Juan Gómez tiene una cicatriz en la espalda que le recuerda el navajazo que sufrió mientras desempeñaba su profesión como vigilante de seguridad. El doctor Fernando Paúl sabe lo que es ser agredido mientras atendía a un paciente en el hospital de Jerez. Ambos son el ejemplo de una lacra, la de la violencia en los centros sanitarios, que se está acrecentando en los últimos tiempos. Si bien este problema es generalizado, en el Hospital de Jerez se han producido dos de estos lamentables sucesos con apenas una semana de diferencia. En ambos casos, tanto vigilantes como profesionales médicos han sufrido lesiones por parte de pacientes o familiares de estos.
“La sensación que tenemos cuando nos pasa una cosa así es de impotencia, frustración y de no saber qué pasa, sobre todo porque nuestra única misión es la de sanar al enfermo”, afirma Fernando Paúl, que lamenta la actitud de muchos ciudadanos de creer que su patología o su enfermedad es más importante que la de los demás, lo que produce situaciones de insultos y amenazas que, en ocasiones, desemboca en agresiones físicas. Tal es la situación, que el doctor afirma que, si bien el hecho de que algunos usuarios lleguen a las manos es puntual, las agresiones verbales son algo común, “una o dos al día”. Eso sí, no dejan de ser realmente graves: “Una médico estuvo de baja 15 días porque la amenazaron con pegarle dos tiros en la cabeza. Hace cuatro meses otro paciente sacó una navaja de mariposa y se la enseñó a una facultativa y le dijo que, como no le recetara lo que le pedía, no sabía qué haría con la navaja”.
“Cada uno pone una excusa. Unos, que es que vienen con mayores, otros con niños, otros que han dejado a sus hijos en casa… Otros se creen que sus problemas se van a resolver en Urgencias, cuando a lo mejor necesitan pruebas complementarias… Y todas esas sensaciones de angustia y frustración las descargan con el personal facultativo”, lamenta el doctor Paúl, que personalmente piensa que estos episodios se están incrementando porque, entre otras razones, los usuarios llegan con unas expectativas que “muchas veces no se cumplen y eso se transmite en agresividad hacia el personal sanitario”.
El personal de vigilancia privada sufre también de manera directa estas situaciones violentas en los centros sanitarios, ya que se ven en la obligación de intervenir para controlar la situación hasta la llegada de la policía. Juan Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad, lamenta que “esto está a la orden del día y es normal que pase, porque no hay una dotación acorde con las necesidades de los servicios”. La dotación recogida en el reglamento para estos tipos de profesionales es una porra de 50 centímetros y unos grilletes, si bien han solicitado al Ministerio del Interior una serie de permisos para contar con chalecos antipinchazos, sprais e incluso cascos y escudos para cubrir determinadas áreas, como psiquiatría.
“Sale muy barato agredir a un vigilante, porque las penas están tipificadas como faltas”, lamenta Gómez, que cree que esto podría cambiar si los vigilantes volvieran a ser reconocidos como agentes de la autoridad, no como personal civil, un concepto que tenían reconocido hasta 1994, cuando el por entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, aprobó este cambio. Y si bien las agresiones físicas duelen, más lo hacen las psicológicas. “Detrás de la placa hay una persona que siente y que padece, no somos plantas. A mi me afectó la puñalada, y hay muchas bajas por depresión”. Por eso, para su sector pide que se haga un seguimiento y una estadística del número de agresiones sufridas por vigilantes de seguridad.
El doctor Paúl, por su parte, anima a la clase médica que denuncie todas las situaciones violentas que sufran, aunque sea el mero insulto. “A veces se tiende a no denunciar para evitar el conflicto o por miedo a no encontrarse en el futuro con el paciente, pero hay que hacerle ver al usuario que por pegar cuatro gritos no se le va a atender más pronto, que el profesional que está al frente de la consulta no es el culpable de los atrasos o de que las pruebas tarden semanas o meses". En este sentido, denuncia también que el protocolo que activa el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cada vez que hay una agresión —el llamado Plan de Prevención de las Agresiones—, que incluye asistencia sanitaria y jurídica “es papel mojado”. “La única ayuda a nivel jurídico que conozco es la del Colegio de Médicos, que siempre me ha ayudado y respondido, sin embargo aún no conozco la asesoría jurídica del SAS”.
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