José Ortiz, exalcalde de Vejer y actual delegado de Urbanismo, ocupa una parte fundamental en el asunto de los precintos de casas en El Palmar. Según explicó Borja Grandal, uno de los abogados de este caso, "el delegado animó a los vecinos a evitar un posible precinto mediante la solicitud de empadronamientos". El martes pasado, Grandal comunicó esta noticia a técnicos de la Junta que calificaron el "consejo" como un posible fraude de ley, por acometer esta acción como posible atajo para regularizar una situación perseguida por la Junta.
Preguntado por esto, José Ortiz explica su versión del asunto: "Yo he hablado con todos los abogados. Borja Grandal es el único que ha hablado con la prensa y él pertenece a una asociación de vecinos con aspiraciones políticas y pienso que los objetivos que tienen no son para solucionar los problemas de El Palmar, sino para ir políticamente contra este legítimo equipo de gobierno", comienza. "Lo que hemos dicho y mantenido es que una persona que tenga su vivienda habitual lo tendrá que demostrar, y lo tendrá que demostrar con unos documentos que especifiquen que es su vivienda y con un empadronamiento. Eso se ha cumplido, porque cuando llegaron las notificaciones yo llamé a la Junta para asegurar que no se actuara contra aquellas personas que tenían aquí su residencia habitual. Yo llamé a los abogados para avisar de que esta carta no dice absolutamente nada, que si se demuestra el uso residencial de los vecinos, estos no serían expulsados", asegura Ortiz.
Según el delegado, en realidad no hay "lío ninguno", solo voluntad de malinterpretar las palabras. "La Junta no puede dejar a nadie en la calle porque eso es un desahucio, por eso, lo que estamos recomendando es que se demuestre el uso de la vivienda. El 80% de las casas se pueden regularizar, pero hay muy pocas solicitudes de AFO (documento que aprobó la Junta para la regularización de viviendas)", apostilla José Ortiz.
No obstante, la conclusión sobre este proceso de precintos en El Palmar, coincide con la volcada por lavozdelsur.es el pasado martes: el único problema es para aquellos propietarios que no puedan demostrar el uso habitual de la vivienda, es decir, casas destinadas a fines turísticos. "Ahora toca acreditar los documentos que han presentado los vecinos y vamos a trabajar conjuntamente, Ayuntamiento y Junta, para estudiar estos documentos. Vamos a estudiar caso por caso", continúa.
¿Qué va a pasar con aquellas viviendas que no demuestren su uso residencial?
Ahí es donde digo que muchas pueden ser regularizadas, habrá que estudiar una a una. Lo que no podemos es dar por válido que un container de camión sea una casa, porque eso no es habitable.
¿Y qué ocurre con la lentitud o la negativa de empadronar a gente que lo solicita?
Ha habido discusión técnica, es complicado por el tema de las parcelas y porque muchas veces se ha pedido documentación que no se aporta. Esto lo vamos a abordar en una próxima reunión con la Junta de Andalucía.
Respecto a la “cultura de la permisividad” durante estos años y la falta de planes urbanísticos, ¿qué tiene que decir?
Para el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) tiene que haber un compromiso económico y los vecinos dicen que no pueden pagar el coste de esta urbanización. Si los vecinos cambian de postura y ahora están dispuestos a pagar, yo los escucho mañana mismo. Desarrollar el PERI anterior a nuestro mandato implicaría derribar viviendas. Vamos a trocear el PERI para ver qué ámbitos se pueden llevar a cabo sin derribos. Hay viviendas que están regularizadas pero se han construido por donde iba la carretera. El problema por el que no sale adelante ningún planeamiento urbano es este, que se aprueba el plan, y cuando echa a andar, resulta que el número de viviendas ha aumentado. En este sentido, pedimos a las asociaciones que pidan no construir más viviendas hasta que no se planifique todo. La solución pasa por no construir más viviendas irregulares. Además, una gran parte de las viviendas sobre las que ha actuado la Junta, son viviendas a las que se dijo que no hicieran las obras, pero han seguido sus planes sin acatar estas órdenes.
El próximo 19 de abril ha convocado una asamblea para informar sobre los AFO y futuros planes urbanísticos. Hasta la fecha, tienen planes para actuar y dotar de suministros básicos a 690 viviendas. De momento van a empezar por 170, que son las que presentarán en esta próxima asamblea.
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