Las leyes españolas no pueden contradecir los acuerdos y pactos internacionales.
Ahora que estamos pendientes de la puesta en marcha de la nueva legislatura, y de si habrá gobierno o nuevas elecciones, es un buen momento para reflexionar sobre la adecuación de nuestras leyes a los pactos y acuerdos internacionales a los que deben ajustarse.
La Constitución Española dice en su artículo 95 que "la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.”, quedando aquellos, por lo tanto, por encima de esta; y esta, supeditada a aquellos. Sin embargo, esa misma constitución nació ya con contradicciones y, 38 años después, sigue sin ser revisada. Es más, recientemente el propio Tribunal Constitucional, olvidando este artículo 95 y la supremacía de los tratados internacionales sobre la propia Constitución, ha legitimado la reforma sanitaria bajo la premisa de una “situación de urgente y extrema necesidad” y de “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud”, a pesar de que esa reforma sanitaria que excluye de la atención sanitaria gratuita a las personas migrantes en situación administrativa irregular es manifiestamente contraria al espíritu y a la letra de los tratados internacionales que obligan a España.
En el año 1966 se adoptó en Naciones Unidas el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que entró en vigor el 3 de enero de 1976, y España lo firmó el 28 de septiembre de 1976 y lo ratificó el 27 de abril de 1977, cuando ya estaba en vigor y antes de la redacción de nuestra constitución. Sin embargo, la Constitución Española solo recoge el derecho a la eduación como un derecho; el resto de los DESC son simples principios rectores de la política social española.
El 10 de diciembre de 2008 fue adoptado el Protocolo Facultativo para el PIDESC. España lo firmó el 24 de septiembre de 2009 y lo ratificó el 23 de septiembre de 2010, siendo el primer país europeo en hacerlo. Finalmente, con la ratificación de este protocolo por parte de Uruguay, el décimo país en hacerlo, el PF-PIDESC entró en vigor el 5 de mayo de 2013. Desde ese día, los países como España, que han firmado y ratificado estos tratados están obligados a cumplirlos.
Bajo esta constitución, España es el tercer país de Europa donde más ha crecido la desigualdad
Y sin embargo, la Constitución Española sigue teniendo derechos de primera y derechos de segunda que ni siquiera llegan a serlo. Los DESC no están suficientemente garantizados en nuestra constitución. lo que tiene consecuencias sobre la población, especialmente la más vulnerable, que sufre la falta de acceso a la vivienda, a la salud o a unos ingresos mínimos, y no puede reclamar estos derechos ante los tribunales.
Bajo esta constitución, España es el tercer país de Europa donde más ha crecido la desigualdad, con 760.000 personas sin ingresos y uno de cada cinco hogares en riesgo de pobreza, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Detrás de la supuesta protección del derecho a la vivienda recogido en el artículo 47, desde 2008 se han iniciado 660.856 procesos de ejecución hipotecaria, dejando a muchas personas en la calle sin que hayan podido defender su derecho a una vivienda adecuada ante un juez. Con motivo de las políticas de austeridad, se ha retirado la tarjeta sanitaria a casi 750.000 personas cuando el derecho a la salud está reconocido en el artículo 43.1. Por otra parte, el derecho a un medio ambiente saludable está recogido en el artículo 45 y entre 2009 y 2015 la inversión en este ámbito ha sufrido un recorte del 56% en los Presupuestos Generales del Estado.
Si nuestra constitución no garantiza estos derechos, es el momento de revisarla y reformarla, pero no en la línea de la única, hasta ahora, reforma que ha sufrido. En la reforma del artículo 35 de la Constitución Española, los intereses económicos se ponen por delante de los intereses y los derechos de las personas. No es esta la reforma necesaria, al menos no antes de hacer una reforma que blinde los derechos de las personas, una reforma que garantice lo que ya la Declaracióm Universal de los Derechos Humanos establecía en 1945, que todos los derechos humanos son iguales. No hay derechos de primera y derechos de segunda, todos son iguales, universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles. Nuestra constitución debe ser reformada para garantizar que los DESC dejen de ser meros principios rectores de la política social española y pasen a ser derechos al mismo nivel que los derechos civiles y políticos.
No hay derechos de primera y derechos de segunda, todos son iguales, universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles
Por eso, Amnistía Internacional, junto a Oxfam Intermon y Greenpeace, exigen a los políticos esa reforma constitucional necesaria que blinde los derechos de las personas y proponen la modificación de 24 disposiciones constitucionales y una profunda reforma del artículo 53, que es el responsable de hacer una distinción artificial entre derechos, como el derecho a la vida o a la libertad (que gozan de una protección reforzada y se pueden denunciar directamente ante los tribunales) y el derecho a la vivienda o al medio ambiente, cuyo nivel de protección es mucho menor.
La crisis económica no puede ni debe ser una excusa para eliminar las obligaciones de derechos humanos de un Estado. Estamos obligados, en cualquier caso, al mayor respeto de todos y cada uno de los derechos para todas y cada una de las personas. Estos objetivos no se podrán lograr sin un sistema fiscal más justo, equitativo y progresivo, que recaude más de quienes más tienen e invirta en políticas públicas que garanticen los derechos de las personas más vulnerables. La Constitución debe reflejar de forma clara la obligación de distribuir el gasto público de forma justa, asegurando fondos suficientes para financiar el cumplimiento de los derechos humanos.
Nuestros gobernantes y legisladores y hasta el Tribunal Constitucional, parecen olvidar la íntima conexión entre el derecho a la salud y el derecho a la vida y a la integridad física. No, los DESC, además de ser derechos plenos, inciden directamente en los más básicos derechos y en la propia dignidad humana y, rebajándolos, no hacemos sino rebajar la humanidad de quienes sufren su violación.
Juan Francisco Villar Caño es coordinador de MMCC de Amnistía Internacional Andalucía.
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