IU condena las políticas del PP que han llevado a la disolución de la Fundación Teatro Villamarta y busca alternativas que incluyan el mantenimiento de la plantilla.
“Ya advertimos a Mamen Sánchez de la necesidad de trabajar en un plan alternativo para salvar la Fundación, pero parece que no era una de sus prioridades”, sostiene Ana Fernández, edil de IU, formación que también ha manifestado su pesar por la disolución del ente público que gestiona el Teatro Villamarta, tras recibir el Ayuntamiento una carta de Hacienda instando a liquidarlo por incurrir en pérdidas en más de dos ejercicios consecutivos.
La agrupación local de IU, en una nota de prensa, sostiene que no se debe obviar “quienes han sido los responsables de esta situación: el Partido Popular de Mariano Rajoy y de María José García Pelayo”. Según la formación de izquierdas, el anterior gobierno del PP “tuvo en sus manos la oportunidad de evitar este triste final de la Fundación, tan sólo tenía que elaborar un plan de reequilibrio para el ejercicio 2014 que fuese capaz de frenar las pérdidas que venían arrojando las cuentas de la Fundación desde 2012”. Pero en lugar de eso, aseguran, “se dedicó a asfixiarla económicamente y dejarla morir”.
Para Ana Fernández, la “pasividad” del gobierno local esperando la respuesta del Ministerio ha sido lo que ha terminado de “condenar” a la Fundación y asegura que desde entonces, desde el grupo municipal de IU vienen trabajando en una solución que permita, no sólo garantizar la continuidad de la actividad del Teatro, sino conservar también los 27 puestos de trabajo generados por la Fundación y que, hoy por hoy, “están en riesgo de desaparecer”.
En este punto, Fernández asegura que desde IU se ponen “totalmente a disposición del gobierno local para trabajar de manera conjunta en la búsqueda de esas soluciones, aportando los avances realizados hasta la fecha por nuestra formación en una clara apuesta por salvar el Teatro Villamarta y mantener los empleos de esas 27 personas”.
La edil de IU, a su vez, critica las políticas del Gobierno central, “que no han hecho sino subordinar la prestación de servicios públicos, entre ellos la cultura, al pago de la deuda de las entidades locales”, y critica que el Ayuntamiento de Jerez haya sido el primero en probar las “bondades” de estas leyes. “A buen seguro que nos volveremos a ver amenazados por ellas en el futuro”.