Inteligencia Artificial: la UE aspira a poner puertas al campo

El Parlamento Europeo aprueba una ley que aspira a regular el uso de la IA, incidiendo especialmente en la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos de gobiernos y empresas

Una imagen del Parlamento Europeo. Europa se enfrenta a diversos retos en los próximos años.
Una imagen del Parlamento Europeo. Europa se enfrenta a diversos retos en los próximos años.

El Parlamento Europeo ha aprobado la primera ley que pretende regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de la Unión. Hace ya tiempo que la IA artificial está en el ámbito social y económico, aunque se puede decir que su 'estallido' definitivo ha sido justo en la pospandemia. Seguro que son muchos los ciudadanos que entienden que intentar regular la IA es algo así como poner puertas al campo, pero el Parlamento Europeo, después de meses de trabajo, se ha animado a hacerlo, ya que entiende que hay muchos derechos que reforzar frente a este mundo que apenas está dando sus primeros pasos, pero del que se vislumbra su enorme potencial. En todos los sentidos.

La Unión Europea pretende acotar los peligros que lleva consigo la IA sin perjudicar la innovación tecnológica, es decir, reto sobre reto. El trabajo estaba muy avanzado –hay que reseñar que buena parte del mismo se produjo durante el semestre de presidencia de España– y ahora el Parlamento ha venido a rematar los últimos flecos, con más de 520 votos a favor y 46 en contra (49 abstenciones), un respaldo político muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad de lo que se ha negociado y los intereses que mueve ya este importante sector.

La nueva ley prohíbe de manera específica los algoritmos encaminados a vulnerar derechos fundamentales, reconocimiento de emociones, rastreo de datos biométricos u opiniones políticas de los ciudadanos, aspectos que se sustancian en temas, por ejemplo, como la limpieza de los procesos electorales o la evaluación de los clientes por parte de los bancos. Se establece una clasificación de riesgos asociados, en función de la peligrosidad que entrañan, desde inaceptable a mínimo. Parece razonable el cerco a las identificaciones biométricas, salvo en temas judiciales y policiales, igual que la seguridad de infraestructuras que se consideren críticas. Por supuesto, hay un régimen de sanciones... Una ley integral y ambiciosa, que solo el tiempo dirá si está a la altura del reto.

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