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La Junta de Andalucía ha aprobado un decreto ley para conceder ayudas directas e indirectas a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero de 2025 en el municipio cordobés de Adamuz. El siniestro dejó un balance de 46 fallecidos y numerosos heridos. Las cuantías de las ayudas previstas para las personas que sufrieron lesiones físicas en el siniestro oscilan entre 16.828 euros y 481 euros, mientras que las familias de cada uno de los 46 fallecidos percibirán 14.424 euros
La Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa será la encargada de tramitar y resolver las solicitudes. La medida, impulsada a propuesta de la Junta de Andalucía, tiene como objetivo atender las necesidades de las personas afectadas y de sus familias, así como facilitar el acceso a las compensaciones previstas.
La norma establece que las ayudas podrán solicitarse desde el día siguiente a la publicación del decreto ley en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y hasta tres meses después. La presentación podrá realizarse tanto en el Registro Electrónico Único de la Junta como de forma presencial en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración autonómica, así como en el resto de lugares habilitados por la legislación vigente.
El texto también contempla medidas de carácter excepcional dirigidas a las personas fallecidas o heridas que necesiten adaptar su situación tras el accidente. Entre ellas figuran la adecuación de viviendas para garantizar la accesibilidad o la adquisición de productos ortopédicos, de rehabilitación e incluso algunas prótesis.
Ayudas equivalentes al SMI
En el ámbito laboral, el decreto prevé que los afectados que se encuentren de alta en la Seguridad Social en la fecha del accidente y no perciban prestaciones por incapacidad puedan recibir ayudas equivalentes al salario mínimo interprofesional durante un máximo de seis meses. En el caso de las víctimas mortales, la mayor parte de los beneficiarios residen en la provincia de Huelva, aunque también hay personas con derecho a estas compensaciones en el entorno de Montoro y en la ciudad de Córdoba.
Las ayudas destinadas a los familiares de las personas fallecidas podrán ser percibidas por los cónyuges o parejas de hecho, así como por los hijos, con independencia de su edad y filiación, incluidos los póstumos. En ausencia de pareja o descendientes, los beneficiarios serán los progenitores y, en su defecto, los ascendientes de segundo grado o los hermanos. Si concurren varias personas con el mismo derecho, el importe se repartirá a partes iguales. La Junta ha justificado estas medidas por la intensa conmoción social provocada por el accidente y por la necesidad de ofrecer una respuesta rápida para mitigar el impacto económico derivado del siniestro.
La Junta de Andalucía ha aprobado un decreto ley para conceder ayudas directas e indirectas a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero de 2025 en el municipio cordobés de Adamuz. El siniestro dejó un balance de 46 fallecidos y numerosos heridos. Las cuantías de las ayudas previstas para las personas que sufrieron lesiones físicas en el siniestro oscilan entre 16.828 euros y 481 euros, mientras que las familias de cada uno de los 46 fallecidos percibirán 14.424 euros
La Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa será la encargada de tramitar y resolver las solicitudes. La medida, impulsada a propuesta de la Junta de Andalucía, tiene como objetivo atender las necesidades de las personas afectadas y de sus familias, así como facilitar el acceso a las compensaciones previstas.
La norma establece que las ayudas podrán solicitarse desde el día siguiente a la publicación del decreto ley en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y hasta tres meses después. La presentación podrá realizarse tanto en el Registro Electrónico Único de la Junta como de forma presencial en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración autonómica, así como en el resto de lugares habilitados por la legislación vigente.
El texto también contempla medidas de carácter excepcional dirigidas a las personas fallecidas o heridas que necesiten adaptar su situación tras el accidente. Entre ellas figuran la adecuación de viviendas para garantizar la accesibilidad o la adquisición de productos ortopédicos, de rehabilitación e incluso algunas prótesis.
Ayudas equivalentes al SMI
En el ámbito laboral, el decreto prevé que los afectados que se encuentren de alta en la Seguridad Social en la fecha del accidente y no perciban prestaciones por incapacidad puedan recibir ayudas equivalentes al salario mínimo interprofesional durante un máximo de seis meses. En el caso de las víctimas mortales, la mayor parte de los beneficiarios residen en la provincia de Huelva, aunque también hay personas con derecho a estas compensaciones en el entorno de Montoro y en la ciudad de Córdoba.
Las ayudas destinadas a los familiares de las personas fallecidas podrán ser percibidas por los cónyuges o parejas de hecho, así como por los hijos, con independencia de su edad y filiación, incluidos los póstumos. En ausencia de pareja o descendientes, los beneficiarios serán los progenitores y, en su defecto, los ascendientes de segundo grado o los hermanos. Si concurren varias personas con el mismo derecho, el importe se repartirá a partes iguales. La Junta ha justificado estas medidas por la intensa conmoción social provocada por el accidente y por la necesidad de ofrecer una respuesta rápida para mitigar el impacto económico derivado del siniestro.
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