Un presunto caso de enchufismo puede acabar con penas de prisión para antiguos miembros de gobierno local de Arcos. Los antiguos delegados Sebastián Ruiz y Carlos de la Barrera (PP) y Manuel Erdozain (Ai-Pro), cuando ambas formaciones gobernaban conjuntamente, están acusados de un posible delito de cohecho y prevaricación por enchufar en el Ayuntamiento a la hija del antiguo interventor (Antonio Muñoz), en el caso de Ruiz, para quien el fiscal pide cinco años de cárcel. En el caso de Erdozain y Barrera, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión y nueve años de inhabilitación para cargo público para todos los acusados.
La vista preliminar se celebró este lunes, aunque ninguno de los cuatro prestó declaración en esta ocasión, en la que no se ha alcanzado acuerdo entre los abogados de los acusados y Fiscalía, por lo que el juicio tendrá lugar, previsiblemente, en las próximas semanas, aunque otras fuentes cercanas al caso aseguran que puede celebrarse, incluso, en torno a abril de 2019. El fiscal asegura que ha encontrado indicios como para iniciar un proceso judicial, ya que se considera probado que el antiguo interventor del Ayuntamiento, después de emitir un informe desaconsejando inversiones al gobierno PP-Ai-Pro, cambió de opinión en un breve periodo de tiempo, en el que se contrató a su hija sin ningún tipo de proceso legal.
El fiscal recoge, en su escrito de calificación del que se hace eco Diario de Cádiz, que "los acusados Manuel Erdozain, Sebastián Ruiz y Carlos de la Barrera, de común acuerdo, ante el problema que les planteaba el informe del interventor municipal, Antonio Muñoz, de fecha de 18 de junio de 2014, en el que se informaba negativamente de todas las nuevas adjudicaciones de obras e inversiones por lo grave de la situación económica del Ayuntamiento, decidieron de común acuerdo ofrecer al interventor la contratación de su hija a cambio de que modificase el sentido de dicho informe".
Fiscalía apunta que se diseñó un plan "aprovechando que Sebastián Ruiz era también el responsable del Área de Hacienda, Régimen Interior y Bienestar Social, de la que dependía el delegado de Hacienda y Régimen Interior, Carlos de la Barrera, con competencia para la celebración de los contratos de personal temporal, por virtud del cual le ofrecerían al interventor Antonio Muñoz la contratación de su hija en el Ayuntamiento, con la finalidad de cambiar el sentido a dichos informes. Dicha contratación se realizaría en un lugar apartado de la población para no levantar sospechas".
Los investigados decidieron, supuestamente, colocar a la hija del interventor en el centro ocupacional Juan Candil, situado a varios kilómetros del casco urbano. Este centro atiende a personas con discapacidad y su directora reclamaba por entonces la necesidad de incorporar una monitora que "tuviese conocimiento, cualificación y experiencia en la asistencia de disminuidos psíquicos y físicos". La supuesta enchufada, al no contar con conocimientos específicos para atender a los integrantes del centro, fue reubicada como "ayudante de monitora, un cargo que hasta entonces sólo se había ocupado por voluntarios que no cobraban salario alguno".
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