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Más que de democracia se podría hablar de dictadura del poder financiero, apoyado por los grandes partidos herederos de la Transición, cuyos cuadros son meros funcionarios al servicio de las direcciones que a su vez sirven a los dueños del dinero.

Cuando en noviembre de 1975 falleció el mediocre dictador que había gobernado el Estado Español desde la rebelión militar contra la República, un viejo militante del PSUC, el partido de los comunistas catalanes, me dijo: “Lo peor de la dictadura es la herencia que nos deja”, algo relacionado con esa idea de Andrés Trapiello, quien sostiene que las consecuencias de la guerra civil pueden asemejarse a las padecidas durante demasiado tiempo a causa de la expulsión de judíos y musulmanes, a finales del siglo XV. En tiempos de las esperanzas que la desaparición de Franco suscitaron, aún la oposición democrática debatía en torno a dos opciones: ruptura o transición, pero se olvidaba la amenaza del “todo queda atado y bien atado”, que no era precisamente una fatua altanería del oxidado sátrapa. La operación Transición ya estaba en rodaje, y su objeto fue que todo permaneciese igual bajo la falsa apariencia de un cambio democrático.

Significativo que esa Transición la liderase Adolfo Suárez, ministro jefe del Movimiento Nacional, el partido único del franquismo quien acababa de justificar públicamente los cinco fusilamientos del 27 de septiembre de aquel decisivo 1975, atribuyendo la enérgica repulsa internacional que produjo una masiva retirada de embajadores, a la “conspiración judeo masónica” tan repetida durante años por la voz atiplada del pequeño general. Cuando Jorge Semprún dimite en marzo de 1991 como Ministro de Cultura lo hace, según él mismo dejó escrito, después de coincidir en una cena de protocolo con el policía que le había torturado cuando fue detenido por su militancia en el Partido Comunista, un criminal que en ese momento ocupaba un alto cargo del gobierno socialista.

Dos jugadas resultaron clave en la operación. En octubre de 1974 un PSOE sin implantación en la España de entonces celebra en Suresnes su 13º Congreso, en él un grupo de jóvenes sevillanos le arrebatan la dirección del partido histórico a los veteranos exilados, y eso va a representar un cambio gradual que incluye la renuncia al marxismo y a los ideales republicanos. La periodista Pilar Cernuda habla del papel desempeñado por el entonces coronel Casinello, de la inteligencia militar franquista, en la organización y desarrollo del proceso. Por otra parte Suárez negocia con Santiago Carrillo la desmovilización de un Partido Comunista que contaba con una sólida implantación en los cinturones obreros de las grandes ciudades industriales, así como en círculos profesionales, universitarios, intelectuales, y en los ámbitos del arte, cine, teatro y música; todo ello a cambio de una legalización controlada que aún así tardó en llegar por la resistencia emocional de los militares.

Con esos mimbres se redacta una Constitución monárquica y de democracia limitada que se aprueba el 6 de diciembre de 1978 mediante baja participación, con el apoyo decidido del nuevo PSOE y del PCE de Carrillo, y la abstención de los nacionalistas vascos y catalanes. Las carencias democráticas más evidentes han sido relatadas por profesores de Derecho Constitucional: sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas; intromisión del ejecutivo en el legislativo mediante los Decretos de Ley, de los cuales ha abusado el gobierno Rajoy de forma escandalosa; control del poder judicial mediante un viciado sistema de nombramientos, y el ejercicio de medidas de gracia que ha permitido la impunidad de la corrupción; pero sobre todo ausencia de garantías para el ejercicio de los derechos humanos que se citan a nivel meramente enunciativo: salud, pensiones, vivienda, bienestar económico, enseñanza, cultura y medio ambiente.

En este marco, más que de democracia se podría hablar de dictadura del poder financiero, apoyado por los grandes partidos herederos de la Transición, cuyos cuadros son meros funcionarios al servicio de las direcciones que a su vez sirven a los dueños del dinero. Con las secuelas añadidas de: corrupción, ausencia de cultura democrática y desinterés por los problemas de la gente. La crisis financiera de 2008 agrava esta situación, ya que la Banca exige un fuerte recorte de los gastos sociales, así como la desviación de fondos públicos para resolver sus propios problemas. 

La modificación del artículo 135 de la Constitución perpetrado entre Zapatero y Rajoy en julio de 2011, y el “rescate bancario” que costó la mitad del Producto Interior Bruto Anual de la nación, son hitos que prueban la ausencia de democracia. No sólo se recortan los servicios y los derechos, ya de por sí precarios, la presión de los bancos se hace inhumana con esa cadena de desahucios y embargos que han sumido en la pobreza a demasiada gente. Los gobiernos españoles ni siquiera han exigido a los Bancos una quita de las deudas que acosan a las pequeñas empresas y a las familias, como justa contrapartida al enorme capital público que se les ha entregado, y tal cual se hizo en otros Estados.

Al menos aún se atisban signos de esperanza: la crisis del bipartidismo PP-PSOE, el empuje de una nueva izquierda, y la movilización de colectivos sociales contra las políticas impopulares, como las “mareas” que luchan por la salud, la enseñanza y el derecho a una vivienda digna. La derecha clásica gobierna en precario y en el seno del PSOE parecen avanzar posiciones socialdemócratas. Pero aún pintan bastos y las normas de convivencia emanan de cenáculos financieros, como la Troika o el Ibex 35. Queda mucho para que la gente recupere un mínimo de protagonismo en la gestión de los bienes públicos.

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