El pasado 25 de noviembre se conmemoró un año más el Día Internacional contra la Violencia de Género, instaurado mundialmente en 1999. La posible y debatida supresión de la ley contra la violencia de género en Andalucía, aprobada en nuestro país en 2007 y recientemente ampliada por la Junta sobre todo en lo que se refiere al concepto de agresión sexual, que se considera como tal independientemente de la relación que el agresor guarde con la víctima, sería sin duda un retroceso impresionante para los derechos de las mujeres, adquiridos a base de tanto sufrimiento, aunque no haya podido impedir los asesinatos de 47 de nosotras en el último año y de los 9 que se han producido ya hasta la fecha. De hecho las manifestaciones a favor de no dar un paso atrás en esta materia llenaron el 15 de enero las calles de las principales ciudades de la comunidad, siendo una de las más reivindicativas la que tuvo lugar en Jerez, que se ha hecho viral.
Hay un tipo de violencia de la que poco o nada se habla, y que sin embargo bien podría encuadrarse como violencia de género, y es la violencia filio-parental, ya que en la mayoría de los casos es ejercida, debido a diferentes causas, por hijos varones, adolescentes o jóvenes, contra sus madres, mujeres solas, solteras, viudas o divorciadas. Y no hablemos ya del aumento de las agresiones sexuales fuera de la pareja o ex-pareja, muchas veces contra adolescentes y en grupo.
Ahora es la pornografía de fácil acceso a través de Internet la que enseña a los chicos que las mujeres somos objetos para el placer y no personas. Se normaliza, ante cualquier conflicto, como respuesta válida la violencia a través del acoso, amplificado y difundido por las redes sociales. Tampoco han ayudado mucho las últimas sentencias judiciales en este aspecto. Si además se potencia la vuelta a los roles tradicionales, todos los esfuerzos de tantos años por una libertad e igualdad real entre los dos sexos habrán sido en vano.
El patriarcado es una violencia estructural íntimamente unida al capitalismo, como se demuestra en la mal llamada “maternidad subrogada”, es decir, el alquiler para la reproducción de los vientres de mujeres pobres por parte casi siempre de hombres o parejas adinerados. Es lo mismo que suele ocurrir con la prostitución: se comercia mayoritariamente con los cuerpos de mujeres que proceden de las clases más desfavorecidas o de los países más pobres del mundo, como Nigeria.
Y no olvidemos que, según los sindicatos, el 55% de los nuevos puestos de trabajo el pasado año han sido para los hombres, y sólo el 45% restante para las mujeres, a las que afecta sobre todo la pobreza o unas condiciones laborales precarias. La tasa de paro femenina está también en casi 4 puntos por encima de la masculina y se ceba en muchos casos en familias monoparentales a cuyo frente está una mujer, y por tanto también en sus hijos. No hay más que citar el caso de Manuela Vargas, la empleada del hotel Tierras de Jerez, que sigue sin cobrar por su trabajo, de las asistentas municipales a la dependencia, que han estado tanto tiempo sin recibir sus salarios, o el de las llamadas kellys.
Nuestra Constitución, cuya aprobación conmemoramos el pasado 6 de diciembre, consagra el derecho al trabajo y a una vivienda digna para todos los españoles. Los derechos recogidos en ella a partir del artículo 40 son derechos sociales, económicos, ambientales y culturales que se reconocen, pero que no pueden reclamarse por vía judicial como otros: por lo tanto son meramente nominales, si el gobierno correspondiente no los hace valer mediante decretos y leyes adecuadas, cosa que no es precisamente lo que está ocurriendo.
Cada día se cierran empresas o se producen despidos encubiertos. En Jerez tenemos unos 32.000 desempleados. Está claro que muchos ciudadanos y ciudadanas no tienen ni un salario ni un trabajo dignos, ni siquiera vivienda, y tanto el paro juvenil como la tasa de jóvenes que no pueden emanciparse es de los más altos de Europa. Muchas personas tienen que elegir entre comer o pagar la factura de la luz. Esta es una violencia estructural que produce ausencia de horizonte vital y familiar, depresión, estrés, suicidio.
