La juez de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla ha decidido que los 44 policías locales que se vieron beneficiados por la filtración de las oposiciones de 2012 tendrán que ser cesados por el Ayuntamiento de Sevilla. La magistrada ha rechazado la petición del gobierno municipal, que hace unas semanas cambió de postura por el coste económico y el perjuicio para la seguridad que supondría echar a estos agentes.
Este lunes, la jueza Nuria Marín ha emitido un auto donde rechaza la petición de inejecución que había registrado el Ayuntamiento que dirige el alcalde popular José Luis Sanz, así como las propias peticiones y argumentos presentados por los agentes afectados para evitar el cese. No obstante, la resolución no es firme. La sentencia, además, recrimina al Consistorio sus contradicciones por los cambios de postura.
Uno de los argumentos de los policías es que "el tiempo transcurre de forma inflexible y rigurosa en cuanto a la capacidad y aptitudes de los 250 aspirantes y quien resultó apto médicamente en su día, puede no serlo ahora por mor del tiempo transcurrido pudiendo provocar a opositores de buena fe irreparables perjuicios", en referencia a que hace ya más de una década de aquella prueba selectiva.
El cambio de opinión del Ayuntamiento sevillano provocó que hace unas semanas se cancelara la repetición de la prueba, fechada para el 30 de septiembre de este mismo año. Además, quedan en el aire las negociaciones que un grupo de agentes intentó llevar con el gobierno municipal para ser indemnizados económicamente. La jueza explica, pese al perjuicio en seguridad pública que el Consistorio señalaba, que "no puede conllevar la imposibilidad de ejecución de sentencia, ya que hay que ponerlo en relación con la seguridad jurídica y con los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública, principios que fueron vulnerados por la Administración".
Marín también incide en que las irregularidades que se produjeron con la filtración de la prueba días antes del examen no respeta las garantías para preservar los principios de cualquier oposición. Sentencia que hubo "una alteración ilícita en el desarrollo del proceso de la oposiciones que benefició a los referidos opositores que obtuvieron puntuación más alta en el turno correspondiente".
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