Ustea Cádiz ha recibido en los últimos numerosas consultas, no solo de docentes, sino de madres y padres preocupados por cómo será el inicio del próximo curso 2020/2021. Desde el sindicato denuncian públicamente la absoluta incertidumbre sobre la vuelta a las aulas. "El principal responsable de la situación es el Gobierno central. El pasado 11 de junio tuvo lugar una Conferencia Sectorial de Educación centrada en este tema, la cual no solo no nos ha proporcionado ninguna certeza, sino que además nos ha generado más interrogantes", reseña.
"En ese encuentro entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas se abordó un documento con medidas de prevención planteadas en realidad por el Ministerio de Sanidad, y publicado en su versión definitiva hace pocos días, tras un periodo abierto a las aportaciones. En dicho documento se recogen tan solo recomendaciones y se hace recaer todo el peso en las Comunidades Autónomas. En algún punto incurre incluso en lo risible: el Ministerio de Educación ha cedido a la presión de algunos gobiernos autonómicos, y ha pasado de hablar de grupos de convivencia estables hasta terminar Primaria con un número recomendado de 15 alumnos ampliable a 20, a situar el máximo en los 25, cuando la ratio máxima que permite la legalidad educativa vigente para dicho nivel es precisamente de 25 alumnos", explica el sindicato.
Ustea recuerda que se ha insistido en que el alumnado deberá mantener la distancia interpersonal exigida, o bien llevar mascarilla. "Se hace difícil imaginar otra opción que las mascarillas en nuestras aulas masificadas, en las que además la Consejería de Educación ha aplicado de forma automática ese 10% de incremento de la ratio reservado a casos de escolarización sobrevenida, situación que nos llevó a denunciar al delegado de Educación por presunta prevaricación administrativa", apunta.
"Lo que salió de la Conferencia Sectorial fue un acuerdo de 14 puntos donde se pueden encontrar algunas propuestas que podríamos compartir -como la apuesta por la educación presencial, siempre que tenga lugar con las máximas garantías sanitarias, o la necesidad de tomar medidas para reducir la brecha digital-, pero que no son realmente vinculantes -de hecho, dos autonomías, Madrid y País Vasco no han suscrito dicho acuerdo-, pecan de inconcreción y se hace recaer el peso en las comunidades autónomas", señala Ustea.
El sindicato ha defendido siempre la bajada de la ratio como medida pedagógica, pero en este contexto es, además, una medida sanitaria imprescindible. Una medida defendida también por madres y padres, exigida por las Flampa de Cádiz y Jerez, por ejemplo, en comunicados públicos, para lo que es necesario un incremento de la inversión y de las plantillas. "El Gobierno no está por la labor", apunta. "Lo único que se ha anunciado por parte del Gobierno central es un fondo de 2.000 millones a repartir entre todas las comunidades autónomas. Cantidad insuficiente, incluso ridícula para la situación que atravesamos. Además, desde la Confederación STEs-i, de la que formamos parte Ustea, se le ha exigido que al menos habilite el mecanismo normativo necesario para que dicho dinero vaya destinado exclusivamente a la educación pública, no a la concertada, cosa que el Ministerio no ha hecho", señala.
El sindicato recuerda que, en una entrevista en Canal Sur Radio el pasado viernes 26 de junio, el consejero Javier Imbroda dejó claro que no tenía absolutamente nada concreto que decir sobre la vuelta a las aulas en septiembre. "La única conclusión que puede extraerse de la entrevista es que el consejero Imbroda tiene la intención de hacer con los equipos directivos lo mismo que la ministra Celaá ha hecho con las comunidades autónomas: pasarles la pelota", critica.
Ustea Cádiz denuncia que los Gobiernos central y andaluz no están a la altura de las circunstancias, y que parecen no ser conscientes del riesgo para la salud al que se enfrenta a alumnado, docentes y trabajadores en general de los centros educativos. "Exigimos medidas claras; entre otras, una bajada de la ratio, por motivo no solo pedagógico sino de salud, un incremento en la inversión y en las plantillas docentes, y que esos medios se destinen a la educación pública".
Comentarios