Después de conocerse que María Guardiola tendrá que tragar saliva para llegar a acuerdos con Vox en Extremadura, después de las elecciones autonómicas del pasado domingo, PP y Vox firman en Sevilla un acuerdo para aprobar el Presupuesto municipal de 2026.
El acuerdo se rubrica minutos antes de la celebración del pleno extraordinario en el que se debaten las cuentas municipales, facilitando así su aprobación tras el bloqueo vivido el año anterior. En 2025, toda la oposición votó en contra del Presupuesto y el alcalde, José Luis Sanz, que gobierna con mayoría simple, tuvo que recurrir a una cuestión de confianza para sacarlo adelante.
Pero este martes, Sanz y Cristina Peláez, portavoz de Vox en el Ayuntamiento hispalense, han evitado que vuelva a ocurrir. El pacto contempla, entre otras medidas, restricciones en el empadronamiento de personas sin documentación y la reducción de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al tráfico.
El pacto entre PP y Vox se concreta en un documento de tres folios y siete puntos, que incluye también la erradicación de la presencia de manteros en las calles de la ciudad, el aumento de inversiones en parques empresariales, una mayor dotación para los mercados de abastos y la puesta en marcha de un plan de rehabilitación viaria.
Asimismo, el acuerdo recoge la reducción del límite actual del 10 % de Viviendas de Uso Turístico (VUT), una medida que se aplicará tras la realización de un “estudio pormenorizado por barrios”.
A preguntas de los periodistas, Sanz se ha desvinculado de cualquier influencia del resultado de las elecciones extremeñas en la consecución del pacto y ha subrayado que el presupuesto fue presentado a los grupos municipales con anterioridad a esos comicios.
Control del padrón en un plazo máximo de 15 días
Uno de los puntos más controvertidos del acuerdo es el relativo al empadronamiento. El texto establece la exigencia de acreditación de identidad en vigor para la inscripción en el padrón municipal, así como la elaboración de un protocolo reforzado de comprobación de residencia, que deberá resolverse en un plazo máximo de 15 días.
La medida pone el foco en los casos de acreditación dudosa del domicilio, contemplando mecanismos de inspección y el fomento de la colaboración interinstitucional. El alcalde ha instado a los periodistas a leer el acuerdo completo para comprobar su contenido y ha negado que vaya a incumplir la ley con esta medida.
Sanz ha relacionado este punto con las políticas migratorias a nivel nacional y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que informe de cuántas personas llegan a ciudades como Sevilla y articule ayudas económicas para su atención.
Vox destaca la aplicación de sus políticas
Por su parte, Cristina Peláez ha defendido el acuerdo como una prueba de que “con voluntad se pueden alcanzar acuerdos beneficiosos para todos los ciudadanos y para la ciudad”. La portavoz de Vox ha asegurado que se ha buscado “aquello que nos une más allá de lo que nos separa, con confianza y diálogo”.
Peláez ha subrayado que le resulta “especialmente satisfactorio ver cómo se aplican” algunas de las políticas de su formación y ha afirmado que el presupuesto “optimiza el gasto y se centra en familias, maternidad, sectores productivos y servicios públicos”.
Cambios en la Zona de Bajas Emisiones
En relación con la Zona de Bajas Emisiones, el alcalde ha precisado que la reducción de su perímetro no tendrá carácter retroactivo, por lo que no se devolverá el dinero a las personas ya multadas por circular por las actuales áreas restringidas con vehículos de combustión.
Sanz ha agradecido a Vox haber antepuesto “los intereses de la ciudad” a los políticos o personales y ha defendido que el acuerdo alcanzado “se centra en la gestión y se aleja de lo ideológico”, permitiendo así dotar a Sevilla de un presupuesto para 2026 sin bloqueos políticos.