Y hay otra violencia oculta de la que no se habla: los accidentes de trabajo. En 2017 —no hemos encontrado aún datos globales del 2018—, hubo 618 fallecidos en los 583.425 accidentes laborales que se produjeron en nuestro país, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, once más que en 2016, lo que supone un aumento en términos relativos del 1,8%. Es decir, tres trabajadores muertos por cada día laborable. Sólo en Castilla y León, en 2018 murieron 56 personas en accidente de trabajo; por centrarnos más en Andalucía, en Huelva hubo en 2018 nueve accidentes mortales, un 33% más que el año anterior, y en Cádiz ya van dos sólo en el mes de enero de 2019, habiendo denunciado CCOO el deterioro de la política de prevención laboral y que algunos de estos accidentes no se recogen en las estadísticas oficiales. Según este sindicato, en Andalucía la tendencia es de aumento en un cuatro por ciento con respecto a los datos de 2017. Dramáticas consecuencias de la precariedad en el trabajo, que en este caso afecta sobre todo a trabajadores varones en sectores como la construcción o la agricultura.
Y si atendemos a la vivienda, los desahucios —medio millón en la última década en nuestro país— afectan a familias enteras y especialmente a mujeres mayores y solas que no pueden pagar las desenfrenadas subidas de los alquileres que el gobierno de Sánchez no se ha atrevido todavía a regular. No hace tanto supimos del suicidio de una señora de 65 años en Madrid por este motivo, y no es más que la punta del iceberg. Se sospecha que hay un acuerdo entre el Gobierno y los principales medios de comunicación para no dar noticias sobre los suicidios causados por esta inmensa tragedia que se desarrolla sobre todo en las grandes ciudades de nuestro país.
Según Cáritas, hay entre 31.000 y 40.000 personas sin hogar en España y tres millones de casas vacías. Los salarios crecen 6 veces menos que las rentas de alquiler. Cada 6 días muere una persona en la calle. Cada 18 días, con violencia. Aterrador.
¿Y qué decir de los pediatras con más de 70 niños en su jornada laboral, de los médicos que no pueden dedicar ni siquiera diez minutos a sus pacientes? ¿Qué decir de un sistema educativo con tasas de fracaso escolar de las más altas de Europa? La educación, que debería ser un factor de igualación social, es hoy un ascensor parado o descendente; desde el 2009 se le dedican cada vez menos recursos. La cualificación académica ya no es una garantía de empleo, lo que disminuye el interés por el estudio y produce una generación con ira almacenada. Una generación que ante cualquier conflicto normaliza como respuesta válida la violencia a través por ejemplo del acoso, amplificado y difundido por las redes sociales.
La Constitución, sí, consagra el derecho a la educación y a la sanidad, pero ambos sistemas públicos han sufrido un gravísimo deterioro en los últimos años.
En cuanto a la Ley de Memoria Histórica, aprobada por Zapatero pero que se quedó a medio camino y perdió con Rajoy toda su dotación económica, es una increíble anomalía que un país que se dice democrático desde hace cuatro décadas, sea incapaz de desenterrar a sus desaparecidos y entregárselos a sus familiares. Hay 2.457 fosas comunes llenas de asesinados y fusilados en todo el territorio nacional, de las que 1.221 nunca han sido abiertas. La Ley de Amnistía bloqueó en 1977 la posibilidad de llevar a juicio a los responsables de las ejecuciones y torturas del franquismo: la mayoría de los culpables y de los testigos ya han muerto, que es lo que probablemente se pretendía. Tras el intento frustrado de Baltasar Garzón, la llamada “querella argentina” de la jueza María Servini ha sido continuamente bloqueada tanto por el Gobierno como por la Fiscalía. Sólo un 10% de los desaparecidos en España han sido localizados e identificados en los últimos 40 años.
En concreto en Andalucía, donde la Ley de Memoria Democrática se aprobó en 2017, a pesar de que desde la entrada en vigor de la misma se han desarrollado 27 intervenciones directas en fosas y recuperado unos 417 cuerpos, hay más de 45.000 víctimas todavía sepultadas en cementerios y cunetas. El proyecto “Todos los Nombres”, coordinado desde el sindicato CGT, tiene registrados 96.762 desaparecidos en la comunidad por el régimen franquista, pero no existe un censo oficial. Sólo en el cementerio de San Fernando de Sevilla se encuentran 6 fosas comunes con alrededor de 4.500 cadáveres, aunque aquí se han iniciado ya las labores de exhumación.
