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Durante años estuvo destinado en la Sección Fiscal de la Aduana de Algeciras. Sin embargo, su trayectoria acabó en los tribunales, rodeada de investigaciones sobre narcotráfico, operaciones económicas sospechosas y una estructura empresarial junto a miembros de su familia. Un cabo primero de la Guardia Civil ha sido condenado a siete años de prisión por blanqueo de capitales agravado y pertenencia a grupo criminal, una pena que acaba de confirmar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Se trata de un agente que ingresó a comienzos de los 90, por lo que era todo un veterano con el uniforme.
La resolución ratifica las condenas de familiares por blanqueo y pertenencia a grupo criminal. Deberán afrontar, además, multas de 4,5 millones. La sentencia todavía puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.
La historia tiene otro capítulo familiar. Su esposa ya había resultado condenada, junto al propio agente y otra hija, en un procedimiento anterior relacionado con el contrabando y el blanqueo de capitales. Aquella resolución, dictada en marzo de 2023, estaba recurrida y no era firme en el momento examinado por el TSJA.
La investigación que ha desembocado en esta condena se centra en las actividades desarrolladas entre 2015 y 2018. Según los hechos probados, el guardia civil dirigía una estructura integrada por una docena de sociedades, utilizadas para realizar inversiones inmobiliarias, adquirir participaciones empresariales y comprar vehículos.
Las cifras resultaron determinantes, incompatibles inicialmente con los 1.600 euros mensuales de su trabajo en la Guardia Civil. Frente a esos ingresos, los investigadores examinaron operaciones patrimoniales valoradas conjuntamente en 1.646.737 euros, incluyendo aportaciones económicas, inmuebles y vehículos. También detectaron préstamos privados sin garantías suficientes, devoluciones no acreditadas mediante movimientos bancarios e intereses superiores al 32%. Una de las operaciones investigadas fue la compra de una nave industrial en La Línea de la Concepción por 158.878 euros.
Para el TSJA, al menos parte del dinero blanqueado procedía del tráfico de drogas. No obstante, la condena no exige acreditar que el agente participara personalmente en cada operación de narcotráfico que aparece en sus antecedentes policiales.
De los contactos con narcotraficantes a las detenciones por Asuntos Internos
El historial recogido por la sentencia se remonta a 2009. Ese año, una investigación policial registró una conversación telefónica entre Bernardo y una persona investigada por delitos relacionados con el narcotráfico.
En aquella llamada, recogida en un atestado, el guardia civil habría advertido sobre la posible vigilancia de una embarcación: "Que el barco está controlado, y para él tiene una chicharra". Los investigadores consideraron que la expresión podía aludir a un dispositivo de seguimiento por satélite. No consta una condena específica por revelación de secretos derivada de aquella conversación.
Las pesquisas también relacionaron vehículos de una empresa administrada por su esposa con una operación en la que se intervinieron 2.088 kilos de hachís en Torrox, en 2009. Los magistrados, en la sentencia del TSJA, también mencionan sus contactos con personas vinculadas al narcotráfico marroquí, incluido un individuo al que llegaba a llamar su "socio de Tánger".
Pero es en 2014 cuando llegó el momento culminante. Asuntos Internos de la Guardia Civil arrestó al cabo primero y a su esposa en unas diligencias que investigaban presuntos delitos de narcotráfico, contrabando, cohecho, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, organización criminal y blanqueo. Aquel procedimiento desembocó en la sentencia de 2023 por contrabando y blanqueo. Cuatro años después de la detención de 2014, la Policía Nacional volvió a detenerlo por una investigación relacionada con presunta falsedad documental y receptación, cuyo resultado judicial no concreta el TSJA.
Durante años estuvo destinado en la Sección Fiscal de la Aduana de Algeciras. Sin embargo, su trayectoria acabó en los tribunales, rodeada de investigaciones sobre narcotráfico, operaciones económicas sospechosas y una estructura empresarial junto a miembros de su familia. Un cabo primero de la Guardia Civil ha sido condenado a siete años de prisión por blanqueo de capitales agravado y pertenencia a grupo criminal, una pena que acaba de confirmar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Se trata de un agente que ingresó a comienzos de los 90, por lo que era todo un veterano con el uniforme.
La resolución ratifica las condenas de familiares por blanqueo y pertenencia a grupo criminal. Deberán afrontar, además, multas de 4,5 millones. La sentencia todavía puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.
La historia tiene otro capítulo familiar. Su esposa ya había resultado condenada, junto al propio agente y otra hija, en un procedimiento anterior relacionado con el contrabando y el blanqueo de capitales. Aquella resolución, dictada en marzo de 2023, estaba recurrida y no era firme en el momento examinado por el TSJA.
La investigación que ha desembocado en esta condena se centra en las actividades desarrolladas entre 2015 y 2018. Según los hechos probados, el guardia civil dirigía una estructura integrada por una docena de sociedades, utilizadas para realizar inversiones inmobiliarias, adquirir participaciones empresariales y comprar vehículos.
Las cifras resultaron determinantes, incompatibles inicialmente con los 1.600 euros mensuales de su trabajo en la Guardia Civil. Frente a esos ingresos, los investigadores examinaron operaciones patrimoniales valoradas conjuntamente en 1.646.737 euros, incluyendo aportaciones económicas, inmuebles y vehículos. También detectaron préstamos privados sin garantías suficientes, devoluciones no acreditadas mediante movimientos bancarios e intereses superiores al 32%. Una de las operaciones investigadas fue la compra de una nave industrial en La Línea de la Concepción por 158.878 euros.
Para el TSJA, al menos parte del dinero blanqueado procedía del tráfico de drogas. No obstante, la condena no exige acreditar que el agente participara personalmente en cada operación de narcotráfico que aparece en sus antecedentes policiales.
De los contactos con narcotraficantes a las detenciones por Asuntos Internos
El historial recogido por la sentencia se remonta a 2009. Ese año, una investigación policial registró una conversación telefónica entre Bernardo y una persona investigada por delitos relacionados con el narcotráfico.
En aquella llamada, recogida en un atestado, el guardia civil habría advertido sobre la posible vigilancia de una embarcación: "Que el barco está controlado, y para él tiene una chicharra". Los investigadores consideraron que la expresión podía aludir a un dispositivo de seguimiento por satélite. No consta una condena específica por revelación de secretos derivada de aquella conversación.
Las pesquisas también relacionaron vehículos de una empresa administrada por su esposa con una operación en la que se intervinieron 2.088 kilos de hachís en Torrox, en 2009. Los magistrados, en la sentencia del TSJA, también mencionan sus contactos con personas vinculadas al narcotráfico marroquí, incluido un individuo al que llegaba a llamar su "socio de Tánger".
Pero es en 2014 cuando llegó el momento culminante. Asuntos Internos de la Guardia Civil arrestó al cabo primero y a su esposa en unas diligencias que investigaban presuntos delitos de narcotráfico, contrabando, cohecho, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, organización criminal y blanqueo. Aquel procedimiento desembocó en la sentencia de 2023 por contrabando y blanqueo. Cuatro años después de la detención de 2014, la Policía Nacional volvió a detenerlo por una investigación relacionada con presunta falsedad documental y receptación, cuyo resultado judicial no concreta el TSJA.
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