El PSOE de Andalucía ha exigido el “cese o dimisión” inmediato del alcalde de Estepona, el popular José María García Urbano. Un juzgado ha abierto juicio oral contra él por un delito de prevaricación presuntamente cometido por autoridad, en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos. La Fiscalía pide para él un año y 11 meses de cárcel.
El caso gira en torno a la contratación como personal eventual del Ayuntamiento de una mujer con la que el regidor “mantenía una relación sentimental”. Según el fiscal, el alcalde la contrató “a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna”. Ella cobró dos nóminas, de 1.634 y 3.642 euros, en febrero y marzo de 2023.
La vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez, comparó en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz este caso con el de José Ignacio Landaluce, el ya dimitido alcalde de Algeciras, que estaba acusado de abuso sexual. Según Márquez, en aquel caso el PP también esperó para tomar medidas. La dirigente socialista acusó a los populares de “tapar” el caso de Estepona, en el que ve un “abuso de poder” y un “uso de recursos públicos presuntamente en favores sexuales”.
“¿A qué esperan para echar y mandar a su casa al alcalde de Estepona?”, preguntó Márquez. Pidió celeridad y reprochó al popular Elías Bendodo que haya dicho que el asunto no es de su competencia.
Por parte del PP, su portavoz en el Parlamento andaluz, Toni Martín, aseguró este miércoles que es una cuestión que corresponde al secretario general del partido, Antonio Repullo. Martín respaldó las palabras que Repullo pronunció el martes. El PP-A ha manifestado este pasado martes que hay un "expediente informativo abierto" sobre el alcalde, y que, "en función de la evolución del procedimiento judicial, se procederá al "estudio y avance" de dicho expediente.
Qué piden la Fiscalía y las acusaciones contra el alcalde de Estepona
El Tribunal de Instancia número 5 de Estepona ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que da por formulada la acusación contra el alcalde y contra la mujer, de iniciales C.P.B. El juicio corresponde a la Audiencia Provincial de Málaga. Contra esta resolución no cabe recurso, salvo en lo que afecta a la situación personal del acusado.
Además de la pena de prisión, el fiscal pide para el alcalde cinco años y 11 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público y para presentarse a elecciones, además del pago de las costas. Para la mujer, por el mismo delito, reclama cuatro años y seis meses de prisión, ocho años de inhabilitación especial para cargo o empleo público y el pago de las costas.
El PSOE, que ejerce la acusación particular, pide para el regidor cinco años y seis meses de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Para la mujer solicita dos años de prisión y seis de inhabilitación. Hay otra acusación particular, que solo pide pena para el alcalde, la misma que reclaman los socialistas.
Según la Fiscalía, una vez iniciado el procedimiento, el alcalde devolvió todo el dinero que generó “la indebida relación contractual”. En noviembre de 2025 ingresó en la Tesorería Municipal 5.276,92 euros, lo que la acusada cobró en neto por las nóminas de febrero y marzo de 2023. En junio del año siguiente ingresó otros 2.589,97 euros de la cotización a la Seguridad Social.
García Urbano niega el delito y habla de una estrategia de desgaste político
García Urbano ha expresado su plena confianza en la Justicia. Quiere que el juicio empiece cuanto antes para demostrar que no hubo delito ni irregularidad al contratar a una persona como cargo de confianza durante 46 días, entre febrero y marzo de 2023.
Su defensa ha explicado que durante la instrucción se aportaron informes del departamento municipal de Recursos Humanos. Según la defensa, esos informes acreditan las funciones propias del puesto y los servicios que la contratada prestó realmente. También se incorporaron testimonios que corroboran que iba al Ayuntamiento y el trabajo que hacía, y todo ello consta en las diligencias judiciales.
La defensa añade que el procedimiento nació de lo que esa misma persona declaró como testigo en otra causa contra el alcalde. Aquella causa fue archivada de forma firme por la Audiencia Provincial de Málaga, lo que, según la defensa, demostró que las acusaciones no tenían fundamento. Esa persona presentó además otra denuncia por los mismos hechos, que también se archivó definitivamente. Para la defensa, estos antecedentes demuestran que las acusaciones no se sostienen y que el procedimiento forma parte de una estrategia de desgaste político y personal contra el alcalde.
García Urbano es alcalde de Estepona, un municipio de 79.621 habitantes, desde 2011. Revalidó el cargo en 2015 y en 2019, cuando fue el alcalde más votado entre las ciudades de más de 50.000 habitantes. En 2023 perdió cuatro concejales, pero mantuvo la mayoría. No cobra sueldo municipal, porque sus ingresos proceden de su trabajo como registrador de la propiedad.
