El exalcalde de El Puerto por Independientes Portuenses, Hernán Díaz, volverá a sentarse en el banquillo acusado de permitir la construcción de viviendas ilegales en la reserva natural de Las Lagunas. Junto a él le acompañarán dos exconcejales de Urbanismo durante su mandato, Juan Carlos Rodríguez y Pedro Alamillos. Todos son, para la Fiscalía, presuntos culpables de un delito de prevaricación continuado y pide para ellos ocho años de inhabilitación para cargo público.
Según el escrito de calificación fiscal que recoge Diario de Cádiz, los tres "omitieron las medidas necesarias para restaurar la legalidad urbanística vulnerada en la zona de 'El Barranco', incluida en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía". Además, el PGOU de El Puerto, vigente en la fecha que ocurrieron los hechos, recogía "la eliminación de las edificaciones ilegales, viario y vallados existentes".
El ministerio público añade que desde finales de los años 80 la Agencia de Medio Ambiente ya había presentado una denuncia debido a que se estaban construyendo edificaciones ilegales en la zona, a partir de la cual se incoaron diferentes expedientes contra dichas construcciones. En 2002, Ecologistas en Acción presentó un escrito ante el Registro Municipal del Ayuntamiento en el que denunciaba la urbanización ilegal en la zona de Las Lagunas, solicitando la eliminación de estas viviendas, obteniendo como respuesta municipal que se adoptarían las "medidas necesarias para restaurar el orden jurídico urbanístico infringido". A pesar de esto, el Consistorio no llegó a actuar en consecuencia.
se habían detectado en esta zona parcelaciones y construcciones ilegales, lo cual había sido puesto en conocimiento del Ayuntamiento por medio de una denuncia presentada por la Agencia de Medio Ambiente el 24 de octubre de 1988. A partir de esa querella, se incoaron varios expedientes contra las edificaciones irregulares de El Barranco, si bien en el pleno del Ayuntamiento celebrado el 26 de abril de 1990 se acordó retirar este asunto de las viviendas ilegales del orden del día para que fuera la Agencia de Medio Ambiente la que actuara.
Es más, en 2004, desde la delegación de Urbanismo solicitaban en 2004 a Endesa que facilitase la contratación del sumunistro de energía a los vecinos de dicho entorno "ante la necesidad de cubrir un mínimo de nivel de higiene y salubridad", por lo que para la Fiscalía esto contribuía "de manera decisiva" a la consolidación de las edificaciones ilegales.
Por todo ello, Ecologistas en acción volvía a presentar en 2005 una reclamación ante el Consistorio, sin obtener respuesta. "La omisión de medidas de restauración y la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores persistió pese al apercibimiento efectuado por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes con fecha de 31 de octubre de 2005", señala el ministerio fiscal.
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