Desde Ustea Cádiz han denunciado públicamente lo que entienden como un "atentado inaceptable contra los derechos de una docente que puede incluso poner en riesgo su salud". Y es que, advierten en una nota de prensa, la Consejería de Educación pretende sancionar a una maestra de un colegio de Vejer por haber asistido por la mañana en noviembre a dos sesiones hospitalarias —de un total de siete que tiene programadas— de rehabilitación tras una intervención de nódulos vocales. La administración ha efectuado, en concreto, una propuesta provisional de incoación de expediente disciplinario.
"Nos parece inaceptable la actitud de la Consejería por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque desde el Hospital Universitario de Puerto Real especifican —en un informe del cual disponemos de una copia— que las sesiones de rehabilitación grupal a las que asiste esta docente tienen lugar por la mañana, por lo que, en palabras textuales, no hay posibilidad de realizar rehabilitación por la tarde; en segundo lugar, porque la docente ha procedido siempre correctamente, justificando sus ausencias con la documentación acreditativa correspondiente". De hecho, la ausencia por la primera sesión aparece como justificada en el sistema Séneca, siendo la asistencia a las sesiones segunda y tercera las que motivan la propuesta de expediente disciplinario, pese a que ella previamente hizo un requerimiento a Delegación por escrito que nunca fue respondido. Una amenaza que lleva a la docente a dejar de asistir a la rehabilitación.
"Consideramos un atropello —abundan desde Ustea— que esta maestra vaya a ser sancionada por parte de la administración por asistir a rehabilitación para nódulos vocales, la enfermedad profesional de las y los docentes. Además, la amenaza de expediente le ha hecho desistir de seguir asistiendo a dichas sesiones de rehabilitación, lo que podría tener consecuencias para su salud, consecuencias de las que la administración pública podría considerarse como responsable".
Pero no solo. Si se da esta situación, y la docente sufre recaídas, obligándola a una o varias bajas médicas, quizás prolongadas, "el atropello de la Delegación de Educación lo pagarán también el alumnado y las y los contribuyentes, por el gasto sanitario e incluso educativo (la necesidad de cubrir su baja con otro docente sustituto) que generaría".
Por nuestra parte, desde Ustea Cádiz "no solo vamos a hacer público su caso y nuestro apoyo a esta profesional, sino que vamos a brindarle toda la asistencia jurídica que necesite. No vamos a permanecer impasibles ante lo que consideramos un atropello que puede tener consecuencias para la salud de esta docente".
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