Dos días después de que miles de personas recorrieran Sevilla para exigir la paralización de los vertidos mineros al Guadalquivir, una de las empresas señaladas en la protesta, Cobre Las Cruces (CLC), ha anunciado un nuevo proyecto que le permitirá reiniciar su actividad de forma anticipada. La compañía prevé producir concentrado de oro, plata y plomo entre 2027 y 2030 a partir de residuos mineros acumulados en sus instalaciones de Gerena.

El proyecto, bautizado como Gossan, consiste en recuperar unos 2,6 millones de toneladas de ‘gossan’, la capa que recubre de forma natural los yacimientos de pirita y que permanece acopiada en el complejo. La empresa tratará alrededor de 1,2 millones de toneladas al año para obtener una producción estimada de 105.000 toneladas anuales de concentrado comercializable.

La inversión prevista asciende a 40 millones de euros, destinados sobre todo a adaptar las instalaciones existentes y poner en marcha un nuevo circuito de flotación. La compañía espera generar 320 puestos de trabajo, además de actividad para proveedores y contratistas de la zona.

CLC presenta la iniciativa como un proyecto de economía circular que convierte “un pasivo ambiental en un activo económico” y que permitirá avanzar en la restauración ambiental del entorno, al reducir residuos, liberar espacios de acopio y seguir rellenando el hueco minero. “Este proyecto nos permite reactivar nuestro complejo de forma anticipada, aprovechando recursos que ya teníamos disponibles y manteniendo el empleo y el conocimiento técnico que necesitaremos para el PMR. Es un paso adelante que demuestra el compromiso de la compañía con la continuidad industrial y con el territorio”, ha señalado su director general, Pedro Soler.

Según la empresa, el proyecto será el paso previo a su gran apuesta: la nueva refinería polimetalúrgica (PMR), declarada Proyecto Estratégico por la Comisión Europea en 2025, que contempla una mina de interior y una planta para producir cobre, zinc, plomo y plata. Cobre Las Cruces produjo cátodos de cobre entre 2009 y 2023.

La marcha: 70 organizaciones contra 115.000 millones de litros de vertidos

El anuncio llega tras la manifestación del pasado sábado, que recorrió Sevilla desde la sede de la Presidencia de la Junta hasta las Setas de la Encarnación. La convocaron 70 organizaciones, entre colectivos ecologistas, agrarios, pescadores, consumidores y defensores de la salud pública, junto a varios ayuntamientos de la desembocadura y el estuario del Guadalquivir, para exigir la paralización inmediata de las autorizaciones a Minera Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre Las Cruces.

Según los convocantes, la reapertura de Aznalcóllar contempla una tubería de 30 kilómetros para verter en el estuario, frente al Estadio de la Cartuja, más de 85.500 millones de litros de agua contaminada durante 18 años, el equivalente al consumo anual de toda Sevilla. A ello se sumaría el proyecto subterráneo de Cobre Las Cruces, que prevé verter en La Algaba otros 32.000 millones de litros durante 14 años. En total, más de 115.000 millones de litros de aguas industriales con metales pesados como arsénico, plomo, cadmio o mercurio.

Las organizaciones advierten de que estos vertidos afectarían a la Zona Especial de Conservación Bajo Guadalquivir, de la Red Natura 2000, supondrían una nueva amenaza para Doñana y pondrían en riesgo la salud pública y la pesca y la agricultura del estuario. Además, aseguran que investigaciones de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada ya han constatado bioacumulación de metales pesados en flora, moluscos y peces de consumo tradicional como los albures, por los vertidos de Cobre Las Cruces durante sus años de actividad.

Moratoria y una comisión científica independiente

Al término de la marcha, los convocantes leyeron un manifiesto en el que exigen a la Junta y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la suspensión inmediata de las autorizaciones de vertido y de las prospecciones de ambos proyectos, en aplicación del principio de precaución, así como la creación de una comisión científica independiente que evalúe su impacto real sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad alimentaria.

Las entidades han advertido de que continuarán las movilizaciones y acudirán a los tribunales y a las instituciones europeas para evitar que el Guadalquivir “se convierta en una cloaca minera”.

Entre los convocantes figuran Salvemos el Guadalquivir, Greenpeace, Ecologistas en Acción, las cofradías de pescadores de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, COAG, FACUA Andalucía y Marea Blanca Andalucía, además de los ayuntamientos de Chipiona, Sanlúcar, Trebujena, Lebrija, Marismillas, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca y Coria del Río.