Andalucía perderá 1.200 de los 4.300 millones de euros que se dejará España en el próximo reparto de la PAC

Un agricultor en Chipiona, durante la pandemia. FOTO: MANU GARCÍA
Un agricultor en Chipiona, durante la pandemia. FOTO: MANU GARCÍA

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Cádiz, Asaja Cádiz, lamenta que un andaluz de adopción, el ministro Luis Planas, castigue a la agricultura productiva y por ende a los agricultores y ganaderos gaditanos. El secretario general del sindicato, Luis Ramírez, asegura que “el ministro pretende disimular la mala gestión del Gobierno en la defensa del presupuesto español de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021/2027, enfrentando a los agricultores entre sí, con un modelo que ya para los años 2021 y 2022, años de transición antes de la entrada en vigor de la nueva PAC en 2023, es toda una declaración de intenciones de lo que se avecina”.

Según el último acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual 2021/2027, el campo español perderá en los próximos siete años 4.300 millones de euros, el equivalente a un año de PAC, y Andalucía por tanto cerca de 1.200 millones de euros. “Son las cifras reales sin entrar en el juego y engaño de comparar magnitudes a precios corrientes o constantes, según interese al Gobierno, para vendernos la moto”, comenta Luis Ramírez. En definitiva, una muy mala gestión por parte de nuestro Gobierno que refleja el poco peso que tenemos en Europa, y que ahora desde el Ministerio de Agricultura se quiere tapar con un modelo de reparto de las ayudas que perjudica a Andalucía y a Cádiz, es decir, a aquellas zonas productivas que han apostado por una agricultura moderna y eficiente.

Según el modelo actual de PAC, existen 50 regiones en España (algo que también pretende reducir el ministerio y pasarlo a unas ocho regiones a partir de 2023), cada una con un valor medio de derechos de pago básico. Los agricultores que en una región reciben ayudas por debajo del valor medio de los derechos en esa región, aumentan el valor de sus derechos para garantizar que no perciben menos del 60% del valor medio de la región y los agricultores que reciben ayudas por encima del valor medio de los derechos en esa región ven reducido el valor de sus derechos con una reducción máxima del 30% (algo conocido como convergencia).

Asaja critica que el Ministerio de Agricultura pretende aumentar (así se recoge en el borrador de norma que han recibido ayer las organizaciones agrarias) ese porcentaje del 60% al 70% en 2021 y al 80% en 2022, es decir, algo del todo lógico y que desde el sindicato comparten, que los agricultores que perciben menos ayudas en una región aumenten el importe de las mismas. “Un despropósito donde para tapar los recortes hay que quitarles a unos para darles a otros, algo que nunca hubiera pasado con una PAC sin recortes presupuestarios. Es cierto que la convergencia viene impuesta por Europa pero no en estos porcentajes ni en estas formas. Parece que nuestro Ministro pretende ser más papista que el Papa y hacer encaje de bolillos, a costa de los agricultores, con un presupuesto del que sigue sin reconocer que viene con una reducción de cerca de un 10% respecto al periodo 2014/2020”, indica Luis Ramírez.

El secretario de Asaja Cádiz reseña que “si todo esto es lo que tenemos ya para los años de transición 2021 y 2022, antes de la entrada en vigor de la nueva PAC en 2023, miedo me da qué pasará con ese modelo que nos anuncia el ministro, donde según sus palabras afirma que la PAC ha cambiado y no tiene nada que ver con la anterior, apuntando que el dinero de la PAC no es para Andalucía ni Extremadura, ni para ninguna Comunidad Autónoma y que Andalucía tiene que entender esto. Palabras que debería haber escuchado cuando él fue Consejero de Agricultura, aunque ya no se acuerde, a ver que le parecerían”.

Para Asaja Cádiz y su secretario general todavía se está a tiempo de enmendar el entuerto y proponer una PAC que no contemple el capping (techos en las ayudas, algo que van en contra de lo que hace unos años nos indicaban desde Europa: crecer, tomar dimensión, generar empleo… es decir, adaptar las explotaciones para ser competitivos en un mundo globalizado), que las comunidades de bienes tengan un tratamiento especial, que sean consideradas las empresas de servicios, que tengamos unos ecoesquemas donde, entre otras cosas, se apueste por la ganadería extensiva y por la actividad cinegética, donde los acotados mantienen una biodiversidad única, etc.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía manifiesta su preocupación ante las medidas planteadas por el Ministerio de Agricultura, que ha sometido a consulta pública la modificación de las normas que regulan la PAC para 2021/2022. La organización entiende que la modificación que quiere hacer el ministro de Agricultura perjudica a los profesionales del sector agrario andaluz, a pesar de que Luis Planas lo ha querido vender con tintes solidarios. Y es que al desaparecer la limitación en la reducción de los derechos de pago básico, lo que realmente se genera es una brecha mayor entre las rentas de los agricultores y ganaderos profesionales.

Eduardo López, secretario de organización de COAG Andalucía, asegura que “la convergencia de derechos anunciada por el ministerio provoca la divergencia de rentas entre los profesionales del sector agrario. Es decir, quiere beneficiar a unos profesionales en detrimento de otros”. “Por ejemplo –añade Eduardo López—, podemos hablar del caso de un ganadero profesional con poca base territorial y una renta media-baja, cuya pérdida ascendería a más de 3.000 euros sólo el primer año. Por lo tanto, la aproximación de los derechos es una incoherencia, ya que agricultores con rentas bajas beneficiarán a otros con rentas más altas que las suyas”.

En definitiva, la equiparación de derechos sin tener en cuenta las dimensiones y tipologías de las explotaciones no sirve para alcanzar el objetivo de mejorar las rentas de todos los agricultores y ganaderos. “La homogeneización de pago por hectárea no considera la tipología de explotaciones que hay en un medio agrario tan diverso como el andaluz y el español”, explica el secretario de organización. Por todo ello, COAG Andalucía teme que el Ministerio de Agricultura entre en la reforma de la PAC como un elefante en una cacharrería y hace un llamamiento a la coherencia y solicita una rectificación urgente de las propuestas.

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