamente "salvar" el parque nacional.
Ha confiado en que esa proposición de ley pueda enriquecerse durante el trámite parlamentario y que sea "lo más plural y eficiente posible". "Lo que hacemos precisamente es salvar Doñana y poner orden en el desorden que nos dejó el PSOE-A; se trata de ordenar una zona del territorio que no es parque nacional ni parque natural ni preparque y prohibimos tajantemente el uso de aguas subterráneas", ha sentenciado.
Según el presidente, es "una ley garantista, de protección hacia el parque de Doñana y que posibilita que en una situación de desorden y caos que propició la última regulación que hizo el PSOE-A hace ya siete años, se ponga orden".
Moreno ha asegurado que no se puede extraer más agua del subsuelo, pero sí cubrir el déficit de los acuíferos a través de aguas superficiales de los sitos donde hay una cuenca con excedente, que es lo que la Junta lleva "pidiendo cinco años al Gobierno central", sin que hasta ahora haya habido respuesta. Sin embargo, según el presidente, con las elecciones municipales del 28 de mayo, al Ejecutivo de Pedro Sánchez, le ha entrado la "urgencia electoral" y anuncia el trasvase del Tinto-Odiel-Piedras.
El Ejecutivo nacional, según el presidente, tiene que asumir su responsabilidad y hacer las infraestructuras necesarias para
garantizar "lo que pide el 90 por ciento de la población de Huelva, que es protección del medio ambiente y desarrollo económico, que es exactamente lo que proponemos con la ley".
"Que abandone de una vez la soberbia de llamarnos locos o inútiles, y tendrá las puertas de la Junta abiertas de par en par para dialogar y buscar puntos de encuentro", ha dicho Moreno sobre el Gobierno central, al que ha pedido también que "no se ría de los agricultores y ganaderos andaluces", porque la respuesta de éstos "va a ser contundente".
"Que se deje de propaganda y de promesas y que haga obras de urgencia en Andalucía a través de un decreto de sequía", ha señalado Moreno, quien ha recalcado que hace una "llamada de auxilio" al Ejecutivo nacional como responsable del 67 por ciento de las políticas hídricas en Andalucía a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y ha se ha mostrado confiado en que hay margen para la "cooperación".
La organización ecologista SEO/BirdLife reclama un cambio del modelo productivo que lleve al espacio natural de Doñana hacia la "supervivencia a medio plazo" porque "nos encontramos en la última llamada".
Así lo ha señalado el técnico de SEO/BirdLife Carlos Molina antes de entregar más de 146.000 firmas pidiendo la paralización de la proposición de ley sobre regadíos de Doñana y en defensa del Parque Natural, sumándose a entidades científicas, los órganos de gobierno del Parque Nacional de Doñana y la Comisión Europea.
"La situación hídrica actual de Doñana, unido a los efectos producidos por el calentamiento global, está generando una situación que no se conocía en Doñana desde hacía muchísimos años y estamos viviendo una crisis sin precedentes en materia de biodiversidad", ha explicado Molina.
En este sentido, ha apuntado que lo que se necesita es "un cambio en el modelo productivo que lleve a Doñana a una supervivencia a medio plazo". "Estamos en un momento de crisis absoluta y, de momento, todavía pensamos que esta situación es reversible, pero sin duda hay que actuar ya", ha instado.
"Tenemos que exigir a todos los grupos parlamentarios que voten que 'No' frente a esta propuesta de ley y exigirle al Gobierno de la Junta de Andalucía que cumpla con su obligación, que cumpla con las leyes nacionales, con las leyes europeas y que proteja Doñana", ha apuntado.
Así, ha destacado que si no se lleva a cabo esta proposición, "Doñana no estaría condenada de forma automática", aunque ha apuntado que este espacio "se enfrenta a una grave situación". "Tenemos que remar en otra dirección porque Doñana se encuentra ya en una situación de sobreexplotación bastante acusada".
Molina ha indicado que la recogida de firmas en defensa de Doñana ha conseguido una respuesta "muy positiva" y solo en el fin de semana en el que se puso en marcha la proposición de ley de los regadios en esta zona se recogieron 65.000 firmas.
Esta iniciativa se suma a la manifestación de este pasado domingo, convocada por la plataforma Salvemos Doñana --de la que también forma parte SEO/BirdLife--, por las calles de la capital hispalense para exigir al Gobierno andaluz la paralización de la proposición de ley para la regularización de los regadíos de la Corona Norte y apostar por "otras vías de desarrollo que son posibles en la comarca".
Reivindicaciones
Según explica la organización ecologista, la proposición de ley que inicia, por segunda vez, el proceso para su posible aprobación pretende legalizar 650 fincas con pozos, "ignorando los informes técnicos y científicos de todas las administraciones ambientales nacionales; las recomendaciones de la UICN, del Convenio Ramsar y de la Unesco; los acuerdos suscritos por el Consejo de Participación de Doñana; las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, y vulnerando las Directivas de Aguas, de Hábitats, y de Aves".
La entrega de firmas se ha acompañado de una carta al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, en la que SEO/BirdLife recuerda que este nuevo proyecto pretende revocar los planteamientos de ordenación de zonas de regadío establecidos en el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal.
"Las consecuencias de su modificación afectarían al compromiso del Estado español con el Convenio Ramsar y su ejecución impactaría negativamente al conjunto de las poblaciones de aves presentes en Doñana, criterio fundamental para su declaración como Humedal de importancia internacional", subraya en un comunicado.
Según los últimos datos publicados por SEO/BirdLife en el informe sobre el estado de conservación de las aves acuáticas en Doñana, en la invernada 2021-2022 se han censado 87.488 individuos, el número más bajo en 40 años. Asimismo, el informe refleja que más del 80% de las poblaciones de aves acuáticas protegidas que se reproducen en este espacio natural protegido muestran una tendencia regresiva.
Es por ello que la ONG también ha comunicado a organismos internacionales como la Convención de Ramsar sobre los Humedales y a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Unesco, la urgente necesidad de actuar "contundentemente" para intentar revertir "una crisis de biodiversidad sin precedentes en la historia del parque nacional".
La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, afirma que "lo que le está pasando a Doñana es aplicable a otros espacios naturales de nuestro país". "No podemos dejar que una decisión que beneficia a unos pocos ponga en una situación irreversible a la agricultura y al turismo, además de por supuesto, suponer la pérdida de biodiversidad de una de las joyas naturales de Europa", ha insistido.
"Si no contamos con la naturaleza, no nos saldrán las cuentas. Necesitamos justicia ambiental para que haya justicia social. Necesitamos vivir en un entorno sano, seguro y resiliente ante el escenario de emergencia climática y de pérdida de biodiversidad en el que nos encontramos. Defender Doñana no es un capricho ecologista, defender Doñana es defender el interés común", concluye Asunción Ruiz.
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