La concesión del peaje de la AP-4, entre Cádiz y Sevilla, expira a finales de 2019. El anterior Gobierno central, con el ya expresidente Mariano Rajoy, aseguraba que “no se prorrogará” más allá de esa fecha, después de que numerosas plataformas y movimientos ciudadanos pidieran el final de un peaje que debió concluir en 1993, pero que sucesivos gobiernos de PP y PSOE decidieron prorrogar en su momento.
El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez aun no ha tenido de pronunciarse sobre este tema, después de haber asaltado La Moncloa tras prosperar su moción de censura, curiosamente pocos días después de que la plataforma ciudadana Jerez sin Peaje, constituida a principios de año, anunciara la celebración de un acto de recogida de firmas, que tendrá lugar el próximo 12 de junio, de 12:00 a 14:00 horas, en la plaza del Arenal y el Gallo Azul.
Esta organización invita a otras localidades del conjunto de la provincia a que se sumen a esta iniciativa y más adelante plantea crear una plataforma de ámbito provincial que aglutine a todas las poblaciones afectadas por el peaje. La Junta, hace unos meses, hasta se planteó la posibilidad de recurrir la última concesión de la AP-4 suscrita por el Gobierno central, así como reclamar el importe abonado por la Junta por el tramo de Jerez de la Frontera, que fue sufragado por el Gobierno andaluz, que lleva pagados más de 100 millones de euros.
La patronal de grandes concesionarias de autopistas de peaje en España, Seopan, advirtió recientemente al Gobierno que no renovar seis autopistas de peaje en España –entre ellas la de Cádiz-Sevilla— causará al Estado pérdidas de 450 millones de euros, ante lo que reaccionó la Confederación de Empresarios de Cádiz: "Que se haga lo que se quiera de pactos de Estado, que se llegue a cualquier acuerdo con las entidades que tienen concesiones de vía pública, pero no con la AP-4, no con los gaditanos que llevamos pagando 50 años un peaje y sin alternativas”, aseguraba su presidente, Javier Sánchez Rojas.
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