Un documento elaborado por abogados, con la colaboración de Ganemos, IU y los sindicatos UGT, CCOO y ATMJ, avala el regreso de todos los empleados.
No hay motivos para que no regresen al Ayuntamiento los 116 afectados por el ERE municipal ejecutado en 2012 por el PP que quieren recuperar sus puestos de trabajo. Eso es lo que asegura un informe jurídico elaborado por los abogados de los empleados, en el que han colaborado Ganemos e IU y los sindicatos CCOO, ATMJ y UGT. El informe jurídico encargado por el Ayuntamiento a una empresa externa avala la vuelta de al menos 90 de ellos, una cifra que al estudiar caso por caso se ha aumentado hasta los 94, dejando fuera a 22 que no recurrieron sus sentencias al TSJA, por lo que se argumenta que en sus casos no se pueden realizar los acuerdos transaccionales necesarios para concretar su vuelta.
El tiempo corre y antes del 14 de septiembre, día que está previsto que se conozca el primer señalamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA) sobre una sentencia, tiene que celebrarse un pleno extraordinario que avale su vuelta y remitirse los acuerdos transaccionales al Alto Tribunal andaluz, aunque los sindicatos y partidos de la oposición que avalan el regreso de todos los afectados creen que hay tiempo para que el Ayuntamiento tenga en cuenta el nuevo informe jurídico. “Queremos que las cosas se hagan bien, legalmente, y creemos que es posible que todas las personas afectadas por el ERE tengan las mismas expectativas”, sostiene Juan Manuel García Hurtado, delegado sindical de UGT, en la rueda de prensa en la que se ha presentado el documento, que firman seis abogados.
“No estamos en procedimientos individuales, se trata de un despido colectivo. El TSJA dijo que todos los despidos eran improcedentes; en todos es posible la transacción”, sostiene Antonio Ortega, abogado que defiende los intereses de 56 afectados por el ERE y uno de los firmantes del citado informe jurídico. “En un despido colectivo estamos todos en el mismo barco, la transacción es posible siempre que se salve el interés general y se cumpla lo que dice Hacienda”, añade el letrado, que remata: “Si alguien tiene que excluir, que excluya la Sala (del TSJA)”.
“El objetivo es integrar y no excluir a nadie”, sostiene Ángeles González, diputada y edil de Ganemos Jerez, que señala que “el derecho de igualdad de trato también es interés público”. Es la concejal de la agrupación de electores quien muestra en la comparecencia un auto de homologación de una transaccional del TSJA, que permite que un trabajador de un Ayuntamiento con un despido declarado improcedente y que no recurrió al TSJA, sea readmitido. En esa situación se encuentran las 22 personas que, por el momento, no volverán a formar parte de la plantilla municipal. “No entendemos por qué el gobierno local quiere condenar a 22 familias y a sus hijos a la indigencia”, apunta Antonio Junquera, uno de los afectados, que pide al Ayuntamiento que “asuma las tesis del informe y proceda a elaborar las transaccionales para presentarlas a pleno”. "¿Cuál es el riesgo?”, se pregunta. “Ninguno”, responde él mismo, que cree que es “una cuestión de voluntad”.
“El principio de igualdad de trato puede verse vulnerado si este Ayuntamiento decidiera actuar de forma diferente para casos que no es que sean similares, es que son objetivamente idénticos”, insiste Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz municipal de IU, que señala que en vista de los informes jurídicos del gabinete municipal y el elaborado por los abogados de los afectados, “no existe impedimento alguno para que el pleno apruebe la presentación de todos los acuerdos transaccionales para que sea el juzgador del litigio quien decida”. Ruiz-Berdejo insiste en que la sesión extraordinaria que debe aprobar la reincorporación de los afectados debe incluir la vuelta de los 116 trabajadores y no de los 94 que cuentan con el visto bueno del informe jurídico encargado al gabinete Martínez Escribano Abogados y Economistas. “Pedimos al gobierno que no nos prive del derecho a manifestarnos sobre la vuelta de los 116”, apunta el edil de IU. “Siempre hemos defendido la vuelta de todos”, señala.
El gobierno local ya cuenta con este nuevo informe jurídico, que deberá estudiar contrarreloj antes de convocar el pleno extraordinario que debe dar el visto bueno a la vuelta de estos trabajadores al Ayuntamiento y que presumiblemente se celebrará el próximo lunes. Aún está por ver si serán 116 o 94. La readmisión, incluida en el Presupuesto de 2016 del que el gobierno local ha dado algunas pinceladas, debe contar con el apoyo suficiente para aprobar unas cuentas que son necesarias para culminar un proceso de reincorporación que para los afectados se está haciendo interminable.
Comentarios