El especial 'Por una nueva Constitución' ha querido recoger ideas sobre cómo se podía mejorar el pacto constitucional alcanzado en 1978 para proteger mejor la vida de los hombres, mujeres y el espacio que habitan respetando la composición plural de la sociedad. La Constitución podría ser más feminista, visibilizando los trabajos relacionados con los cuidados como una responsabilidad del Estado y ajena a la contienda política. Actualizando su capacidad para defender los derechos sexuales y reproductivos y aspirando a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia machista. La Constitución también está en deuda con el cuidado del medio ambiente. La amenaza del cambio climático no sobrevolaba en 1978 y el agotamiento de los recursos naturales no entraba en la agenda de nuestros constituyentes, que dibujaban un marco legal en el que los recursos eran inagotables.
El pacto social ha saltado también por los aires desde entonces. Los cambios económicos y sociales han incrementado la indefensión de un mayor número de ciudadanos incapaces de asegurarse los recursos necesarios para desarrollar una vida digna. El blindaje de los derechos sociales es una urgencia humanitaria. El nuevo consenso debería alcanzar la posibilidad de celebrar referéndums para poder conocer el grado de apoyo que tiene cualquier demanda de secesión que se plantee. La Constitución actual se ha convertido en un problema para solucionar los legítimos conflictos territoriales y el pacto del 78 ya no garantiza la convivencia.
La organización del poder judicial debe ser revisada en profundidad para devolver a los ciudadanos la necesaria confianza en la justicia. Los ciudadanos no estuvieron en la elaboración de la Constitución de 1978 y tampoco se les reservó un papel privilegiado en el funcionamiento institucional de una democracia en crisis. La visión de la representación era completamente partidocéntrica y la reputación y credibilidad de los partidos también se ha agotado. Habría que institucionalizar nuevas fórmulas que pongan las prioridades de los ciudadanos en el centro de la toma de decisiones.
¿Y cómo va de ganas la ciudadanía para embarcarse en todo lo que supone una reforma constitucional? El Barómetro incompleto del CIS del pasado septiembre nos ofrece algunas pistas. En primer lugar, el dato más relevante: la mayoría, más de dos tercios de los españoles (69%), desea una reforma de la Constitución. Con la misma fuerza la piden mujeres y hombres. Esa mayoría se refleja en todos los tramos de edad. Aunque hay más deseo de cambio entre los jóvenes. Atraviesa todas las clases sociales, con mayor incidencia en las clases medias y altas. Es compartido por ciudadanos y ciudadanas independientemente de su nivel de estudios, aunque es más intenso el deseo de cambio entre los universitarios. En todo el espectro ideológico se refleja también esa mayoría que apuesta por reformar de una vez la Constitución, con mayor incidencia en la izquierda. Los partidarios del inmovilismo total apenas representan al 14% de la sociedad.
Cuando se pregunta a esa ciudadanía por la intensidad con la que se debería abordar la reforma que piden, la mayoría se inclina por la profundidad. El 63% quiere que sea importante o total. No existe el miedo al abismo que sitúan algunos dentro del melón constitucional. Los cambios que se esperan después de 40 años son de naturaleza profunda. Las expectativas serían altas en cuanto a la brecha que se abra entre el texto resultante y la actual Constitución. Esa es la preferencia mayoritaria, nada de pequeños parches o cambios superficiales.
En el top 5 de prioridades de reforma de la Constitución destacan las que intentan mejorar el diseño territorial, más en el plano de la coordinación y la eficiencia que hacia el derecho a decidir de los territorios. En segundo lugar, aparecen las que persiguen atar en corto a los políticos mejorando la capacidad de control por parte de los ciudadanos eliminando privilegios asociados a la representación (Seguramente estarán pensando en los aforamientos). La protección de los derechos sociales entra con la misma fuerza en el deseo de cambio con la intención de blindar la justicia social e incorporando derechos como el de la vivienda o la vejez al pacto. En cuarto lugar se cuela también una de las deudas más importantes que tiene la Constitución de 1978, la ampliación de la cobertura a la garantía de una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Si sumamos el deseo de que se garantice la coordinación entre los distintos poderes del Estado para atender las necesidades ciudadanas en educación y la sanidad, con la aspiración de incorporar nuevos derechos sociales a la Constitución, más el refuerzo de la protección a las mujeres, nos sale una mayoría transversal que apoyaría que la reforma de la Constitución diera lugar a un nuevo pacto social.
La Corona solo está referenciada precisamente por la injustificable discriminación de las mujeres en la línea sucesoria al trono. No podemos saber mucho más sobre el apoyo a la presencia de la corona y la monarquía en una nueva Constitución porque no entra en el cuestionario incompleto del CIS. A través de un panel realizado recientemente por CTXT podemos saber que en el nuevo pacto político no entraría la monarquía como modelo preferido de Jefatura del Estado por los españoles. En ningún tramo de edad obtiene un apoyo por encima del 50%.
Los votantes según cada partido tendrían distintas prioridades de partida si se abriera una reforma constitucional. Vamos a retirar momentáneamente todos los temas que tienen que ver con el diseño territorial, incluido el reparto competencial. Los votantes de Podemos pondrían la mayor parte de su énfasis en el incremento de los derechos sociales en la Constitución, muy por encima del resto de temas. Los votantes del Partido Popular y de Ciudadanos concentran su deseo de cambio constitucional en despojar de privilegios a los representantes políticos, algo que comparten con menor énfasis el Partido Socialista.
Parece natural que haya sido el tema elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez para lanzar como propuesta estrella de su tímida reforma constitucional, la reducción de los aforamientos. Una protección que es vista como un privilegio por la mayor parte de los ciudadanos y que es transversal a todos los partidos políticos, incluidos los votantes de Podemos. Los derechos sociales preocupan más intensamente a los votantes de los dos partidos de izquierda, pero es la segunda área favorita de cambio para los votantes tanto del Partido popular como de Ciudadanos. En esta línea social también tendría recorrido la posibilidad de llegar a acuerdos entre diferentes por la mejorar sustancialmente la Constitución.
Dejamos para el final el principal punto por el que no se ponen de acuerdo los territorios y que separa a los ciudadanos de España según en la Comunidad Autónoma donde vivan en su visión de una posible reforma constitucional. En Cataluña y Euskadi, a la mayoría de los ciudadanos les gustaría reformar la constitución en el sentido de incrementar su autogobierno y avanzar en la posibilidad de que la Constitución no fuera un impedimento al derecho a decidir algún día, mediante algún tipo de referéndum, la relación de estas comunidades con el Estado español.
Estos ciudadanos conviven con otros que son mayoría en sus respectivas Comunidades Autónomas a los que les gustaría aprovechar la reforma de la constitución para recentralizar el Estado. El mapa general dice sin atender a su origen que en España actualmente hay un 31% que quiere más poder para el Estado (de los que un 20% optaría por suprimir las autonomías) frente a un 24% que apostaría por seguir avanzando en el proceso de descentralización. Tanta asimetría sólo podrá tener una respuesta satisfactoria territorialmente asimétrica en el nuevo pacto.
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