Javier de Torre hace oídos sordos al escrito que le remitió la alcaldesa hace un mes para que no autorizara en la calle Consistorio manifestaciones en las jornadas de pleno en el Ayuntamiento.
El pleno ordinario de junio vuelve a no poder desarrollarse con normalidad debido a las protestas a las puertas del Consistorio, a unos metros de donde la Corporación debate el orden del día. El ensordecedor ruido de las bocinas y algún que otro petardo impide su normal desarrollo, el trabajo de los informadores y el seguimiento del público que ha acudido al salón municipal. La Subdelegación del Gobierno, visto lo visto, ha hecho oídos sordos al escrito que el pasado 30 de mayo remitió la alcaldesa, Mamen Sánchez, para que condicionara las manifestaciones del Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP) y CGT —sindicatos mayoritarios en el Consistorio— al cumplimiento de las normas sobre contaminación acústica y material explosivo pirotécnico, en base a la doctrina del Tribunal Constitucional. Esta impide la emisión de ruidos que superen los niveles permitidos de contaminación acústica y la prohibición de detonar petardos y otros materiales de pirotecnia, según la normativa vigente.
La solicitud reclamaba además que cuando dichas concentraciones coincidiesen con celebraciones de plenos de la Corporación municipal, no se autorizaran en la calle Consistorio, sino en otra de las ubicaciones comprendidas en el trayecto Arenal o Caballeros. A la vista de que las protestas vuelven a boicotear el pleno de Jerez, no parece que el subdelegado del Gobierno, el jerezano Javier de Torre (PP), haya atendido el escrito que le remitió la regidora socialista. Además de impedir que se lleve a cabo con normalidad la sesión del máximo órgano de representación política de la ciudad, el gobierno local le recordaba al subdelegado que las sonoras protestas están produciendo molestias a los vecinos, a los comerciantes y hosteleros de la zona, y constituyen un peligro evidente en esta calle, más cuando no se actúa ante la utilización de elementos como petardos y materiales de detonación explosiva. De este hecho ya han advertido este hecho algunos colectivos, entre ellos Acoje, señalando las pérdidas económicas que están sufriendo los comercios y bares del entorno.
Las manifestaciones desarrolladas por los dos sindicatos SIP y CGT se producen como protesta ante las dos medidas que el actual gobierno municipal ha propuesto en el marco del Plan de Ajuste: la obligada implantación de la jornada laboral de 37,5 horas que suponen 1.642 horas anuales de trabajo efectivo —que desde finales de 2012 se debió aplicar en las entidades municipales—, por lo que se ha de negociar el nuevo cuadro horario; y la reducción del 40% del importe total de las productividades que se vienen pagando, situándolo en las cifras de 2014, con una aplicación objetiva reglamentada.