Las estrategias comerciales de las distribuidoras y la sequía disparan casi un 50% el precio en tres años, mientras las más de 200.000 familias españolas que viven de las explotaciones olivareras se encuentran al borde de la ruina.
El mercado del aceite de oliva fluctúa entre paradojas: el consumidor lo compra caro porque el comercio y los distribuidores le ponen precios elevados, pero su producción, prácticamente de subsistencia, solo se mantiene porque sigue siendo una de las vías que permite a familias de zonas rurales reforzar los ingresos con los que pasan el año. En España, a más de 200.000.
Los datos de la cesta de la compra del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que el precio del aceite subió un 26,5% el año pasado en España, tras haber bajado un 4% el anterior después de dos aumentos del 3,4% y del 18% en los dos ejercicios anteriores. Desde agosto de 2012 su precio de venta al público se ha incrementado en casi un 50%.
La Información de Precios de la Secretaría de Estado de Comercio cifraba la primera semana de marzo el precio de venta al público del litro de Aove en una horquilla de 3,70 a 6,14 euros –el frecuente era de 4,80-- mientras el de menos de un grado oscilaba entre 3,28 y 4,82 para situar el habitual en 3,91.
Los aumentos del precio del aceite de oliva son generales en Europa. The Financial Times alertaba hace unas semanas de un incremento generalizado del 20% como consecuencia de dos factores: la escasez de lluvias y la extensión por los olivares italianos de una enfermedad llamadaxylella fastidiosa, que estaría provocando un desplome de la producción en Italia, donde el año pasado se registró “la peor cosecha en 25 años”, según un analista de Rabobank que cita el FT.
Sin embargo, los expertos españoles ponen en tela de juicio ese análisis. La producción mundial de aceite de oliva se sitúa en torno a los tres millones de toneladas, casi la mitad de las cuales salían de España, donde los dos últimos años ha caído casi a la mitad para situarse en 800.000 toneladas, mientras países como Italia siguen moviendo –que no fabricando-- unas 350.000 al tiempo que emergen como exportadores países de la orilla sur del Mediterráneo, caso de Túnez y, en menor medida, Marruecos. La influencia de la xylella en ese mercado, añaden, no supera la categoría de anécdota.
La causa principal del desplome de la producción hispánica es meteorológica: la pluviometría ha caído del millar de litros de agua por metro cuadrado de 2012 y 2013 a menos de 400 en 2014 y 2015 en amplias zonas del sur, explica Juan Luis Ávila, representante de la organización agraria COAG en la Interprofesional del sector. Sin embargo, no es la única. Hay otra comercial que se encuentra en las prácticas del sector de la distribución, que situaron a los productores al borde de la desaparición en esos años de abundancia.
El Ministerio de Agricultura estima que el agricultor soporta, por riego, recolección y abonos, entre otros, unos costes de 2,5 euros para producir un litro de aceite. “Si venden por debajo pierden dinero”, indica Ávila, que sitúa en el entorno de los tres euros el precio actual de venta en origen. “Por debajo de ese umbral, hay pérdidas”, anota.
Y eso es lo que ocurrió en los años de mayor producción, cuando el aceite de oliva llegó a venderse a 1,80 euros el litro al utilizarlo las cadenas de supermercados como “producto gancho”: lo vendían a un precio inferior al de su coste para atraer a los consumidores a sus centros. Eso puso en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones, ya que provocó un desplome de los ingresos con su consiguiente efecto desincentivador.
El análisis de Enrique Delgado, secretario general de Infaoliva, organización que agrupa a buena parte de las almazaras (molinos) españoles, no difiere mucho del que hace Ávila. Los transformadores están vendiendo el aceite virgen extra a algo más de tres euros, mientras el virgen y el lampante se quedan ligeramente por debajo de esa línea. “Es una cuestión de oferta y de demanda, y este año hay poca oliva –explica-- porque llovió poco, hubo poca floración y, además, heló antes de comenzar la cosecha”.
Esa escasez de género –es la segunda campaña sin apenas estocaje almacenado en España-- tira al alza de los precios, añade, aunque rechaza planteamientos como los de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), que hace unos meses culpaba de la subida a la especulación de los distribuidores. “No puedo estar de acuerdo, quien tiene aceite intenta venderlo cuando está caro, tanto el agricultor como el envasador”.
No obstante, la cotización internacional del aceite de oliva sí está llamando la atención de los grandes inversores, que han puesto sus ojos en los mercados de los países del Magreb por una sencilla razón: su elevada cotización, mayor que la del petróleo, y con una tendencia al alza. El precio del barril Brent osciló entre 30 y 37 dólares a lo largo del mes de febrero, un tercio de los 110 que alcanzaba hace un año. Esa medida equivale a 159 litros de líquido crudo de los que se aprovechan unos 150 que, una vez refinados, se convierten en 120 de combustible y 30 de lubricantes y productos de baja calidad.