El PSOE de Andalucía ha exigido el “cese o dimisión” inmediato del alcalde de Estepona, el popular José María García Urbano. Un juzgado ha abierto juicio oral contra él por un delito de prevaricación presuntamente cometido por autoridad, en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos. La Fiscalía pide para él un año y 11 meses de cárcel.
El caso gira en torno a la contratación como personal eventual del Ayuntamiento de una mujer con la que el regidor “mantenía una relación sentimental”. Según el fiscal, el alcalde la contrató “a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna”. Ella cobró dos nóminas, de 1.634 y 3.642 euros, en febrero y marzo de 2023.
La vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez, comparó en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz este caso con el de José Ignacio Landaluce, el ya dimitido alcalde de Algeciras, que estaba acusado de abuso sexual. Según Márquez, en aquel caso el PP también esperó para tomar medidas. La dirigente socialista acusó a los populares de “tapar” el caso de Estepona, en el que ve un “abuso de poder” y un “uso de recursos públicos presuntamente en favores sexuales”.
“¿A qué esperan para echar y mandar a su casa al alcalde de Estepona?”, preguntó Márquez. Pidió celeridad y reprochó al popular Elías Bendodo que haya dicho que el asunto no es de su competencia.
Por parte del PP, su portavoz en el Parlamento andaluz, Toni Martín, aseguró este miércoles que es una cuestión que corresponde al secretario general del partido, Antonio Repullo. Martín respaldó las palabras que Repullo pronunció el martes. El PP-A ha manifestado este pasado martes que hay un "expediente informativo abierto" sobre el alcalde, y que, "en función de la evolución del procedimiento judicial, se procederá al "estudio y avance" de dicho expediente.
Qué piden la Fiscalía y las acusaciones contra el alcalde de Estepona
El Tribunal de Instancia número 5 de Estepona ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que da por formulada la acusación contra el alcalde y contra la mujer, de iniciales C.P.B. El juicio corresponde a la Audiencia Provincial de Málaga. Contra esta resolución no cabe recurso, salvo en lo que afecta a la situación personal del acusado.
Además de la pena de prisión, el fiscal pide para el alcalde cinco años y 11 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público y para presentarse a elecciones, además del pago de las costas. Para la mujer, por el mismo delito, reclama cuatro años y seis meses de prisión, ocho años de inhabilitación especial para cargo o empleo público y el pago de las costas.
El PSOE, que ejerce la acusación particular, pide para el regidor cinco años y seis meses de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Para la mujer solicita dos años de prisión y seis de inhabilitación. Hay otra acusación particular, que solo pide pena para el alcalde, la misma que reclaman los socialistas.
Según la Fiscalía, una vez iniciado el procedimiento, el alcalde devolvió todo el dinero que generó “la indebida relación contractual”. En noviembre de 2025 ingresó en la Tesorería Municipal 5.276,92 euros, lo que la acusada cobró en neto por las nóminas de febrero y marzo de 2023. En junio del año siguiente ingresó otros 2.589,97 euros de la cotización a la Seguridad Social.
García Urbano niega el delito y habla de una estrategia de desgaste político
García Urbano ha expresado su plena confianza en la Justicia. Quiere que el juicio empiece cuanto antes para demostrar que no hubo delito ni irregularidad al contratar a una persona como cargo de confianza durante 46 días, entre febrero y marzo de 2023.
Su defensa ha explicado que durante la instrucción se aportaron informes del departamento municipal de Recursos Humanos. Según la defensa, esos informes acreditan las funciones propias del puesto y los servicios que la contratada prestó realmente. También se incorporaron testimonios que corroboran que iba al Ayuntamiento y el trabajo que hacía, y todo ello consta en las diligencias judiciales.
La defensa añade que el procedimiento nació de lo que esa misma persona declaró como testigo en otra causa contra el alcalde. Aquella causa fue archivada de forma firme por la Audiencia Provincial de Málaga, lo que, según la defensa, demostró que las acusaciones no tenían fundamento. Esa persona presentó además otra denuncia por los mismos hechos, que también se archivó definitivamente. Para la defensa, estos antecedentes demuestran que las acusaciones no se sostienen y que el procedimiento forma parte de una estrategia de desgaste político y personal contra el alcalde.
García Urbano es alcalde de Estepona, un municipio de 79.621 habitantes, desde 2011. Revalidó el cargo en 2015 y en 2019, cuando fue el alcalde más votado entre las ciudades de más de 50.000 habitantes. En 2023 perdió cuatro concejales, pero mantuvo la mayoría. No cobra sueldo municipal, porque sus ingresos proceden de su trabajo como registrador de la propiedad.
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