El juez De la Mata emite un nuevo auto en el que desestima los recursos de apelación de los dos técnicos del Ayuntamiento imputados en la pieza jerezana de la trama Correa, mientras fuentes jurídicas dan por hecho que la líder del PP local puede ser llamada a declarar como imputada "de aquí a unos meses".
La pérdida de la Alcaldía no es a día de hoy la principal preocupación de María José García-Pelayo. De hecho, en las últimas dos semanas ha podido ir quemando prácticamente todas las etapas del duelo que describió la psiquiatra suizo-estadounidense Elisabeth Kübler-Ross: negación ("yo soy la alcaldesa de Jerez"); ira ("el tripartito del odio"); negociación ("les invito a una reflexión profunda"); depresión (la que dicen en los pasillos municipales que atraviesa estos días, ni estrellas de su Paseo de la Fama coloca ya); y aceptación (la que presumiblemente asumirá este sábado si finalmente no gobierna de nuevo). El gran fantasma que le atenaza y le obsesiona es una palabra en alemán: Gürtel. Fuentes jurídicas han asegurado que su imputación por las presuntas contrataciones ilegales con las empresas de Correa puede ser cuestión "de unos meses"; "de aquí a agosto", llegan a precisar.
Algo más de un año después de que el juez Pablo Ruz reabriera la pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez', que investiga los contratos con sociedad del entramado de Francisco Correa para el desembarco del Ayuntamiento en Fitur 2004, la líder del PP jerezano ha insistido en que su preocupación por el devenir de este caso es "cero". Difícil de creer a la vista de unos acontecimientos que han ido sucediéndose en el tiempo a medida que ha ido completándose una instrucción que está a punto de cerrarse con, todo hace indicar, su preimputación. Su condición de aforada, al ser senadora, hace que tenga que ser el Tribunal Supremo, dado el caso, el que ordene su declaración en calidad de imputada. Pero la llegada del juez titular a la Audiencia Nacional, José de la Mata, no ha hecho más que acelerar la posible llegada de ese momento.
La última novedad es que el magistrado ha desestimado los recursos presentados por los dos técnicos municipales imputados, los cuales básicamente alegaban la prescripción de los delitos que se le achacan. En un auto dictado el pasado 8 de junio, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, el titular de instrucción desestima el recurso de apelación que ambos trabajadores cursaron tras el anterior auto en el que Ruz negaba la prescripción del delito de prevaricación continuada. Si ya aquel juez dejó claro que dicha prescripción no existe, De la Mata ha reiterado que ese horizonte está muy lejos todavía. Concretamente, a finales de 2019 debido a que el delito de prevaricación continuada prescribe a los 15 años, no a los 10. En todo esta fase de la instrucción, parece que ha sido decisiva la declaración de Isidro Cuberos, quien ante el juez no solo admitió haber participado en aquellos trabajos sino que además se mostró "muy orgulloso" del trabajo realizado. La por entonces mano derecha de Javier Arenas percibió una comisión de más de 50.000 euros por un asesoramiento al Instituto de Promoción de la Ciudad, ya extinto pero en aquel instante presidido por Pelayo, que el PP jerezano defendió públicamente que iba a ser gratuito.
La figura del conseguidor, acreditada por la Policía Judicial y los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, entra de lleno en aquella primera etapa como alcaldesa de García-Pelayo, que obviamente en todo momento ha negado ante los medios que supiera que aquellas contrataciones tenían que ver con un entramado corrupto. No lo consideró así la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), que en su primer informe remitido a Ruz -detonante para la reapertura- ya la vinculaba directamente con los amaños en los contratos para favorecer a las empresas de Francisco Correa y a su 'número 2', Pablo Crespo. Ambos también fueron llamados a declarar por la pieza jerezana y ambos se negaron a responder a las preguntas, amparándose también en una supuesta prescripción de los delitos.
Es evidente que si llegara la imputación, García-Pelayo tendría prácticamente imposible mantenerse en el cargo si finalmente fuese investida nuevamente como alcaldesa.
A raíz del informe ampliatorio y definitivo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que el juez Pablo Ruz recibió a principios de marzo pasado tras un año de espera, el magistrado requirió al Ayuntamiento de Jerez para que identificase a dos trabajadoras municipales (Elena y Silvia, sin más referencias) que aparecen en las anotaciones de las reuniones preparatorias (en noviembre de 2003) entre un responsable del Instituto de Promoción de la Ciudad (fallecido) y Cuberos. Según adelantó lavozdelsur.es, el 11 de marzo pasado se recibió oficio del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional instando al Ayuntamiento a que informara tanto de las funciones de Lourdes Montenegro (que ya acudió a declarar como imputada), y las citadas Elena y Silvia durante los años 2003 y 2004. No consta que se haya dado respuesta al requerimiento.
El tiempo corre en contra de Pelayo. Perder la Alcaldía este sábado supone también perder cierta cobertura -que no inmunidad- ante lo que pueda ocurrir más temprano que tarde, aunque también es evidente que si llegara la imputación tendría prácticamente imposible mantenerse en el cargo. Habría que ver entonces si su dos, Antonio Saldaña, asumiría este puesto y renunciaría a su condición actual de parlamentario andaluz.
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