Una manifestación educativa, en Jerez. FOTO: MANU GARCÍA
Una manifestación educativa, en Jerez. FOTO: MANU GARCÍA

Se ha convertido en un lugar común en España que con la entrada de un nuevo Gobierno, sea del signo político que sea, dentro de su paquete de nuevas medidas para la legislatura venga de suyo —como un fatum o destino insalvable— una nueva Ley de educación. Así, en lo que llevamos de democracia, la futura Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), que revertirá la norma en vigor, la polémica Lomce o Ley Wert, aprobada por el PP en 2013, se convertirá en la octava ley de nuestro sistema de enseñanza. Si la aritmética no me falla, toca a nueva Ley educativa cada cinco años. Algo que, por otra parte, no es novedoso, ya que históricamente en nuestro país lo del fatum reformador viene persiguiéndonos sin solución de continuidad desde hace tiempo.

Vean si no: desde 1836 hasta 1975 ha habido más de 30 reformas de leyes educativas, saliendo a una media de una cada cuatro años, aproximadamente. De manera que cualquier alumno que comienza sus estudios en primaria no se librará de padecer dos o tres leyes educativas distintas si tiene el suficiente empeño y tenacidad de llegar a la secundaria no obligatoria o bachillerato. En el caso de los profesores la cosa es aún peor, pues a sus años escolares hay que sumar sus años profesionales, siendo probable que hayan tenido que cumplir el mandato de someterse a nueve o diez leyes de educación sin rechistar (como es mi caso). Y digo bien, sin rechistar.

A quien haya leído el libro El telón. Ensayo en siete partes, de Milan Kundera o la novela El otoño de la vida, de Adalbert Stifter, no le resultará desconocido el argumento que uno y otro autores exponen acerca de la burocratización inherente a las administraciones de los Estados modernos, donde a un número cada vez mayor de empleados y, entre ellos, inevitablemente, algunos incompetentes o muy incompetentes, no se les exige que como funcionarios comprendan la problemática de la que se ocupa su administración, sino que ejerzan con el mayor celo posible distintas operaciones sin entenderlas. Esto es: acatar la ley sin rechistar, o al menos sin rechistar mientras la cumplen.

De modo que, aunque los planes educativos estén cambiando constantemente y afectando notoriamente a uno de los pilares básicos de la existencia de cualquier individuo, sin que como ya en su día señalara el insigne médico y académico don Gregorio Marañón haya regido nunca en España un plan de estudios racional, moderno y sobre todo estable, los padres seguirán despreocupándose de que a sus hijos les enseñen bien mientras les aprueben los cursos.

Porque no nos engañemos, al margen de las disputas ideológicas entre los partidos políticos en torno a si la Religión debe o no debe computar en el currículum o a si los padres deben dar el "sí, quiero" a determinadas actividades complementarias, de lo que se trata fundamentalmente con cada cambio de ley es de elevar el número de alumnos aprobados, y para ello en las últimas décadas los políticos han hecho todo lo que estaba en sus manos para mantener a esta sociedad civil en estado letal, destruyendo una y otra vez los sistemas de enseñanza.

Por eso ahora, con la nueva Ley, se va a autorizar que los alumnos puedan obtener el título de bachillerato con una asignatura suspensa. Habría que ser muy tonto para pensar que las calles se van a llenar de manifestantes (alumnos, profesores, padres) en protesta enconada contra tal medida. Lo más probable es que los alumnos lo celebren —sobre todo los que tengan atravesada alguna asignatura—, los padres ni se inmuten y los profesores como funcionarios acatemos sin rechistar tan estrambótica medida gubernamental.

Me pregunto qué actitud adoptarán mis compañeros de profesión ante aquellos alumnos que decidan abiertamente pasar de sus clases durante todo el año escolar a sabiendas de que no pueden obligarlos a que se esfuercen por aprender lo que les explica. La casuística, además, plantea un escenario de posibilidades terrible, ya que por ejemplo nos podríamos encontrar con que en un aula todo el alumnado decidiera no estudiar una asignatura, suspenderla y aún así obtener el título de bachiller. Pero lo peor, con todo, no es eso. Más peligroso me parece el mensaje que se le está trasladando a la sociedad en su conjunto y al alumnado en particular: el de que la ignorancia se premia.

Por eso no me resulta extraño que algunos de nuestros más destacados escritores vengan advirtiendo, cuando no directamente despotricando —caso por ejemplo de Manuel Vilas en su celebrada novela Ordesa— del mal estado actual de nuestra enseñanza. Y abundando en la idea del fomento de la ignorancia en nuestros días, no es baladí que Javier Marías señalara en una entrevista que el ser ignorante es algo que treinta o cuarenta años atrás a la gente no le gustaba ser o que como mínimo se avergonzaba de ser, mientras que ahora es todo lo contrario, ya que no sólo no se avergüenza nadie de ser ignorante, sino que incluso se enorgullece de serlo, por esa cosa tan española de "pues sí, no sé eso, ¿y qué?".

En fin, no sé qué les deparará el futuro a nuestros alumnos. Lo que sí sé es que con la aprobación de la nueva Ley serán muy diferentes a los alumnos de los países de nuestro entorno. Y, oh paradoja, serán más sabios que ellos: más sabios sobre todo a la hora de decidir de qué asignatura no quieren saber nada. ¿Y qué?

Ricardo Álamo es escritor y profesor

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