“Exigimos que los gobiernos intensifiquen las acciones de vigilancia y protección de territorios invadidos por petroleros, mineros, madereros y personas ajenas a los territorios ya que se han identificado empresas y zonas donde las medidas de excepción dictaminadas no se cumplen y las actividades extractivas avanzan poniendo en alto riesgo a los pueblos y comunidades asentados en estas zonas”. La misiva proviene de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y está dirigido a los gobiernos de los países amazónico, frente a la emergencia que implica la propagación del coronavirus alrededor del mundo. Un pedido de carácter similar es el que ha emitido recientemente la ONG ambientalista Greenpeace Indonesia. Según la organización, las selvas tropicales del sudeste asiático se enfrentan a una mayor amenaza de los madereros y cazadores furtivos ilegales, mientras que los restricciones del coronavirus impiden a los guardianes del bosque continuar con sus esfuerzos de conservación.
“El negocio ilegal sigue teniendo actividades en la Amazonía a pesar del Covid-19”, afirma Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace Andino. Según Mingo, la mayoría de los bosques de América Latina están amenazados por el incremento de las deforestaciones. Sus declaraciones coinciden con las cifras presentadas en las últimas semanas por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de Brasil, que evidencian un aumento de la deforestación en la amazonia brasileña entre enero y marzo de 2020, en un 51% con respecto al mismo período en 2019. “El brote de coronavirus prácticamente ha paralizado todos los segmentos de la economía brasileña, pero no la destrucción ambiental”, explica Carlos Nobre, investigador especializado en la Amazonia de la Universidad de Sao Paulo.
Este incremento en la deforestación que se registra en Brasil, no es un hecho aislado, sino más bien una tendencia que amenaza la conservación de bosques y selvas tropicales en todo el mundo. Indonesia, cuyos bosques tropicales son los terceros más grandes del mundo, ha perdido la cuarta parte de sus bosques en los últimos 25 años. La década pasada, el país asiático se posicionó como el tercer país emisor en gases de efecto invernadero del mundo, como consecuencia del aumento generalizado de la deforestación. Como lo explica Greenpeace, Indonesia alberga entre el 10% y el 15% de todas las plantas, mamíferos y aves conocidos en el planeta. A pesar de ello, sus bosques están siendo talados y sustituidos por plantaciones para la producción de aceite de palma y plantaciones de papel para el cultivo de tejidos, papel y envases.
Durante más de diez años, Greenpeace y otras organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) han hecho llamados públicos a corporaciones y empresas internacionales a limpiar sus cadenas de producción. Nestlé, Mondelez, Mars, son algunas de las compañías que recibieron llamados de atención por el rastro de deforestación y explotación en sus cadenas de suministro. Pocas han decidido hacer algo al respecto.
En cuanto a la industria de la pulpa y el papel, a lo largo de los años, Greenpeace se ha enfocado en dos grandes empresas: Asia Pulp and Paper (APP) y Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL), cuyos productos de papel, desde papel higiénico hasta suministros de oficina, llegan a corporaciones en todas partes del mundo. Ambas empresas mantuvieron lazos con un proveedor de madera acusado de limpiar más de 20.000 hectáreas de bosques naturales entre 2013 y 2018. Asia Pulp and Paper es la compañía de pulpa y papel más grande de Indonesia y para Kiki Taufik, director de la campaña de bosques de Indonesia en Greenpeace, “APP se conviritió en la empresa de pulpa y papel más famosa del mundo después de años de destrucción forestal y vínculos con abusos contra los derechos humanos”. En 2013, la empresa se comprometió a poner fin a la deforestación y asumió compromisos de deforestación que duraron poco tiempo.
Un informe presentado por una coalición de ONG demostró que Asia Pulp and Paper y su empresa matriz, el grupo Sinar Mas, dirigido por la familia de origen chino-indonesia Widjaja, continuaron obteniendo madera de un proveedor que violó los compromisos de no deforestación. Mientras tanto, otra de las compañías satélite del grupo, Paper Excellence (PE) enfrentaba acusaciones en Nueva Escocia, Canadá, por la contaminación de las aguas de la laguna de Boat Harbour, en las inmediaciones de los asentamientos de una comunidad indígena. Acusaciones que finalmente derivaron en el cierre de la fábrica de papel de la empresa, Northern Pulp, a comienzos de este 2020.
A pesar de las denuncias públicas y de las irrefutables pruebas acumuladas que demuestran el vínculo de estos grupos empresariales con la tala indiscriminada de bosques, estos conglomerados continúan operando en la región con total impunidad. Ahora, con los esfuerzos puestos en el manejo de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, las empresas del sector de la pulpa y el papel actúan con incluso, mayor libertad que antes. Con el incremento en la demanda de productos como el papel higiénico e incluso las mascarillas quirúrgicas, las empresas del sector estarían en un apogeo que las exime de rendir cuentas. La pregunta es, a qué costo. El mes pasado, Asia Pulp and Paper y Sinar Mas, anunciaron que producirían 1.8 millones de mascarillas por mes a través de una de sus fábricas en Indonesia. Con este aumento en la producción, crecen las dudas sobre los parámetros bajo los cuales continuará operando la empresa. ¿Seguirá incumpliendo los compromisos ambientales al saberse protegida bajo la excusa de la pandemia?, se preguntan los ambientalistas. Lo cierto es que su historial, la condena.
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