El pleno del Parlamento andaluz rechaza la proposición de Podemos, que solo cuenta con el apoyo de IU.
El pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos del PSOE y la abstención de PP y Ciudadanos, pedir que la Junta, en un plazo de dos meses, se reúna con las familias de las llamadas corralas de Sanlúcar y con los bancos y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y aporte un alquiler social, ofreciéndose, según el caso, a abonar un 50% del alquiler para garantizar la operación. El pleno rechaza así uno de los dos puntos de una proposición no de Ley (PNL) defendida por Podemos que, en esta petición, sólo ha contado con el apoyo de IU.
Sin embargo, sí ha resultado aprobado el primer punto de esta iniciativa, por lo que desde el Parlamento se reclama que el Gobierno andaluz mapee, en un plazo de dos meses, todas las corralas y establezca contacto con las familias que residen en ellas y con las entidades propietarias de las mismas, es decir, principalmente con los bancos y la Sareb. Este punto ha contado con el voto a favor de todos los grupos excepto el PSOE, que lo hizo en contra.
"Es conocida la situación de desempleo y precariedad que sufre Sanlúcar de Barrameda, y ante esa situación de vulnerabilidad y de emergencia, numerosas familias han tenido la necesidad de ocupar de forma provisional edificios en manos de bancos o de la Sareb esperando una acción del ayuntamiento de su ciudad o de la Junta de Andalucía que les permita salir de esa situación de interinidad y angustia", ha relatado Podemos. Asimismo, ha destacado que en algunas ocasiones se han abierto vías de diálogo entre familias y bancos para buscar soluciones de alquiler social que pudieran cubrir las expectativas de todas las partes, consolidando la función social de la vivienda en primera instancia.
La parlamentaria del PSOE, Beatriz Rubiño, ha criticado que Podemos plantee una PNL como solución a esta problemática cuando "siempre que se sube a esta tribuna dice que no cree" en dichas iniciativas, y ha llamado a "no hacer demagogia". Desde el "máximo respeto" a las familias de estas corralas, que "arrastran una situación dramática desde hace meses e incluso años", la socialista ha explicado que "no entiende el contenido" de esta proposición no de ley, porque "nuestra obligación es mantener la legalidad", y las referidas viviendas "se han ocupado en precario, aunque sea por situaciones dramáticas", pero cometiendo una "ilegalidad".
Ana Mestre, del PP, es quien ha defendido la mediación y que "las familias de las corralas de Sanlúcar merecen una respuesta", y en esa línea ha criticado que en dicho municipio gaditano "hace más de doce años que no se construyen viviendas sociales". "De aquellos polvos vienen estos lodos", ha comentado, para apostillar que, en todo caso, el Grupo Popular "no justifica la 'patada en la puerta'". La representante del PP-A ha señalado que "a la situación por la que pasan estas familias se le acumulan muchas otras cuestiones" al margen del "problema de la vivienda", y ha criticado que la Junta "se ha llevado una legislatura al completo sin plan de vivienda, cuando el Estatuto de autonomía reconoce que la política social de vivienda es competencia exclusiva" de dicha administración.
En representación de Ciudadanos (Cs), el parlamentario Carlos Hernández-White ha reconocido que el derecho de acceso a una vivienda "está recogido en la Constitución" española, y ha remarcado que su grupo "no está en contra de que se dé alquiler social a personas que lo necesiten, pero siguiendo unas normas y un marco legal que ya está establecido", porque, según ha agregado, "ya existe una oficina dedicada a eso". En esa línea, ha reivindicado que las normas sean "las mismas para todos", al tiempo que ha recordado que el Presupuesto es "limitado". Finalmente, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha llamado la atención sobre el "problema de primer orden" de los desahucios en Sanlúcar, donde son "muy numerosos" y denotan una situación de "pobreza y exclusión", según ha comentado, tras lo que ha apostillado que se han echado en falta "medidas a la altura del calado del problema que padecen" las familias de las corralas.