Un informe elaborado tras la visita de varios eurodiputados a Algeciras y Barbate en mayo pasado ha lanzado un serio toque de atención al Gobierno español. La delegación europea viajó al Campo de Gibraltar para investigar la trata de personas y el narcotráfico, con especial atención al asesinato de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez, arrollados por una narcolancha el 9 de febrero de 2024.
Durante su estancia, los eurodiputados se reunieron con fiscales, responsables policiales y antidroga en el Ayuntamiento de Algeciras y en el Puerto, tercer punto de entrada de cocaína en Europa tras Róterdam y Amberes. También escucharon a los supervivientes de la zódiac embestida, que relataron la desprotección con la que siguen trabajando cada semana en operaciones de alto riesgo.
“Necesidad de proteger a los que nos protegen”
El informe ha apuntado directamente a la falta de medios de las fuerzas de seguridad en la zona. El documento subraya la “necesidad de proteger adecuadamente a los que nos protegen” e insta al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, a realizar “inversiones significativas en recursos, personal, formación y tecnología avanzada”. El aviso llega después de que las familias de los agentes fallecidos denunciaran la desigualdad de medios frente a las embarcaciones de los narcotraficantes.
El texto preliminar reconoce esa carencia y ha urgido a tomar medidas inmediatas. Policías y guardias civiles han pedido al Ministerio del Interior castigos más severos para organizaciones criminales cada vez más violentas, junto a un refuerzo de plantillas y mejor equipamiento. Una reclamación que se ha intensificado tras la carta enviada por las familias de los fallecidos a Bruselas, en la que reclamaban mayor protección.
El documento también incorpora dos reivindicaciones históricas de las fuerzas de seguridad: que la profesión policial sea reconocida como de riesgo en toda la Unión Europea y que los actos violentos contra agentes se tipifiquen como eurodelitos. De aprobarse, se permitiría endurecer las penas y reducir la impunidad con la que actúan las organizaciones criminales en la región.
Desde que se puso en marcha en 2018 el cuarto Plan Especial de Seguridad en el Campo de Gibraltar, se han desarrollado más de 37.000 operaciones contra el narcotráfico. Solo en el primer semestre de 2025, se han realizado 2.754 actuaciones, con más de 2.000 detenidos y 98.000 kilos de droga incautados, principalmente hachís. A pesar de estos resultados, el trabajo sigue siendo de alto riesgo y, como recuerdan los casos más recientes, a veces cuesta la vida.
