Los sindicatos ponen tres condiciones antes de negociar el proceso de funcionarización

En primer término, representantes de ATMJ, Rosa Fernández, y CGT, Antonio Saborido, en rueda de prensa retrospectiva. FOTO: MANU GARCÍA.
En primer término, representantes de ATMJ, Rosa Fernández, y CGT, Antonio Saborido, en rueda de prensa retrospectiva. FOTO: MANU GARCÍA.

CSIF, CGT y ATMJ se levantan de la mesa general de negociación convocada por el gobierno local en la que se pensaba debatir sobre el proceso de funcionarización anunciado por el ejecutivo socialista, que tantas quejas sindicales está provocando. Un comunicado enviado a los medios por estas secciones sindicales asegura que "un informe de gabinete jurídico dictamina que la funcionarización debe negociarse en la Mesa de Laborales", ya que "en caso de no hacerloe estarían viciadas de nulidad todas las decisiones tomadas en la mesa general de negociación".

Los sindicatos aseguran que la mesa general de negociación no es el órgano competente para negociar el tema de la funcionarización y la consolidación de empleo, por lo que proponen constituir la mesa de negociación del personal laboral, "que es la competente según su propio gabinete jurídico", negociar la cláusula de estabilidad y que se convoque la mesa de negociación de los funcionarios para las materias que sean competentes. "No hemos contribuido a la constitución de la mesa por no facilitar la documentación necesaria, demostrando desde su inicio la mala fe negociadora; por no ser la mesa competente; por no tener negociado el calendario que exige el vigente reglamento de la mesa; y en general por ser un desastre la convocatoria que llevaría a la nulidad de todas las actuaciones", sostienen.

La alcaldesa Mamen Sánchez asegura, en declaraciones recogidas por Diario de Jerez, que éste "ha habido un veto a la negociación" y que "muchos de los sindicatos que pedían insistentemente la funcionarización son ahora los que se levantan. No sabemos si hay otra estrategia que late en el fondo". La regidora socialista mantiene que la Ley de Presupuestos de 2017 obliga a tener como máximo el 8% de laborales en plantilla antes de finales de 2018. "Estas son unas convocatorias especiales para consolidar sus puestos de trabajo. Mucho personal lo va a aprovechar, pues no en vano muchos de ellos se presenta todos los años a convocatorias en otras administraciones", reseña.

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