Detienen a 13 personas en lo que va de año por la supuesta estafa de la planta de reciclaje de Estepa

La Policía Nacional arresta a siete personas esta semana, a las que se suman otras seis en enero, en el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, donde median acusaciones respecto al tratamiento de los residuos

Instalaciones del Consorcio de la Sierra Sur.
Instalaciones del Consorcio de la Sierra Sur.

La Policía Nacional detiene a siete personas en el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, donde se investiga la contratación de una empresa administrada por el secretario y el gerente de la entidad y median acusaciones respecto al tratamiento de los residuos. El pasado 29 de enero ya fueron detenidas otras seis personas en la localidad sevillana. La Policía realizó varios registros en domicilios relacionados con uno de los implicados y se incautó de dinero en efectivo y vehículos de alta gama, como avanzó el diario ABC.

El Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, presidido por el alcalde de Estepa, el socialista Antonio Jesús Muñoz, viene siendo sometido a una investigación judicial. Sobre el secretario del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, José Antonio Mañas, pesa una denuncia de la Fiscalía ante los juzgados de Estepa. La contratación del Consorcio con una empresa supuestamente administrada por el secretario y el gerente de la entidad fue acometida "anteriormente" a su llegada a la presidencia de la institución, explicaba hace unos meses Muñoz. El también alcalde de Estepa expuso que bajo su gestión, el Consorcio ha incoado una "investigación interna" sobre los hechos, quedando "a la espera de las comunicaciones oficiales del Juzgado" para "tomas las medidas" que resulten oportunas.

El Consorcio exponía hace unos meses que el asunto giraría en torno a "documentación anterior a la toma de posesión de Antonio Jesús Muñoz como presidente de la entidad en octubre de 2019", declarando voluntariamente el también alcalde de Estepa, IU avisaba de que hasta el 21 de marzo de 2019, el secretario interventor y el gerente de la entidad figuraban como administradores de una sociedad mercantil radicada en Alicante y con la que el Consorcio habría trabado "importantes operaciones de contratación".

El PP, de su lado, señalaba las informaciones publicadas según las cuales los residuos recogidos por el Consorcio no habrían sido tratados para su reciclaje, sino enterrados en balsas supuestamente ilegales, alertando de un posible "atentado" al medio ambiente. El alcalde de Estepa, no obstante, viene asegurando que "no hay basura enterrada bajo el olivar" cercano a la planta de tratamiento de residuos del Consorcio y que las imágenes publicadas corresponden a "momentos puntuales de residuos sin clasificar", defendiendo la plantilla su "buen hacer" a la hora de desarrollar las funciones y labores de reciclaje de basura.

De cualquier manera, tanto IU como el PP han reclamado anteriormente el cese del secretario interventor del Consorcio, José Antonio Mañas, y del gerente, dada la denuncia promovida en su contra por la Fiscalía a cuenta de las contrataciones de esta entidad pública con la citada empresa alicantina administrada por ambos, una denuncia que iría también contra del alcalde de Casariche, Basilio Carrión (PSOE).

La Fiscalía estima que el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur ha sufrido un perjuicio económico superior al millón de euros por el "concierto previo de los denunciados para obtener un lucro personal de considerable entidad con la reorganización del servicio de recogida de basura", incluyendo entrega de cantidades sin justificar y sin un procedimiento administrativo previo para la firma del contrato, como informa ABC.

El secretario del Consorcio e interventor del Ayuntamiento de Algámitas, José Antonio Mañas, junto al jefe de la planta de reciclaje, Manuel Ibáñez, creó el 31 de octubre de 2014 la empresa Magno Ambiental del Levante, encargada del "servicio de recogida y transporte de residuos no peligrosos, la gestión de residuos y servicios de construcción y movimiento de tierras en general", así como del "suministro de materiales y la redacción de documentos ambientales y realización de trámites administrativos en materia ambiental". La entidad facturó cantidades que aun se desconocen, porque la investigación policial continúa su curso, y el caso se encuentra bajo secreto de sumario.

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