María Dolores Guerrero Muñoz no recibirá una indemnización de 150.000 euros. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Cádiz ha desestimado la denuncia que puso contra el alcalde, varios concejales y distintos técnicos del Ayuntamiento de El Puerto por haber sufrido acoso moral.
La que fuera interventora municipal durante 14 años, primera mujer que logró un puesto de máxima responsabilidad en este ayuntamiento, denunció que había tenido problemas para desempeñar su trabajo en el Consistorio y había sido víctima de hostigamiento, humillaciones, insultos o menoscabo hacia su persona.
Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el recurso puesto por la actual jefa de Gestión Económica y Presupuestaria de la Cámara de Cuentas de Andalucía no ha sido aprobado.
El Juzgado ha desestimado, por tanto, en sentencia del 29 de enero de 2024, N º 12/2024, la reclamación formulada el 13 de enero del pasado 2023 donde la ex interventora exigía el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de El Puerto de acoso moral, así como su solicitud de indemnización en la cuantía de 150.000 euros, al no haber encontrado en las declaraciones de testigos, correos, reuniones o notas de prensa manifestaciones ofensivas o degradantes contra la demandante, que prueben dicho acoso.
"Ni se puede calificar de mobbing el legal y exigible ejercicio de la jerarquía o poder de decisión o el establecimiento de objetivos por la organización por parte de un superior frente a los trabajadores de una organización. No apreciándose vulneración de los derechos fundamentales invocados”, señala la sentencia.
El Ayuntamiento destaca que en la sentencia se pone de manifiesto que discrepar desde un punto de vista técnico, jurídico o económico en ningún caso puede ser considerado acoso moral.
Desde el Ayuntamiento de El Puerto se ha recibido la sentencia con satisfacción. "Queda probado que ni el alcalde ni el resto de los demandados ejercieron acoso alguno sobre la interventora, ni hubo hostigamiento, humillaciones, insultos o menoscabo hacia su figura, ni a nivel personal ni profesional. Ni aislamiento respecto al resto de compañeros, ridiculización o humillación. De la misma forma que se constata que “no se observa ese plan preconcebido” que ella denuncia- por parte de los demandados de la administración local", sostiene.
Comentarios