La empresa acumuló la mayoría de servicios públicos en la ciudad en el último mandato y paralizó la reurbanización del polígono El Portal al exigir más dinero por supuestos fallos en el proyecto.
La gran concesionaria de obras y servicios públicos en la última etapa de María José García-Pelayo como alcaldesa de Jerez, Grupo OHL, que llegó a ingresar unos 11 millones de euros anuales de las arcas municipales gracias a prestaciones básicas, es una de las empresas investigadas dentro de la Operación Lezo, por la que ha sido detenido el ex presidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ignacio González y una decena de personas más por presunta corrupción relacionada con la gestión del Canal de Isabel II. En el caso de la empresa que preside Juan Miguel Villar Mir, que ya tuvo que declarar ante el juez por su supuesta relación con los llamados papeles de Bárcenas, se trata de una pieza separada declarada secreta que investiga igualmente una supuesta trama de financiación ilegal del PP madrileño. Tras los registros de los últimos días en la sede de OHL, en la medianoche de este jueves era detenido Javier López Madrid, que ya fue investigado el año pasado en el marco de la operación Púnica y que, aparte de consejero en el grupo multinacional, es yerno de Villar Mir.
La Unidad Central Operativa (UCO) le acusa de haber pagado presuntamente comisiones a Ignacio González por la adjudicación de una obra. En concreto, la Guardia Civil investiga el supuesto pago de una comisión para la adjudicación del contrato para la construcción del ferrocarril entre las localidades madrileñas de Navalcarnero y Móstoles. Por su parte, la compañía OHL ha defendido que "sus procesos de licitación, adjudicación y contratación se han realizado con total transparencia y sujeción a la ley y a los estándares de buen gobierno corporativo". La constructora, igualmente, ha mantenido desde el pasado miércoles que se desató esta nueva tormenta político-judicial que nunca ha pagado ninguna comisión a ningún partido político y se ha prestado "máxima colaboración" con las autoridades después de que se registrara su sede tras la detención de Ignacio González y a otras once personas.
En menos de cuatro años de mandato del PP al frente del Ayuntamiento de Jerez, Grupo OHL se hizo —a través de sus filiales Elsan e Ingesan— con el mantenimiento de parques y jardines, alumbrado público, la limpieza en colegios y dependencias municipales, la ayuda a domicilio, el último tramo de desdoble de la avenida Reina Sofía y las obras de reurbanización del polígono industrial El Portal —en este caso, la adjudicación llegó de la mano de Zona Franca de Cádiz—, que dejó tiradas una vez cambió el gobierno municipal y por las que reclama una indemnización de un millón de euros por defectos en el proyecto de Urbanismo que debió conocer al presentarse al concurso público.
Esta no ha sido la última polémica con la constructora tras las municipales de 2015. El año pasado por estas fechas anunció que dejaba de prestar todos los servicios públicos que tenía concesionados en Jerez por la elevada deuda que mantenía el Ayuntamiento. A finales de ese mismo año, el gobierno local reducía en 7 millones un débito de 18 acumulado al arribar en el Consistorio. En paralelo, se adoptaba la decisión de rescatar y gestionar directamente tanto el servicio de ayuda a domicilio como el mantenimiento de alumbrado público. Algo que habían venido reclamando la mayoría de grupos de la oposición desde hacía años como mecanismo para ahorrar costes, prestar mejor servicio y garantizar la estabilidad laboral.
Capítulo aparte merece el caso de El Portal, donde también cuenta con un papel decisivo el consorcio estatal de Zona Franca, que sigue en manos del PP y que en toda la controversia ha parecido defender más los intereses de OHL —en este caso la adjudicación se produjo bajo el formato de UTE— que los de las administraciones públicas. De hecho, el Ayuntamiento ya anunció que investiga cómo se licitó y se adjudicó, hace ahora dos años, el contrato para acometer las obras de reurbanización del polígono, un proyecto que diseñaron los técnicos municipales de Urbanismo, pero cuya tramitación y ejecución recaía sobre el consorcio estatal. Hace escasas semanas, ZFC anunciaba la liquidación del contrato por incumplimiento de los plazos y responsabilizaba al Ayuntamiento de Jerez “por los errores detectados en el proyecto municipal”.
Las obras, paralizadas desde diciembre de 2015 y de las que apenas se ha ejecutado un 30%, solo han sido costeadas hasta la fecha por el Consistorio jerezano, "el único que ha abonado algo más de un millón de euros a la UTE", como ya publicó este medio en su día. En cambio, Zona Franca, el PP y la UTE OHL-Ucop, que se adjudicó las obras por 3,8 millones y exigía un millón más por los referidos fallos en el proyecto de Urbanismo, acusan al Ayuntamiento de "negligencia y dejación". En el caso de ZFC, incluso anunció que estudiaba demandar al Consistorio jerezano por "omisión culposa".
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