Hace poco la Junta ha hecho públicos trabajos que se desarrollarán próximamente en 10 municipios andaluces, entre ellos en Jerez, El Puerto y Cádiz capital: eran actuaciones ya aprobadas por la anterior consejería del PSOE. Pero no sabemos qué va a ocurrir ahora con la simbología franquista, con Queipo de Llano en la Macarena o con la trama de bebés robados. El banco de ADN sigue siendo una promesa sin materializar, así como las intervenciones proyectadas en Córdoba (más de 4.000 asesinados), Huelva (más de 3.500 cuerpos) y otros lugares. El nuevo gobierno andaluz puede paralizar las intervenciones. Se condenaría así a muchas familias de represaliados a no obtener nunca verdad, justicia y reparación, lo que constituye una violencia que se prolonga ya durante demasiado tiempo.
Por otro lado, la llegada de migrantes a España se ha acrecentado en 2018, en que arribaron a nuestras costas más de 57.000 personas, casi 4.000 ya en lo que va de año. Mucha gente en nuestro país sigue repitiendo como un mantra que son los inmigrantes los que nos quitan el trabajo, lo que es totalmente incierto porque ellos sólo ocupan un 1% de los puestos de trabajo disponibles, casi siempre los peor pagados y los que los españoles no queremos, por ejemplo los más duros relacionados con las labores del campo o las tareas asistenciales a personas mayores.
El caso es que el barco Open Arms sigue anclado en el puerto de Barcelona con más de 300 personas a bordo, porque según el gobierno no tiene suficientes medidas de seguridad, aunque el presidente Sánchez acogió al Aquarius y al mismo Open Arms en varias ocasiones con los brazos abiertos al principio de su mandato. Haciendo gala de una política totalmente errática en esta materia, unos meses después se practican devoluciones en caliente, se bloquean los barcos de rescate, se silencia a Salvamento Marítimo, no cambia la línea del gobierno anterior con respecto a los CIE y se propone reducir la inmigración irregular en un 50%, e incluso reenviar a los MENA (Menores no acompañados) a sus países de origen, poniendo por encima de los Derechos Humanos la condición de extranjero. Según datos de Acnur, en 2018 hubo 2.262 personas fallecidas en el ya inmenso cementerio del Mediterráneo intentando alcanzar una vida más digna o huir del horror.
El maltrato animal y el blindaje de la tauromaquia, especialmente en Andalucía, es decir, el considerar como fiesta la tortura y muerte de cientos de animales, televisada en horario infantil y fomentada en las escuelas taurinas, así como la caza, cuyas partidas suelen terminar con la muerte o el abandono de los galgos que han participado en ellas, constituyen también violencia y no pueden ser motivo de orgullo para ninguna sociedad civilizada, por mucho que forme parte de nuestras tradiciones.
Y si esto sucede en España ¿qué decir de lo que pasa en otras zonas del mundo? ¿Qué decir de las guerras, como la interminable de Siria o la de Yemen —a las que por cierto contribuye nuestro país enviando armas a Arabia Saudita—, que asesinan, que rompen la vida o el futuro de tantos civiles inocentes? ¿O de los innumerables campos de desplazados, de las cárceles israelíes y el sistemático incumplimiento de los compromisos firmados por el gobierno de Israel? ¿De los crímenes del gobierno de Arabia Saudita? ¿O de los terribles caminos de la inmigración hacia Europa o EE.UU ? ¿Qué podemos decir de la política migratoria de Trump, que ha separado a 6.000 niños de sus padres, sin registros ni coordinación, que ha provocado la muerte bajo custodia policial de dos niños guatemaltecos, Jakelín, de 7 años, y Felipe, de 8, y que antepone la construcción de un muro racista al funcionamiento de todo un país? ¿Qué decir del cerco implacable a Maduro en Venezuela, el país con las mayores reservas petrolíferas del mundo, diseñado paso a paso, una vez más, por su omnipotente vecino del Norte?
El 30 de enero hemos celebrado el Día de la Paz y de la No Violencia; pero ¿puede haber paz con curas pederastas que no son castigados, con pornografía infantil que bebe de la miseria y la vulnerabilidad y de la que sólo se descubre un 1%? ¿Es posible la paz sin justicia, sin igualdad, sin libertades y derechos básicos y con una constante manipulación mediática de la información?