Un total de dieciséis promotores culturales ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que investigue presuntas irregularidades en la cesión y explotación de la Plaza de España de Sevilla por parte del Ayuntamiento a la empresa Green Cow Music SL, promotora del Icónica Santalucía Sevilla Fest. Según la denuncia, a la que tuvo acceso EFE, la adjudicación del emblemático espacio se habría realizado “sin haberse tramitado procedimiento alguno de concurrencia pública ni licitación”, lo que podría contravenir la normativa vigente y vulnerar los principios de transparencia, igualdad y libre competencia.
Los firmantes apuntan a posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, uso indebido del patrimonio público, fraude en la contratación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, desviación de poder y alteración del precio de las cosas. El escrito, de 36 páginas y adelantado por Diario de Sevilla, explica que Green Cow Music ha organizado el festival Icónica desde 2021 hasta 2025 en virtud de un supuesto contrato con la empresa municipal Contursa, y habría obtenido una prórroga de seis años más, hasta 2031. "Un total de once años de explotación mercantil en exclusiva del mejor espacio público monumental de la ciudad catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), sin concurso, concurrencia ni publicidad a pesar de que otros promotores culturales de reconocida solvencia han solicitado la misma plaza en 2022, 2023 y 2025 para llevar a cabo otros festivales de música".
En estos cinco años, el festival ha acogido 107 conciertos con 771.000 espectadores, generando un negocio estimado de 50 millones de euros. Con la prórroga, los ingresos podrían alcanzar entre 120 y 150 millones. El texto alerta de un posible perjuicio al erario público por el canon o alquiler no ingresado, subrayando que “otros promotores abonan hasta diez veces más por día de concierto” que lo pagado por Green Cow. Calculan que entre 2021 y 2025 se habría causado un daño económico de unos cinco millones de euros por la falta de competencia y de estudios de mercado que justifiquen el canon pactado.
Los denunciantes afirman no haber recibido respuesta ni acceso a los expedientes administrativos solicitados, lo que consideran una muestra de falta de transparencia y “manifiesto desprecio a la legalidad”. Por ello, piden que la Fiscalía abra diligencias de investigación para determinar posibles responsabilidades penales y administrativas derivadas de estos hechos.