La alcaldesa se debate entre poner fin a la agonía de los empleados municipales despedidos de forma ilegal por el PP o rubricar su vuelta pese a que el Ayuntamiento haya optado por la indemnización, que implica menos coste.

Hay una imagen que Mamen Sánchez tiene grabada en la retina en medio de un arranque de legislatura rodeado de causas judiciales pendientes y exalcaldes y exalcaldesas (3 de 3) entre rejas o bajo la lupa de los magistrados. Cualquiera que siga los plenos in situ se habrá percatado más de una vez que, fuera de micrófonos, los políticos se pican, intercambian impresiones e improperios entre ellos, se cruzan miradas, gestos, guiños... María José García-Pelayo, por ejemplo, es una especialista de este juego sucio en el área. Como esos defensas que clavan el codo en los riñones al delantero cuando no mira el árbitro. En uno de esos lances, alguien en la bancada del PP le hizo un gesto emulando unas manos esposadas y a la actual alcaldesa del PSOE de los ERE de Andalucía se le quedó instalada en el cerebro esa posibilidad, a propósito de la readmisión de los 118 afectados por el ERE municipal improcedente y arbitrario del PP.

Sánchez admite el bloqueo técnico que vive el Ayuntamiento a cuenta de las dichosas firmas. Y una de las cuestiones congeladas por los recelos a firmar nada es precisamente la reincorporación de esos empleados públicos que, en muchos casos, viven ya situaciones desesperadas tres años y medio después de ser despedidos. "La sensación es que no se cierra nada, todo en un bucle de informes jurídicos y económicos", admiten fuentes municipales que conviven en el día a día con el miedo creciente a verse involucrados en cualquier querella o denuncia por un error administrativo involutario. La prevaricación. La palabra maldita en la que parece que todos piensan en los pasillos municipales. "Se miran los documentos por encima, por abajo, de canto... No hay nada que no pase por una fiscalización a conciencia", apuntan otras fuentes del Consistorio. Ante esta situación, la plataforma de afectados por el ERE municipal se ha dividido entre quienes quieren apretar al gobierno del PSOE y entre quienes siguen confiando en la palabra de la alcaldesa de una reincorporación antes del verano. Por medio, otros empleados afectados han llegado a solicitar un dictamen jurídico, rubricado en este caso por el bufete de Juan Pedro Cosano, que garantice que no se incurrirá en responsabilidad penal en caso de certificar la readmisión.

Hay que repasar por qué se llega a esto. A medida que fueron dictándose la improcedencia de las sentencias, el gobierno del PP en aquella recta final del pasado mandato se dedicó a optar por la indemnización antes que por la readmisión. Se alegó que la causa era el ahorro, y efectivamente optar por esa alternativa es más económico para el Ayuntamiento. En cambio, se trataba en efecto de impedir a toda costa la vuelta de estos empleados púbicos a sus puestos de trabajo porque habría sido en la práctica admitir la arbitrariedad y el despojo de expediente de despidos masivos que se montó con dinero público para una empresa de cabecera del PP, la consultora Deloitte. Más de 200.000 euros de gasto para las arcas municipales que han sido algo así como dinero de todos tirado a la basura. A esta maniobra se refiere Mamen Sánchez cuando reitera que Pelayo y el PP "dejaron muy bien amarrado que los trabajadores no pudieran volver a sus puestos en el Ayuntamiento". El dilema para la alcaldesa se mueve en este preciso momento entre dos preguntas: "¿Mantengo un frente abierto que me provoca mucho desgaste por lo que simbolizan los afectados por el primer ERE en la historia de un Ayuntamiento democrático?" o "¿me arriesgo a que alguien mañana pueda aparecer aconsejado por otro alguien y me denuncie por prevaricación? Una querella que llegaría, supuestamente, por haber elegido finalmente la fórmula más gravosa para la Hacienda local a la hora de cumplir con las sentencias de las demandas invididuales de los afectados.

Para su tranquilidad, el dictamen jurídico es concluyente. Con jurisprudencia en la mano, Cosano expone: "Consideramos que la actuación estudiada, y en los términos en que lo ha sido, de ningún modo podría ser constitutiva de infracción penal. Una transacción judicial supone y determina que el Juez de lo Social en este caso, ante de sancionar la transacción llevada a cabo entre las partes, va a cerciorarse de su legalidad, y sólo tras esta certeza la va a sancionar. En consecuencia, una transacción judicial en ningún caso, repetimos, en ningún caso, puede acarrear consecuencias penales para los intervinientes en ella, so pena de considerarse que el juez que la ha aprobado ha incurrido en delito de prevaricación judicial". Son las conclusiones a un documento de 28 folios  que debería dejar dormir a la alcaldesa y, sobre todo, a los ciento y pico de afectados cuyos puestos de trabajo fueron arrebatados injusta y arbitrariamente en el anterior mandato. En la concentración diaria ante el Ayuntamiento, esta misma semana, un grupo de afectados ha mantenido un encuentro informal con el teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, quien incluso ha llegado a aseverar que está dispuesto a firmar él mismo las readmisiones si se cuenta con informes jurídicos favorables. Todo sea por empezar a cerrar frentes abiertos.

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