Ildefonso Portillo y Carmen Guerreros llevan 46 años viviendo y trabajando como porteros en el Convento de las Capuchinas de San Fernando, y pese a esa vida de dedicación, ahora podrían quedarse sin casa.
El Obispado de Cádiz ha vendido el terreno donde se ubica el convento y, tras no llegar a un acuerdo, ha pedido el desalojo de este matrimonio de 70 años.
Los padres de Ildefonso ya trabajaban como porteros allí, y la pareja heredó ese oficio. Ildefonso sí estaba dado de alta como trabajador del contrato, pero Carmen no consiguió ese contrato. A cambio, la abadesa firmó un documento para que la mujer también pudiera vivir y trabajar en el convento.
En 2017, cuando las monjas ya no están el convento, el Obispado se hizo cargo del inmueble y comunicó a Ildefonso y Carmen que, tras la jubilación y la conclusión del contrato, habían perdido su derecho a la vivienda. El Obispado vendió el terreno, que se destinaría para la construcción de viviendas, y propuso al matrimonio un arrendamiento económico durante tres años, algo que la pareja no podía afrontar, según explica Ildefonso a Canal Sur.
Esa falta de acuerdo es lo que ha enfrentado a Ildefonso y a Carmen con el Obispado de Cádiz, y el caso ha llegado a los tribunales. El juicio se ha celebrado este jueves.
Para la asociación Kintsugi, que ha apoyado al matrimonio durante todo este proceso, la actuación del Obispado "huele a pelotazo urbanístico en toda regla". Por su parte, el Obispado expone que la decisión no es suya, sino de "la Santa Sede". En este sentido, la asociación llegó a remitir una carta al Papa Francisco para que interviniera en este asunto. En el escrito aludían a "la situación de desamparo" en la que se vería el matrimonio, "que queda sin vivienda y con la pensión del marido, con la que tendrán que seguir adelante no sin dificultad".
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