El Consejo de Gobierno ha tomado razón de la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) de la iniciativa residencial prevista en Higuerón Norte, en la zona norte de Sevilla. El proyecto contempla el desarrollo de 2.546 viviendas protegidas en unos suelos de más de 1,1 millones de metros cuadrados, en el marco de una actuación urbanística de gran escala impulsada por la administración autonómica.

La incorporación de esta actuación a la UAP tiene como finalidad agilizar los trámites administrativos y urbanísticos necesarios para su puesta en marcha. Este organismo se encargará de acompañar la tramitación del proyecto, con el objetivo de facilitar su desarrollo, supervisión y coordinación entre las distintas fases, así como de reducir los plazos habituales en este tipo de iniciativas residenciales.

El plan prevé el inicio de las obras en un plazo inferior a cinco años. En una primera fase se plantea la construcción de 1.926 viviendas dentro del ámbito del proyecto, de las cuales 1.054 tendrán carácter protegido. La actuación se desarrollará sobre una superficie total de 1.157.230 metros cuadrados, consolidando así un nuevo ámbito residencial en esta zona de la capital andaluza.

Además del uso estrictamente residencial, el proyecto incorpora una planificación urbanística con una distribución diversificada del suelo. Se contemplan más de 350.000 metros cuadrados sobre rasante para edificación, así como cerca de 264.000 metros cuadrados destinados a actividades productivas y terciarias. También se incluyen alrededor de 230.000 metros cuadrados para dotaciones públicas, junto con la previsión de un distrito tecnológico con usos de carácter comercial. El diseño urbano integra igualmente nuevas infraestructuras de movilidad, como una estación y un intercambiador de autobuses, además de un viario que conectará con la futura Línea 3 del Metro de Sevilla y la autovía SE-40, junto a un anillo verde y una red de espacios de conexión ecológica.

Más de 1.000 millones

En el ámbito económico, la inversión total asociada al proyecto se sitúa por encima de los 1.088 millones de euros. Su desarrollo se estima que generará alrededor de 3.180 empleos directos durante la fase de construcción, además de otros 64 puestos de trabajo en la etapa de explotación del ámbito residencial y sus servicios asociados.

El encuadre normativo de la actuación se apoya en la Ley de Vivienda de Andalucía y en los objetivos de adaptación al cambio climático, con especial atención a la incorporación de suelo para vivienda protegida. El proyecto establece también la obligación de iniciar la construcción en el plazo fijado y refuerza el papel de la UAP como herramienta de coordinación para asegurar el cumplimiento de los objetivos urbanísticos, sociales y de desarrollo previstos.