La economía andaluza es la tercera economía de España en cuanto al tamaño de su producto interior bruto, pero su PIB ha caído por debajo del 75% de media comunitaria, lo que la colocará nuevamente en el grupo de las regiones europeas menos desarrolladas. La última etapa de crecimiento vivida en España está a punto de cerrarse sin que "se hayan producido cambios significativos en la estructura económica", lamentaba recientemente el presidente del Observatorio Económico de Andalucía (OEA), Francisco Ferraro. La comunidad autónoma sigue a la cola del desempleo, con una enorme bolsa de población en exclusión social y con numerosas infraestructuras pendientes.
De este modo, Andalucía junto con Extremadura y Castilla-La Mancha, entrarán en la categoría de regiones más débiles dentro de la propuesta de la política de cohesión europea para 2021-2027, por la que España recibirá 34.004 millones de euros, un 5% más que en el marco 2014-2020. Y es que paradójicamente Andalucía podrá recibir más fondos en el nuevo marco que dicta la UE hasta 2027 —también se negocia aportaciones adicionales del Fondo Social Europeo (FSE) para aquellas zonas más vulnerables a las migraciones—, lo que no equivale, visto lo visto, a pensar que pueda salir de su estatus de región débil y de bajo crecimiento.
De hecho, haber permanecido en el siguiente escalón, en el de "regiones en transición", solo ha sido temporal, y nuevamente regresará a los puestos europeos donde se ha mantenido desde hace más de treinta años. Eso, pese a que desde 1986 ha ingresado más de 100.000 millones de euros procedentes de fondos Federales, Fondo Social Europeo y Fondo de Desarrollo Rural, excluyéndose de esta cuenta las ayudas agrícolas. Solo en el anterior marco comunitario, de 2014 a 2020, percibió 6.700 millones de euros.
La UE clasifica las regiones en tres categorías en función de su PIB: las "menos desarrolladas", con un PIB inferior al 75% de la media comunitaria; las regiones "en transición", con un PIB entre el 75% y el 100% de la media; y las desarrolladas, con un PIB igual o superior a la media que no tienen derecho a recibir fondos. A partir de 2021, el PIB seguirá siendo el factor predominante pero se tendrán también en cuenta nuevos criterios ligados la tasa de paro, en particular el juvenil, la recepción e integración de inmigrantes, el cambio climático y el bajo nivel educativo, indicó el Ejecutivo comunitario hace unos meses en un comunicado. Esto explicaría el aumento de los fondos para España, y concretamente para Andalucía, que ha sufrido los efectos de la crisis económica más que otros países comunitarios.