La industria, por el contrario, considera que apenas hay margen en el negocio del aceite de oliva. “No se despega mucho del precio de origen”, señalan fuentes de Anierac, la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, las cuales, no obstante, remarcan que “el precio de venta al público no lo fija el industrial, sino el distribuidor y el comercio”.
Según Poolred, el precio de compra en las almazaras es esta semana de 3,27 euros el litro para el Aove y de 3,04 para el virgen. “Hay que transportarlo, envasarlo y, en el caso del lampante, filtrarlo –señalan--. Hay una serie de trabajos necesarios para conservar el valor de ese aceite que requieren un gasto y una inversión previa, y habrá que sacar algún beneficio, ¿no?”. “La diferencia es perfectamente razonable”, añaden.
Anierac achaca la subida de precios a un cuadro de incertidumbre en el que se combinan que el año pasado se diera la primera cosecha mala en seis años, que las previsiones de sequía hicieran que los agricultores teman por la siguiente campaña –la aceituna de un año sale de la hoja del anterior-- y, junto con esos factores, un inusual error de la Junta de Andalucía al prever una campaña de escasez cuando, en realidad, a final de enero se habían licuado 1,24 millones de toneladas de aceite y las previsiones finales apuntan a una cota de 1,35.
“Esas malas perspectivas tiraron al alza de los precios en origen durante todo el otoño, cuando el virgen extra llegó a rozar los cuatro euros”, explican desde Anierac, donde sostienen que “pocos productos alimentarios tienen menos diferencia de precio entre el origen y la venta al público manteniendo la calidad que el aceite”.
El responsable de Infaoliva y el de COAG coinciden en cuestionar la influencia que pueda tener el baile de precios la Xylella, una bacteria fitopatógena ausente hasta ahora en los olivares españoles y que en Italia está diezmando las explotaciones, pero solo las abandonadas.
“La xylella no tiene nada que ver en los movimientos de los precios. La producción de Italia es limitada, de algo más del 10% de la mundial, y siempre han comprado aceite a otros países, como España, a menudo para volver a venderlo”, apunta Delgado, que llama la atención sobre una nueva fuente de suministro de este producto para los italianos: “Algunos productores griegos, ante la inestabilidad económica de su país, han optado por vender sus olivas a almazaras de Italia, que son las que las muelen y luego comercializan el aceite mientras ellos se aseguran un ingreso en efectivo”.
“Italia apenas produce, le sale mejor comprar aceite para reexportar”, indica Ávila, que añade que su sector oleícola se centró en la producción solo cuando la política comunitaria de subvenciones garantizaba unos ingresos interesantes a sus agricultores.
El cuadro es distinto en España, donde más del 80% de las más de 300.000 explotaciones olivareras tienen una extensión de menos de cinco hectáreas. Cada una de ellas produce en un año medio entre 3.500 y 4.000 kilos de olivas, que suponen alrededor de 800 litros de aceite –el doble en los años de pluviometría elevada-. Con los precios actuales, el beneficio para el productor se sitúa en torno a los 400 euros por hectárea; es decir, hasta los 2.000 euros anuales para una familia que posea una superficie equivalente a cinco campos de fútbol.
“El sector no ha reventado porque en el campo, y más en zonas con elevadas tasas de paro como las que se dan en Andalucía, hay una economía de subsistencia y esos ingresos permiten, con otros jornales y actividades, salvar el año a una familia”, apunta Ávila, para quien “es un error de concepto que el consumidor considere caro el aceite a tres euros. Una familia media consume un litro por semana, y ese margen de cincuenta céntimos le supone solo 25 euros en su cesta de la compra anual”.
COAG reclama al Ministerio de Agricultura que aplique mecanismos de intervención que permitan hacer acopio en los años de mucha producción para ir sacando al mercado ese aceite en los de escasez y evitar las fluctuaciones de los precios. “Eso beneficiaría tanto al productor como al consumidor, mientras que la desregulación solo beneficia a los distribuidores”, anota. “Ha habido picos de precios que no tienen sentido –añade-, porque no se trata de un producto perecedero que requiera un margen comercial elevado para obtener beneficios”. El aceite se puede consumir hasta más de dos años después de su molienda.
Infaoliva, por su parte, considera que la cosecha de este año permitirá cubrir tanto la demanda del mercado interior como la de la exportación.
Mientras tanto, algunos países del Magreb van ganando posiciones en el mercado mundial del aceite de oliva. Especialmente Túnez, cuyas exportaciones crecieron el año pasado de 70.000 a 300.000 toneladas, lo que le sitúa prácticamente al nivel de Italia.
La Comisión Europea estudia estos días liberar de aranceles la exportación de 70.000 toneladas a territorio comunitario durante este año y el siguiente, como una medida para reactivar su economía tras los atentados de marzo y junio de 2015, una vez agote el actual contingente de 56.700.
Varios grupos del europarlamento, no obstante, han presentado enmiendas a la propuesta de la Comisión en las que solicitan que, antes de tomar una decisión de ese tipo, lleve a cabo un estudio sobre el impacto que puede tener en el sector agrícola europeo.
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